Las novelas que han recreado y han hecho conocida internacionalmente la capital política de Euskadi, a pesar de mencionarlo, no han conseguido reflejar el significado de un céntrico lugar de la ciudad que muestra, de una manera reveladora, las estructuras del poder político en Hego Euskal Herria. La calle que está dedicada al arquitecto alavés Juan Antonio de Olaguibel Quintana, acoge, en el comienzo de la misma, la actual sede de la Subdelegación del Gobierno –anteriormente sede del Gobernador Civil-, seguida por la sede de la Hacienda Pública, la Comisaría de policía y el edificio de la antigua sede del Palacio de Justica, por cuyos jugados pasaban los acusados, antes de que las competencias de la administración de justicia fuesen transferidas al Gobierno Vasco. Justo al comienzo de la calle, colindante con los arcos de acceso a la Plaza Nueva, estaba el antiguo edificio que albergaba la sede del Banco de España, actualmente sede del Centro Memorial de las víctimas del terrorismo.

En tan reducido espacio no se puede concentrar tanta expresión simbólica del poder central. En menos de doscientos metros nos encontramos con la administración central de justicia, con los vigilantes del orden establecido, los gestores fundamentales de los intereses económicos en el reino, expresada en forma de impuestos, y la vigilante atención de los poderes centrales de los movimientos de los ciudadanos o de instituciones menos centralizadas y de segundo orden.

En su día la calle Olaguibel no era una calle especialmente frecuentada, contrastando con las bulliciosas calles que, subiendo la calle de Los Fueros, constituyen el antiguo casco de la ciudad de Gasteiz, donde se agolpaban y se agolpan los ciudadanos gasteiztarras para compartir con sus amigos los momentos de asueto, liberados de sus actividades laborales y estudiantiles. Tal vez lo que representaba esa parte de la calle en cuestión, en tanto que símbolo del poder central del estado, desaconsejaba circular por ella. No en vano desde esta zona partían algunas de las unidades policiales de todos los colores –grises, marrones, azules, verdes o negros– para reprimir las manifestaciones legítimamente convocadas por los ciudadanos, o para amedrentar a quienes en las calles adyacentes disfrutaban de su tiempo libre.

Justo enfrente del edificio de la Subdelegación está la sede del PP. Como si de una metáfora se tratase, los conservadores y unionistas españoles miran al horizonte de la realidad política desde la centralidad del gobierno español, desde la centralidad y desde la unidad, grandeza e indisolubilidad patria. Además, al tener a mano izquierda la ahora sede del Centro Memorial de las víctimas del terrorismo, entre las que no se incluyen, como no podía ser menos, las que corresponden al terrorismo de estado o las causadas por las fuerzas represivas del mismo, así como los centenares y miles de torturados y represaliados antes, durante y después del franquismo, los populistas populares pueden verse reforzados en esa memoria selectiva desde la que quieren escribir la historia.

Lamentablemente los imponderables de la historia juegan malas pasadas, y el destino ha querido que ciento cincuenta pasos más allá de la Subdelegación del Gobierno, coronando el edificio de la sede del Palacio de Justicia, uno de los símbolos más conocidos del franquismo –de considerables dimensiones– sea expuesto de una forma obscena. En la torre que corona el hoy abandonado Palacio de Justicia es perceptible, desde diferentes puntos y a gran distancia, el escudo del franquismo con su cartel de «Una, grande y libre», el águila imperial, las torres de Hércules, con el lema «Plus Ultra», el yugo y las flechas de Falange, los símbolos del Requeté y demás ignominiosos signos del régimen totalitario. Justo enfrente de este edificio, en el que se sigue rindiendo culto a un pasado tan atroz, estaba una de las sedes del clausurado diario Egin –por mandato de ese defensor de los derechos fundamentales y ahora defenestrado juez, Baltasar Garzón–, que continúa con el precinto de cierre de la policía nacional.

Las conclusiones resultan cuando menos evidentes. La cercanía que los populares tienen con el poder central y con la memoria de una parte de las víctimas de la violencia –simbolizado por el edificio del Centro Memorial– contrasta con la lejanía que estos mismos políticos tienen para con la memoria debida a todas las víctimas de las otras formas de violencia, cuyo origen está, en todos estos casos, en la intolerancia de un estado en el que primaba –y sigue primando– el lema que reza en la cartela del escudo del franquismo, y que perdura a lo largo del tiempo en el estatal edificio. La memoria, tal y como nos señalan los psicólogos, es selectiva. Y la memoria histórica es doblemente selectiva. Los que ocupan la sede del PP quieren mantener vívidos los recuerdos de tan sólo unas víctimas de la violencia, mientras activan la desmemoria de todas aquellas víctimas que fueron causadas por las múltiples violencias que desde el estado y en nombre de la grandeza y de la unidad de España se produjeron durante el franquismo y durante la denominada Transición democrática. Y todo ello, en este caso, viene perfectamente representado por la lejanía con la que contemplan la existencia de los visibles símbolos del franquismo y de la vulneración de los derechos fundamentales, cual es el de la libertad de expresión, cercenada con el cierre del diario “Egin”. Es comprensible, puesto que en el origen de ese partido estaban presentes al menos siete exministros del franquismo.

No son pocos los políticos de todos los colores que peregrinan al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo para recordar lo que supusieron las actividades armadas de ETA. Incluso los hay que en las diferentes campañas electorales organizan actos propagandísticos en la Plaza de la Memoria, acondicionada para reforzar los contenidos presentes en el Edificio. Se olvidan de que a pocos metros de esta construcción, en otro edificio de similar estilo arquitectónico, continúan siendo ofendidas las innumerables víctimas de las otras violencias, al tener que contemplar los símbolos de un régimen totalitario que perduró durante un gran número de años, y hasta cierto punto aún perdura, sin que ninguno de todos estos políticos peregrinen para protestar por la presencia de esos ofensivos símbolos. El espacio y su ocupación nos dan cuenta de la falta de escrúpulos de todos aquellos que sustentan la memoria de unas víctimas –para su reconocimiento, justicia y reparación– en la desmemoria de otras víctimas y, en consecuencia, en la negación del reconocimiento, de la justicia y la reparación de éstas.

La Comisaría de Policía y el antiguo Palacio de Justicia están siendo vaciados, remodelados y reacondicionados en su parte interior. La cuestión que todavía no ha sido resuelta es si se mantendrá la estructura exterior del mismo, incluido ese símbolo de la barbarie, para mayor vergüenza de los representantes del poder central y sus delegaciones, porque con ello estarían incumpliendo la nueva Ley de Memoria Democrática, después de haber incumplido la tímida ley de Memoria Histórica. Una simple placa recordando lo que representó el franquismo, como la que colocó el ayuntamiento de Gasteiz en el año 2018 –¡vaya usted a saber dónde!–, no aplaca el malestar que afecta a las víctimas de la represión franquista y de la Transición, ni tampoco a todos aquellos ciudadanos que cuentan con un mínimo de sensibilidad hacia ellas.