En los últimos años, se ha extendido la idea de que el Concierto vasco y el Convenio navarro son expresiones del «derecho histórico» de nuestros pueblos, instrumentos de autogobierno y fiscalidad propia que habría que defender frente a los ataques del centralismo. Esta visión, hoy casi hegemónica en el espectro político foralista, oculta, sin embargo, un hecho esencial: ni el Concierto ni el Convenio nacen de la soberanía, sino de la ocupación. Son el resultado directo de la disolución forzada del Reino de Navarra en 1841, tras la primera guerra carlista, cuando Madrid impone la llamada «Ley Paccionada» y con ella liquida la Hacienda propia del Estado navarro.

Lejos de ser un pacto entre iguales, el Convenio fue −y sigue siendo− una fórmula de desactivación política del independentismo foral, un modo de gestionar el sometimiento a través de la obediencia fiscal. A cambio de recaudar aquí los impuestos, se establece una aportación anual al Estado: el llamado «Cupo», cuyo cálculo y destino son en sí mismos una negación de cualquier autogobierno real.

El cupo económico y el concierto económico pueden entenderse como una forma de impuesto de conquista, un recuerdo constante de que nuestra tierra (herria), Nabarra, sigue bajo la presencia y control de poderes externos, tanto españoles como franceses. España, lejos de desvincularse, mantiene en nuestro territorio fuerzas como el Ejército y la Guardia Civil, cuyo sostenimiento se financia en gran parte con los recursos que nuestra propia comunidad aporta a través de estos mecanismos fiscales. Resulta paradójico que, en este contexto, se nos presente el Convenio y el Concierto como meros «privilegios», cuando en realidad son instrumentos que reflejan una relación histórica de subordinación y control sobre nuestra capacidad económica y política.

Según los datos económicos actuales, el dinero que anualmente sale de nuestras tierras hacia las arcas españolas es significativo. Solo de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) salen alrededor de 4.200 millones de euros cada año, mientras que desde la Comunidad Foral de Navarra −la Alta Navarra, es decir, la parte del Reino de Nabarra actualmente bajo administración española− la cifra ronda los 750 millones de euros. A estos hay que sumar aproximadamente:

350 millones provenientes de La Rioja.

650 millones de Aragón.

Cerca de 200 millones desde Cantabria y las zonas orientales de Burgos que históricamente dependieron del Reino de Pamplona, más tarde llamado de Nabarra.

En total, estas regiones aportan anualmente más de 6.000 millones de euros al Estado español.

Pero la cuestión no termina ahí. Diversos análisis, como el elaborado por sindicalistas vascos, muestran que una parte sustancial de estos fondos es canalizada hacia instituciones que sostienen el dominio y la ocupación en nuestros territorios: la Casa Real, el Ejército español, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Solo en defensa y seguridad, la suma se eleva a cientos de millones cada año, que desde nuestra tierra financian la maquinaria estatal que vigila, reprime y sujeta.

Defender el Convenio o el Concierto como una forma de autogobierno en este contexto no solo es ingenuo: es aceptar como nuestro un instrumento diseñado para administrar nuestra dependencia. Es defender el derecho a pagar por no ser libres. La clave no está en negociar mejor las condiciones del grillete, sino en recuperar el derecho a caminar sin él.

Algunas voces, con buena intención, reclaman que se preserve el carácter político del Concierto frente a quienes quieren tecnificarlo. Pero esta defensa parte de una premisa equivocada: el problema no es que lo vacíen de contenido político, sino que nunca fue una expresión de soberanía, sino de desposesión. El derecho a decidir que hoy muchos invocan no puede articularse sobre estructuras impuestas tras una conquista, ni en fórmulas fiscalmente coloniales. La hacienda navarra no se recuperará mejorando el Convenio, sino aboliéndolo y reconstruyéndola desde la raíz: como lo que fue, la estructura fiscal de un Estado libre.

El verdadero debate no es si el índice de imputación debe subir o bajar. La verdadera pregunta es: ¿Por qué seguimos pagando para mantener a las fuerzas de ocupación? ¿No son autosuficientes que encima les tengamos que financiar la ocupación?


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