Iñaki Alonso
Responsable de Políticas de Infancia. Save the Children en Euskadi

Abusos sexuales en la infancia: la condena de la invisibilidad

Para cuidar el testimonio de los menores, sus declaraciones deben tomarse lo antes posible, por un profesional cualificado

La fuerza del relato de una víctima de abusos sexuales es brutal, desgarradora, costosa, valiente y debe de irrumpir como una llamada inaplazable a la acción para cualquier sociedad, incluida la vasca. La invisibilización de esta problemática es grande todavía, ya que normalmente se producen en el entorno más cercano al niño o la niña. Además, como sociedad, nos olvidamos, omitimos y ocultamos aquellos hechos que resultan incómodos. Esta incomodidad, a la hora de enfrentarnos a un relato pormenorizado y coherente de abusos sexuales, puede venir dada por nuestra particular tendencia a minusvalorar situaciones o quizá, sin que medie intencionalidad alguna, a no querer creerlo, sencillamente porque muchas veces, simplemente no queremos creer.

Pero la realidad de los abusos sexuales en la infancia cohabita entre nosotros y nosotras. Muchos niños y niñas sufren en silencio esta violencia que limita y determina su desarrollo en el futuro haciéndoles sufrir en el presente. La realidad de los abusos sexuales contra la infancia en diferentes ámbitos de nuestra sociedad es todavía una problemática que no se ha enfrentado mirándola a los ojos. Ninguna sociedad está libre de conductas violentas contra la infancia y toda sociedad está obligada a reaccionar contra ella: previniéndola y atendiendo a los niños y las niñas que la han sufrido. La de los abusos sexuales ocurridos contra niños y niñas, es, de largo, una realidad a la que no hemos querido mirar.

Nuestra realidad diaria continúa ocultando el sufrimiento de quienes viven un episodio abuso sexual en su infancia. Esta semana nos hemos topado con un hecho insoslayable: la celebración de un juicio en Bizkaia sobre un posible caso sucedido en un centro educativo. El detallado y escalofriante relato de la posible víctima (que, por cierto, se podía haber ahorrado si en su momento se hubiera practicado de forma adecuada y con garantías la grabación del testimonio para que no tuviese que repetirlo una y otra vez) supone un recordatorio de todos aquellos elementos que forman parte de las situaciones de abuso sexual en infancia.

En nuestro informe “Ojos que no quieren ver”, publicado el pasado 2017, exponíamos de manera clara los errores que comete la sociedad y las instituciones frente a la violencia sexual que sufren los menores. Por lo tanto, no es descartable que alguno de esos errores se siga cometiendo, incluso en el caso que se empezó a juzgar en Bizkaia por alguna de las siguientes cuestiones que es urgente resolver:

Muy pocos casos de abuso sexual infantil se detectan con rapidez, lo que provoca un sufrimiento continuado en los niños y niñas víctimas y, cuando son detectados, en muchas ocasiones los menores víctimas siguen manteniendo contacto con su agresor.

De los casos que se visibilizan tan solo el 15% son denunciados y de los que entran en el sistema legal el 70% nunca llega a juicio oral –el 90% en Euskadi–.

Como vemos en el caso de Bizkaia, renunciar y llevar el caso a los tribunales tampoco es una garantía de protección para el menor que ha sido víctima de abuso. El proceso judicial dura de media tres años, en los que los niños y niñas tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta. Además del trauma que supone para el niño o niña, declarar en estas condiciones suele llevar a que los testimonios no sean tenidos en cuenta y el caso sea sobreseído, lo que ocurre en siete de cada 10 procesos, provocando que el abusador pueda seguir en contacto con el menor.

Para que un testimonio sea válido no tiene que haber retractación ni interés en mentir y debe haber alguna forma de corroborar la declaración. Estas tres condiciones son complicadas de cumplir en el caso de los niños y niñas víctimas de abusos, que a veces al ver la reacción de los adultos o por no querer enviar al acusado a la cárcel – que suele ser familiar o conocido–, se retractan y, sobre todo, porque es muy complicado que haya testigos del abuso. Si no hay testigos, la responsabilidad de dar credibilidad al niño o a la niña, recae en manos de los psicólogos forenses que muchas veces no usan métodos científicos en el proceso o lo que es más grave su informe no se tiene en cuenta.

Para cuidar el testimonio de los menores, sus declaraciones deben tomarse lo antes posible, por un profesional cualificado y en presencia del juez instructor, el abogado defensor y el fiscal y grabarse como prueba preconstituida, para que su declaración no tenga que repetirse nunca más. De esta forma, evitamos revivir el trauma y cargar sobre sus recuerdos la responsabilidad de probar el delito.

Los abusos sexuales marcan el desarrollo psicológico, social y emocional de los menores. Lo que está en juego a la hora del acercamiento que hagamos a esta problemática tiene que ver en esencia con lo que queremos ser como sociedad. Para que las víctimas puedan romper el silencio individualmente deben de estar seguros de que cuentan con unas instituciones y con una sociedad que rompe el silencio colectivamente. Contar con un marco normativo claro y protector, una ley integral a nivel estatal –y un Plan para Euskadi– que proteja a los niños y niñas de la violencia, unos recursos especializados de calidad para las víctimas, unos profesionales formados en la detección, unos programas de prevención potentes y un sistema judicial adaptado a la infancia víctima supone también sin duda romper el silencio de los abusos sexuales.

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