El pasado 22 de agosto un grupo de miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), dispararon, saquearon y quemaron dos bodegas de café de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ubicadas en el poblado de Cuxuljá, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista de Lucio Cabañas (municipio oficial de Ocosingo). Esta agresión forma parte de un conflicto que lleva más de dos décadas gestándose, en el que la ORCAO exige que se le den la mitad de las tierras de un predio recuperado mediante lucha y organización del EZLN, en el que siembran, de manera colectiva, maíz, frijol y café.

Para entender la situación hay que remontarse al primero de enero de 1994, cuando miles de combatientes del EZLN recuperaron tierras acaparadas por los finqueros, pertenecientes a las familias de la oligarquía chiapaneca, que concentraban la mayor parte de las tierras fértiles del estado. Los mejores terrenos de los valles –aprovechables para la ganadería y la siembra de café– fueron arrebatados a los pueblos indígenas durante el proceso de conquista española desde que Hernán Cortés llegó a México en 1519, y los habitantes originarios de esos lares fueron expulsados a las montañas o utilizados como mano de obra en las fincas en condiciones de semiesclavitud. No fueron sino las condiciones de explotación y precariedad las que detonaron el levantamiento armado indígena de las comunidades zapatistas, en el que se hicieron de tierras para poder construir una vida digna.

A día de hoy, Chiapas sigue viviendo un choque de formas de entender el mundo y de proyectos de vida. Por un lado, son numerosas las iniciativas de gestión colectiva de la cotidianeidad, herencia de la organización indígena ancestral. En tierras administradas y trabajadas comunitariamente, los ámbitos de la vida diaria ‒como la educación, la salud, la producción, etc.‒ se administran en colectivo y en convivencia respetuosa con el medio ambiente. Eso significa que estas comunidades se oponen a los megaproyectos, al extractivismo y a la priorización de los intereses capitalistas por encima de una vida que merezca ser vivida. Por otro lado, la inserción del capitalismo logró penetrar en muchas comunidades, las cuales fueron seducidas mediante subsidios gubernamentales para pasar de una economía de subsistencia y una gestión comunitaria a anteponer el enriquecimiento individual, acabando con el tejido social que ahí existía.

El gobierno mexicano lleva más de dos décadas intentando erradicar los grupos autónomos que se oponen a los estragos del capitalismo, mediante acciones de contrainsurgencia ‒ya sea a través de programas sociales de cooptación o de grupos de choque y paramilitares que amedrentan a la población‒. El conflicto en Cuxuljá no es sino uno de los muchos ejemplos. Mientras que el EZLN lucha por preservar su gestión comunitaria del territorio, con respeto hacia la Madre Tierra y los bienes comunes, la Orcao –con la mano del gobierno atrás– busca la privatización y el reparto individual de las tierras para su explotación comercial. Mediante agresiones reiteradas, la Orcao ha desplazado a bases de apoyo del EZLN de su territorio, ha talado hectáreas enteras de bosque para la venta de madera y ha explotado una cantera de piedra.

Este ataque no es un episodio aislado sino que se enmarca en un periodo de intensificación de la guerra de desgaste integral en Chiapas. Varias son las comunidades con proyectos de autonomía que están siendo objeto de la violencia estatal, paraestatal y de grupos del crimen organizado. Entre ellas destaca Aldama, en la región de Los Altos, donde desde hace más de dos años reciben balazos por parte de un grupo armado y sin atención adecuada por parte del gobierno. A día de hoy hay más de 2.000 personas desplazadas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares para salvaguardar sus vidas.

Asimismo, hay que mencionar el hostigamiento hacia el ejido Tila, quienes en 2015 recuperaron las tierras de su propiedad, ilegalmente ocupadas por un ayuntamiento que les fue impuesto. En la misma línea, recordar que en febrero varios miembros del Congreso Nacional Indígena fueron violentados y secuestrados por integrantes de la Orcao, Los Chinchulines y del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Esta agresión fue la consecuencia por haber participado en unas jornadas solidarias contra los megaproyectos y en rechazo al asesinato de Samir Flores –defensor medioambiental del estado de Morelos, también miembro del CNI–. Tampoco hay que olvidar a Acteal, comunidad organizada donde en 1997 tuvo lugar una masacre en la que un grupo paramilitar asesinó a 45 personas. Tras más de 20 años de este terrible episodio, el gobierno sigue sin reconocer su participación en la autoría intelectual de los hechos.

Ataques paramilitares como los expuestos contra las iniciativas autonómicas son una constante en Chiapas. A pesar de lo que pudiera parecer a simple vista, no son producto de pugnas intercomunitarias sino que son el resultado de una estrategia de fabricación de conflictos internos por parte del Estado. Desde el levantamiento de 1994, los gobiernos en turno han apoyado económicamente, con cobertura política y con impunidad policial a grupos paramilitares y de choque para debilitar al zapatismo y a las demás organizaciones anticapitalistas. En un país donde supuestamente se gobierna en democracia, los proyectos alternativos al sistema deberían gozar de espacio para existir, en lugar de ser perseguidos y reiteradamente reprimidos.