El empeño de las organizaciones empresariales por situar en el debate público el absentismo laboral ha dado sus frutos. Así, la actual ministra de Seguridad Social, con su rápido encargo de estudio del absentismo laboral a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y su inmediata propuesta de habilitación de un observatorio institucional al respecto, y el Gobierno catalán con su campaña de sensibilización y recompensa económica a los centros de salud que logren reducir los tiempos de baja, son los logros patronales iniciales.

El empresariado va más allá y la patronal catalana acomete su vieja aspiración de que las bajas y altas de las incapacidades temporales sean emitidas por los profesionales médicos de sus mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Pese a que los datos muestran que el supuesto incremento de las bajas se debe fundamentalmente a trastornos mentales comunes (ansiedad, depresión, trastorno adaptativo...) y lesiones músculo-esqueléticas atribuibles en gran medida a una organización del trabajo lesiva y a factores laborales de riesgo ergonómicos, el empresariado en sus propuestas nada dice, ni decide, sobre la necesaria mejora de las condiciones de trabajo y el cuestionamiento de un sistema de prevención de riesgos laborales ineficaz como el actual.

La externalización de la prevención es la norma. Los recientes estudios del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en la comarca de Tafalla y los del Instituto Catalán de Seguridad y Salud en el Trabajo muestran el generalizado desentendimiento del empresariado por los riesgos ergonómicos y psicosociales en las empresas.

El empresariado y sus entidades vicarias achacan en gran medida a las listas de espera del sistema público de salud el origen del incremento del absentismo, pero no mencionan su importante aportación a las mismas. Además de su desidia preventiva, sus mutuas no reconocen el origen laboral y derivan al sistema público de salud la mayoría de las enfermedades profesionales, la mayor parte, musculo-esqueléticas, y multitud de accidentes de trabajo. En cuanto a los daños mentales, y pese a la sólida evidencia científica de su relación con el empleo y el trabajo, el empresariado se niega a que se reconozca legalmente su posible origen laboral.

La materialización del deseo de la patronal de que sean las mutuas las prescriptoras de las bajas y altas de la incapacidad temporal común constituirá un nuevo ataque a los derechos sanitarios de las y los trabajadores y al sistema público de salud.

Los datos de las memorias del Ispln muestran que la evolución sobre el número de solicitudes de alta que realizan las mutuas al sistema público de salud de Navarra ha sido crítica en los últimos 12 años. El número de solicitudes de alta se ha triplicado, pasando de 2.678 en 2012 a 7.951 en 2024. Por el contrario, el porcentaje acordado por la inspección médica con estas propuestas, en base a criterios clínicos o administrativos, se ha reducido en trece ocasiones, situándose en el último año en apenas un 4,5%.

Además de tirar el dinero de la Seguridad Social dado a las mutuas para este supuesto control de las bajas comunes, esta sobredemanda mutual bloquea la inspección médica, obligada a valorar e informar las propuestas realizadas por estas entidades, impidiéndole la realización de sus competencias de control de incapacidad temporal. Algo que debiera preocupar al empresariado si realmente les intranquiliza el aumento del absentismo.

Pero, más allá de los desastrosos efectos señalados de la actividad mutual en el crecimiento de las listas de espera y la parálisis de la inspección médica, la prescripción de bajas y altas por las mutuas tiene otras peligrosas consecuencias. Requeriría el acceso de los profesionales facultativos de las mutuas a la historia clínica de las y los trabajadores, si es que las decisiones de gestión de la incapacidad temporal de estas entidades fueran sustentadas en criterios médicos. Este acceso aumentará la subdeclaración de daños derivados del trabajo, ya que cualquier antecedente clínico ajeno al trabajo será probablemente utilizado para negar el origen laboral del daño actual o para reforzar el sesgo histórico de selección del trabajador sano por parte de los y las empresarias en el momento de la contratación.

La totalidad de las organizaciones profesionales médicas, actuales responsables del Ministerio de Sanidad y organizaciones sindicales de clase e incluso sindicatos sanitarios corporativos se han manifestado contra la propuesta empresarial. Esperemos que el Ministerio de Seguridad Social y el Gobierno catalán o de otros posibles territorios, dejen de actuar al dictado empresarial.