Dicen que el rescate a la banca española ha concluido, pero no es cierto. Acaba de surgir otra fórmula para volver a ayudar a la banca de manera más sibilina y que va a llevar a «limpiar» millones de euros para no tener que provisionar lo necesario. El pasado viernes, el Gobierno del PP aprobó un decreto-ley que va a suponer otra ayuda de 30.000 millones de euros. Para los banqueros hay dinero y mucho, mientras para la ciudadanía se mantienen los recortes. Con el dinero de la mayoría aumentan los beneficios privados.

La fórmula, en esta ocasión, tiene un nombre más pomposo, algo difícil de entender para el ciudadano de a pie, los llamados “activos fiscales diferidos” (DTA, por sus siglas en inglés). Un recurso que utilizarán para camuflar sus verdaderas pretensiones. Una forma más de ocultar, como una cuestión técnica y farragosa, lo que verdaderamente se esconde detrás, la amenaza de un nuevo rescate público a la banca privada, a costa de la ciudadanía.

¿Qué son los activos fiscales diferidos? Es un concepto que se aplica en todas la empresas y que la propia Norma Internacional de Contabilidad reconoce.

La cuestión es, y ahí reside el problema con la banca, que la normativa internacional contable para el sector exige tener activos de máxima calidad: el denominado capital regulatorio o core capital que está constituido por aquellos fondos con los que las entidades pueden disponer de manera libre e inmediata. Así, por motivo de precaución, se les exige un porcentaje mínimo de ese capital regulatorio para poder atender posibles imprevistos. Pero el truco está en que los activos fiscales no cumplen tales requisitos de calidad. El futuro de cada entidad finaciera a varios años vista es ciencia ficción.

Es ahí donde el Gobierno español ha actuado, permitiendo camuflar esos activos como buenos, cuando no lo son. No nos dicen, por otro lado, a cambio de qué va a permitir la Troika considerar eso activos fiscales como capital de máxima calidad. Alguna de las posibilidades son el aval del Estado, deducciones de otros impuestos, ampliación de los años en que fueran deducibles o cualquier otra cosa, ya que es evidente que desde Europa algo les van a pedir a cambio de este regalo. El problema, por lo tanto, es cómo se hace, porque las salidas adoptadas en otros países supondrían descuadrar más todavía los objetivos de déficit comprometidos por el Gobierno español ante Bruselas. Pues bien, ya han encontrado la fórmula: van a considerar como capital de máxima calidad a los activos fiscales y así el decreto-ley aprobado el pasado viernes camufla la falta de solidez real del sistema financiero español ante las pruebas que deberá pasar en breve la banca.

En conclusión, tenemos un cambio obligado en la normativa bancaria, pero éste implica reconocer pérdidas de capital regulatorio, que conllevaría a su vez añadir nuevas ayudas públicas. Al final lo han conseguido. Han considerado esos activos fiscales como de primera calidad. Con el objetivo de evitar dar publicidad a la mala situación de la banca y su dependencia, aún, del ladrillo y del sector inmobiliario. Lo que lleva a evidenciar un acusado empobrecimiento de los hogares, unido a un modelo financiero especulador.

El pasado mes de julio, un informe del FMI, cuyos inspectores ya han pasado por Madrid para supervisar el rescate bancario de la Troika, estimaba en cerca de 51.000 millones de euros (un 37% de su capital regulatorio) el monto total de activos fiscales diferidos en bancos españoles. De hecho, Bankia y Banco Sabadell son líderes europeos en la materia, donde el 70% y el 60% respectivamente de su capital de máxima calidad resulta ser en realidad en activos fiscales.

Todo esto, no lo olvidemos, procedente en gran medida por la inversiones especulativas en el ladrillo, en la construcción y en el sector inmobiliario. Ayudas a empresas y amigos, entramados como Malaya, terrenos que no valen nada pero que costaron una fortuna, una política especulativa para beneficio de unos pocos… mientras continúan desahuciando a familias de sus viviendas, mientras para ellos los beneficios y regularizaciones a costa de la mayoría continúan.
Teniendo en cuenta esa nueva «trampa» estamos obligados a reflexionar sobre la situación de los DAT en Euskal Herria. Las cantidades que podemos encontrar de Kutxabank sobre esos activos fiscales diferidos en sus balances consolidados, de los primeros seis meses de este año de 2013 llegan a la espectacular cifra de 1.961 millones sobre un patrimonio neto de 4.782 millones. Es decir, los activos fiscales de Kutxabank son un 44 % de su patrimonio. Una trampa de la que todavía no sabemos cuántos de esos millones se deberán regularizar y mucho menos a qué corresponden realmente.

Por eso mismo es necesario que los dirigentes de Kutxabank y quienes controlan su Consejo de Administración (PNV-PP-PSOE), rindan cuentas ante la sociedad vasca, expliquen de forma detallada todas esas operaciones oscuras, ocultas durante tanto tiempo, que han servido para mantener a sus directivos en unos parámetros salariales insultantes y, por otro, dedicar calderilla a la Obra Social hasta llegar a su pretensión de liquidarlas y dejarlas en manos privadas. Una exigencia para que lo hagan de forma transparente y no al estilo propagandístico al que nos tienen acostumbrados.

Porque tiene la pinta que este nuevo «rescate» quieren que lo paguemos, una vez más, todos los ciudadanos. No debemos permitirlo. Los acuerdos entre el Gobierno, el PP, los banqueros y, cómo no, el PNV para salvar sus intereses partidistas, están permitiendo que seamos la ciudadanía quienes terminemos pagando la nefasta gestión de unos banqueros/políticos/especuladores que no dudan en cometer un nuevo fraude.