Hace ya algún tiempo y en una hermosa plaza de mi barrio donostiarra, el –para mí– mejor tenor lírico conocido, nacido canario, concedió dos «bis», algo que en la ópera es poco común, un auténtico regalo. Nunca agradeceré bastante a los promotores el haber disfrutado tanto de aquella noche veraniega, mágica para un adolescente, ya lejana en el tiempo.

Entendería la extrañeza que en algunos pudiera producir el párrafo, pero, desde un sentido metafórico, su inclusión es perfecta, porque, si en la ópera los «bis» son poco comunes y espléndidos regalos, en política son más frecuentes, y tienen diferentes connotaciones, pocas deseables.

Una vez «pisada» la arena política, quiero traer en el tiempo una época no tan lejana que debiera sonrojar a más de uno. Son muchas las décadas transcurridas, pero espero que ustedes, como yo, recuerden aquello tan manido de, «cualquier proyecto político puede defenderse en igualdad de condiciones por vías democráticas».

No es necesario citar a quienes hoy niegan y entorpecen lo que hace cuarenta años públicamente defendían. Lo hacen con el mayor cinismo y naturalidad, unos desde sus descafeinadas siglas, otros buscando acomodo que les permita subsistir sin excesivo sonrojo, tratando de ocultar su decrepitud política.

Con la cabeza menos poblada y los ojos cansados, indignados al observar, cómo hoy son válidos –para algunos– los criterios que durante décadas eran propios del adversario, cuarenta años después, nos encontramos ante una situación que presenta importantes «variantes».

Hoy como entonces, los que viven en la equidistancia política se frotan las manos. Con la inestimable (quizá pactada) colaboración del Gobierno español, una vez más sitúan a la sociedad entre dos radicalismos; la derecha rancia y diseminada, que pretende liderar el señor Iturgaiz, que busca retroceder a 1975 y el llamado nacionalismo radical, que, a pesar de sus errores, continúa aproximándose a lo que los «equidistantes» tienen postergado desde hace cuatro décadas.

También los hay quienes, tratando de ganar tiempo al tiempo, están obligados a rectificar, intentando actualizar su discurso, buscando evitar caer en ese espantoso final colectivo, que no es otro que el precio a pagar por el largo amancebamiento político.

El tiempo transcurrido y quizá debido a la inercia que nos conduce a aceptar como lógico, natural y cierto, todo aquello que por principio debiera ser analizado, medido y cuestionado, hace que nos encontremos ante una sociedad vasca mediatizada, acostumbrada a dar por bueno casi todo lo que no le perjudica directa o personalmente. Este posicionamiento es el que, hasta hoy ha posibilitado un «bis» y otro y otro.

Lo cierto es que, para creerse auténticos e imprescindibles, los acontecimientos vividos se han construido como una puesta en escena. Los han tenido que representar, actuar en una ficción que se ha ido «normalizando» como realidad. Pero el tiempo nos pone a todos donde corresponde, por eso, fuera de ese espacio teatral, su proyecto se ha convertido en una ficción, en un estéril y costoso, muy costoso, ejercicio vacío de razón.

No hay otro camino posible, hay que «oxigenar» el ejercicio de la política. Todos deben aceptar la existencia de diferentes, incluso antagónicas razones, sobre la reforma de los estatutos y la Constitución. En el ser del debate, lo políticamente correcto reside en establecer si lo que pretendemos es desarrollar un proceso más o menos profundo de actualización de la Constitución, o por el contrario el objetivo es maquillar el régimen.

Lo deseable y democrático es una situación en que se presente a la sociedad claramente lo que se pretende, respetando su derecho a conocer todos los proyectos, el texto real, no las soflamas mitineras.

Porque, nadie en el Estado español puede negar que hay naciones separadas en distintos Estados y cuya unificación resulta verdaderamente compleja. No somos los vascos los únicos que sufrimos esta anómala e injusta situación, existen otras naciones sin Estado como Catalunya y Galiza.

El presumible éxito no es tan utópico como pudiera parecer. No es necesario remontarse excesivamente en el tiempo, existen claras realidades que sirven de ejemplo. El 24 de mayo de 1993 Eritrea consiguió su independencia mediante consulta popular, logrando, por tanto, modificar sus fronteras, dibujar un mapa nuevo.

Los «equidistantes» que a pesar de haber gestionado muchos «bis», hoy se lamentan del comportamiento del gobierno español, cuando quienes negociaron el Estatuto, conocían que la Constitución española en su art. 150.3, faculta al Estado a «dictar leyes de armonización de las autonomías», que pueden afectar y afectan, a materias de competencia autonómica.

Se han olvidado –no sé por qué– pero este camino no es nuevo ni exclusivo del gobierno de Pedro Sánchez. Desde su creación y arranque hasta 1.983, de treinta y seis leyes aprobadas por el Parlamento de Gasteiz, once normas fueron declaradas inconstitucionales. No es pues, una fruta desconocida.

El problema, el verdadero problema a resolver –en teoría– es políticamente común; el logro del estado vasco. Sin embargo, los medios que se utilizan para lograrlo expresan dos conceptos enfrentados.

Mientras los seguidores de Xabier Arzalluz anhelan alejar la meta, prolongando así la carrera, pero manteniendo su gestión, la izquierda abertzale continúa acumulando los medios necesarios que le llevarán a la meta.

Esto me recuerda lo que decía un famoso sacerdote que se enfrentó al Vaticano: «Cada uno canta la misa como le place».

Hasta aquí hemos llegado y aunque el «barro» generado no permite caminar ligero, la aproximación al objetivo es real. Hay consciencia de la posibilidad objetiva de un relevo. Un relevo tan esperado como necesario.

De aquellos frutos que colgaban bajo, ya no quedan, se acabaron los regalos.