Hay un momento cada verano en el que la Constitución española parece perder toda su vigencia. Ocurre cuando llegan las fiestas patronales y las instituciones públicas abandonan la neutralidad que les exige la ley para convertirse, una vez más, en parte del ceremonial de la Iglesia católica. 

Sucede en Pamplona durante los Sanfermines. Sucede en decenas de municipios navarros. La corporación municipal, revestida de su condición institucional, asiste oficialmente a la misa de vísperas, encabeza procesiones y participa en ceremonias religiosas como si el Ayuntamiento fuera una prolongación de la parroquia y no la casa común de todos los vecinos. 

No es una cuestión de fe. Es una cuestión de democracia. 

Nadie discute el derecho de los creyentes a celebrar sus tradiciones ni la importancia cultural que muchas de ellas tienen para Navarra. La libertad religiosa merece la máxima protección. Pero precisamente porque existe esa libertad, ninguna institución pública puede identificarse con una confesión concreta. 

La Constitución no deja lugar a dudas. España no tiene religión oficial. La aconfesionalidad del Estado no es un adorno retórico ni una fórmula de compromiso; es un mandato constitucional destinado a garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante las instituciones, crean en un dios, en varios o en ninguno. 

Sin embargo, en cuanto suenan las campanas de las fiestas, ese principio desaparece. Lo que debería ser una opción privada se convierte en representación oficial. Los cargos públicos dejan de actuar como representantes de una ciudadanía plural para aparecer como autoridades de una confesión religiosa determinada. 

Y lo más grave es que ya ni siquiera se intenta justificar desde el punto de vista jurídico. Se recurre a la palabra mágica de siempre: tradición. 

Pero la tradición no está por encima de la Constitución. 

Si aceptáramos ese argumento, seguiríamos legitimando cualquier práctica heredada simplemente porque lleva siglos repitiéndose. La democracia consiste precisamente en revisar las costumbres a la luz de los derechos y de los principios constitucionales, no en convertir la historia en una excusa permanente para incumplir la ley. 

Lo verdaderamente llamativo es el silencio de quienes presumen de constitucionalistas. Los mismos partidos que invocan la Constitución a diario para exigir obediencia institucional guardan un prudente mutismo cuando son ellos quienes vulneran uno de sus principios más claros. La Constitución parece sagrada cuando sirve para combatir al adversario político, pero extraordinariamente flexible cuando cuestiona privilegios religiosos que nadie se atreve a revisar. 

No estamos ante una simple fotografía protocolaria. Estamos ante un privilegio confesional mantenido por las propias administraciones públicas. Un privilegio que transmite un mensaje inequívoco: que existe una religión con acceso preferente a las instituciones, mientras las demás convicciones −incluida la de quienes no profesan ninguna fe− quedan relegadas a un segundo plano. 

Eso no es neutralidad. 

Eso no es igualdad. 

Y eso no es compatible con un Estado verdaderamente democrático. 

Resulta especialmente preocupante que partidos que se proclaman progresistas y defensores del laicismo continúen participando en estos actos institucionales con absoluta normalidad. Unos lo hacen por convicción, otros por cálculo electoral y otros por miedo a enfrentarse a costumbres profundamente arraigadas. El resultado, sin embargo, es exactamente el mismo: la consolidación de un privilegio religioso incompatible con el principio de aconfesionalidad. 

La política exige, a veces, el valor de romper inercias. Gobernar no consiste únicamente en administrar tradiciones; también implica hacer efectivos los principios constitucionales, aunque ello incomode a quienes consideran intocable cualquier costumbre heredada. 

Nadie pretende prohibir procesiones, misas o romerías. Lo que se reclama es algo infinitamente más sencillo: que las autoridades públicas dejen de participar en ellas como instituciones. Que quien desee asistir lo haga como un ciudadano más, sin banda, sin vara de mando, sin escolta institucional y sin representar a quienes no comparten esa fe. 

La religión pertenece a la conciencia. El Ayuntamiento pertenece a todos. 

Mientras las corporaciones municipales sigan entrando oficialmente en los templos, la aconfesionalidad del Estado seguirá siendo una promesa incumplida. Y cada procesión encabezada por autoridades públicas recordará que, casi cincuenta años después de aprobarse la Constitución, todavía hay quienes consideran que algunos privilegios religiosos están por encima del principio de igualdad. 

Un Estado verdaderamente laico no combate la religión. La respeta. Pero precisamente por respeto a todas las creencias y a todas las conciencias, mantiene una frontera nítida entre la fe y el poder público. Esa frontera es la que demasiados responsables políticos siguen empeñados en borrar, año tras año, bajo el cómodo refugio de la tradición. 

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