Ante el desafío de la emergencia climática, cada vez más gobiernos de ámbito estatal, autonómico o municipal están apostando por la deliberación ciudadana a través de asambleas y otros ejercicios de organización democrática. En Europa, distintos países, entre ellos Francia, Reino Unido, Irlanda, Escocia, Alemania o Dinamarca han puesto en marcha mecanismos de deliberación para asegurar que la transición ecológica se haga en clave de justicia social.

En el caso del Estado español, la Asamblea Ciudadana para el Clima es una experiencia de democracia deliberativa que ampara la Ley de Cambio Climático de 2021, y cuyo mandato, iniciado en diciembre del 2021 y concluido un año después, consistió en elaborar recomendaciones para «lograr una sociedad más justa y segura frente al cambio climático». Compuesta por cien personas seleccionadas al azar para representar a la sociedad, y tras varias sesiones de trabajo, asesoradas por personas expertas, desarrollaron un documento final con 172 recomendaciones que se presentó al Congreso de los Diputados.

Además de la Asamblea Ciudadana para el Clima a nivel estatal, se han llevado a cabo otras asambleas a diferentes escalas, como son las de Illes Balears, la de Gipuzkoa y la de Navarra.

Una asamblea ciudadana climática es un ejercicio de democracia deliberativa que permite escuchar la opinión formada sobre la emergencia climática de una muestra representativa de la ciudadanía que encarna el conjunto de intereses existente en la sociedad, con el objetivo de emitir recomendaciones y/o propuestas de política pública al Gobierno, al Parlamento y a la sociedad en general.

La OCDE, en colaboración con un grupo internacional de importantes profesionales de la administración pública, la sociedad civil y la universidad, ha publicado los criterios de mejores prácticas en los procesos deliberativos de toma de decisiones públicas, algunos de los cuales son:

1. Mandato: la tarea debería definirse claramente como una cuestión vinculada a un problema público.
 
2. Rendición de cuentas: la autoridad encargada debería comprometerse públicamente a dar respuesta a las recomendaciones o a actuar en consecuencia en el momento oportuno.

3. Representatividad: los participantes deberían ser un microcosmos del público en general; esto puede lograrse mediante un muestreo aleatorio a partir del cual se realice una selección representativa para garantizar que el grupo coincida con el perfil demográfico de la comunidad.

4. Inclusión: debería trabajarse para garantizar la inclusión, por ejemplo, mediante la remuneración, la cobertura de los gastos y/o la prestación o pago del cuidado de niños o personas mayores.

5. Aprendizaje y conocimiento: Los participantes deberían tener acceso a una amplia gama de evidencias y conocimientos expertos precisos, pertinentes y accesibles.

6. Reflexión y deliberación: La deliberación grupal implica buscar puntos en común, para lo cual se requiere escuchar, ponderar y considerar múltiples perspectivas de manera atenta y activa.

7. Gobernanza: Para velar por la integridad del proceso, su dirección debería estar a cargo de un equipo de coordinación independiente.

En lo que respecta a Navarra, la Asamblea Ciudadana del Clima se ha desarrollado desde febrero hasta mediados de junio del presente año y su constitución es un compromiso recogido en la Ley Foral de 2022 de Cambio Climático.

La Asamblea Ciudadana del Clima de Navarra, en la que formé parte del Grupo de Personas Expertas (GPE), no cumplió algunas de las características propugnadas por diversos organismos internacionales, aunque en otras sí. Así, por ejemplo, no se contempló que sus decisiones fueran vinculantes, a partir de lograr un nivel de consenso cualificado, tal y como reclamaron las organizaciones ecologistas, y las 30 personas participantes −en un inicio iban a ser 50− que finalmente representaron la diversidad del territorio en cuanto a edad, género, nivel de estudios o lugar de residencia, no fueron escogidas mediante un sorteo cívico aleatorio de ciudadanos y ciudadanas, un requisito fundamental para este tipo de procesos deliberativos.

La asamblea, a partir de la pregunta «¿qué debemos hacer en Navarra ante el cambio climático de manera efectiva y socialmente justa?», y a lo largo de once sesiones, desarrolló propuestas que tienen en cuenta el cambio climático en áreas como la ordenación territorial, la agricultura y ganadería, el consumo, la movilidad, la energía, la biodiversidad y ecosistemas, la responsabilidad empresarial, etc., que concluyeron con la aprobación por votación de 106 propuestas. El próximo día 16 de diciembre, la Asamblea Ciudadana del Clima presentará ante el Parlamento de Navarra el informe de recomendaciones, y a partir de ahí serán las administraciones quiénes decidan si se aplican o no.

De estas 106 propuestas, se priorizaron quince, en orden a su importancia y prioridad, que van desde la reducción del uso de energía, materiales y consumo además de impulsar «políticas de decrecimiento», hasta la renaturalización y restauración ecológica de espacios degradados, aplicación de una fiscalidad ambiental efectiva mediante impuestos y otras medidas que desincentivan la contaminación y promueven prácticas sostenibles, regulación de explotaciones y macrogranjas, incremento del presupuesto y personal para medio ambiente y biodiversidad...

Ante el cambio climático, es más necesario que nunca establecer herramientas de participación democrática reales de forma estable, representativas de la diversidad social y con capacidad vinculante. Un espacio institucionalizado donde ciudadanía, actores sociales y comunidad científica diseñen, supervisen y controlen cuestiones tan relevantes como la reducción de emisiones o las políticas de adaptación.