Acabamos de terminar el año 2019 y la Plataforma ha escrito su carta de deseos en materia de vivienda a los reyes magos Arriola, Jauregi y Yoldi, que expondremos a continuación, pero antes queremos destacar los aspectos más importantes que nos ha deparado este 2019 en Euskadi en materia de vivienda

Los reyes magos de la Consejería de Vivienda han traído y pretenden seguir trayendo «oro» para los propietarios de viviendas deshabitadas que incumplen su función social, ya que llevan camino de los 5 años desde la aprobación de la Ley de Vivienda Vasca para implantar el canon a estas viviendas, y en este tiempo han subido a 600 euros lo que se ofrece a los propietarios que las entreguen a Bizigune y pretenden movilizar las más de 20.000 viviendas gestionables a través de incentivos fiscales. Solo les falta para demostrar sus intenciones que el Proyecto de Decreto del Canon diga que debe esperarse 2 años desde la aprobación del mismo para la declaración de vivienda deshabitada, a efectos de producirse los efectos que prevé la Ley.

Sería el disparo de gracia para la propia Ley por parte precisamente de quien la impulsó.

Y es que el «incienso» en forma de humo que ha vendido la Consejería ha sido para los más de 55.000 demandantes de vivienda protegida en alquiler, que ven como los presupuestos en materia de vivienda apenas varían al alza, mientras se sigue incentivando fiscalmente la compraventa de viviendas con más del doble que todo el presupuesto de Vivienda en su conjunto. En este aspecto apoyamos a la Consejería que en junio de 2019 se pronunció públicamente para reorientar estas deducciones fiscales del IRPF, no solo porque es la única CCAA que los mantiene, sino por coherencia con la política de vivienda y por vergüenza de que sigamos incentivando con dinero público a los que más tienen, que como sabemos hoy día, son los que pueden acceder a un préstamo hipotecario, por el endurecimiento de los requisitos económicos exigidos por los bancos para concederlos.

Por otro lado, este año entra en vigor la Disposición de la Ley de Vivienda que obliga a la Consejería a destinar el 100% de sus recursos hacia el alquiler social y relacionado con esto, veremos si la Consejería acepta el ofrecimiento de los promotores inmobiliarios de promover alquileres protegidos pero con protección limitada a cierto número de años, ya que esta Consejería tiene encima de su mesa el peligro de que unas 700 familias de promociones de este tipo (que nosotros hayamos localizado ya que la Consejería no informa con claridad del número concreto de promociones de este tipo en Euskadi a pesar de que les hemos preguntado dos veces en el Parlamento) pueden ser desahuciadas en unos pocos años, como la de Benta Berri, actualmente en manos del fondo buitre Blackstone, que cuando termine la protección podrá establecer el alquiler que quiera o incluso venderlas echando a sus inquilinos actuales como en el caso que todos conocemos de Madrid.

Otro hecho importante de este 2019 ha sido la publicación de la EMA (Estadística del Mercado del alquiler) basada en datos reales de los alquileres registrados en el registro y el depósito de fianzas creado por la Ley de Vivienda. Aquí reproduciremos el titular de un medio que en octubre de 2019 decía lo siguiente: «El alquiler medio en Euskadi es de 650 euros frente a los 1.028 que propone el sector», titular significativo que viene a indicarnos lo que pasa cuando dejamos que sean los especuladores que viven de la vivienda como negocio los que manejaban el mercado ya que sus datos eran los que manejábamos como indicadores de este mercado. Esto provocaba que los propietarios particulares de viviendas alquiladas, al renovar los contratos a los inquilinos, tomasen como referencia estos datos inflados por las inmobiliarias y subieran los alquileres desproporcionádamente, no renovando los contratos a los inquilinos y desahuciándolos. Por este motivo precisamente debemos actuar en el mercado y limitar los precios como hacen sin problema otras ciudades europeas como Viena.

Más «incienso» es para los beneficiarios del «supuesto» derecho subjetivo que actualmente se está aplicando, que por una parte, les dicen que estaban en una lista preferente de adjudicación para ahora decirles que el 40% de las viviendas se adjudicarán a menores de 35 años que ni siquiera son beneficiarios del derecho subjetivo y que a ellos solo se destinarán 4 de cada 10 viviendas. Por otra parte, también sufren una discriminación respecto a los que tienen adjudicada una vivienda protegida en alquiler o los que les adjudican por Bizigune, ya que estos pagan el 30% de sus ingresos y a los beneficiarios del derecho subjetivo en forma de PEV que viven en alquileres libres, se les da 250 euros sin tener en cuenta ni los ingresos que tienen ni los miembros de la unidad familiar ni el alquiler que pagan en el mercado libre. Muchas de estas familias deben dedicar en el mercado libre más caro de España mucho más del 30% de sus ingresos, siendo igual de beneficiarios del derecho subjetivo que los que obtienen una vivienda. Un nuevo fraude a la ciudadanía ante el que nadie responde.

Para terminar el año, vemos que la Consejería, en vez de trabajar por desarrollar adecuadamente y conforme a su espíritu la Ley de Vivienda para que los que menos recursos tienen puedan acceder a una vivienda protegida, vemos que en el reciente Decreto de Colaboración Financiera aprobado en diciembre, en vez de esto, niega el acceso a las viviendas protegidas de régimen especial a los ingresos más bajos y suben los ya de por sí altos límites superiores de ingresos de 39.000 euros para acceder a ciertas viviendas protegidas en compra y alquiler. Este injustificable e innecesario cambio normativo una vez más nos hace preguntarnos si las viviendas protegidas, construidas o subvencionadas con dinero público, acaban en manos de quién realmente las necesita. Creemos que con ingresos cercanos a los 39.000 euros se puede acceder perfectamente al mercado libre, teniendo en cuenta que la media de ingresos de los más de 55.000 inscritos como demandantes de alquiler apenas superan los 12.000 euros.

En resumen, los actos llevados a cabo por la Consejería en 2019 no nos llevan a pensar que su política esté destinada a cumplir con el fin social de la vivienda y por eso pedimos en nuestra carta a los reyes magos Arriola, Jauregi y Yoldi tres cosas que consideramos urgentes e imprescindibles para este 2020:

- Más presupuesto para Vivienda o por lo menos, que se cumpla la Ley de Vivienda y que los 300 millones de deducciones fiscales para la compra se dediquen íntegramente a promover vivienda protegida en alquiler. Si con 50 millones han comprado en diciembre 506 viviendas para el alquiler, más que la que habían construido en varios años, con 300 millones más para esto se pueden construir varios miles de viviendas.

- Que se apruebe lo antes posible el Decreto sobre el Canon y que la declaración de vivienda deshabitada se compruebe sobre las que actualmente llevan más de dos años sin habitarse de forma injustificada y que no haya que esperar dos años desde la aprobación del decreto para esta declaración. Hay que movilizar de forma urgente las más de 20.000 viviendas deshabitadas gestionables actualmente y no solo dar incentivos a los que incumplen su función social.

- Que los beneficiarios del derecho subjetivo en forma de PEV que tienen alquileres de mercado libre destinen como máximo el 30% de sus ingresos o incluso menos, teniendo en cuenta los miembros que son, los ingresos que tienen y las rentas que pagan en el mercado libre.

No tenemos muchas esperanzas de que cumplan nuestros deseos porque lo que están haciendo hasta ahora con la Ley de Vivienda y el espíritu con el que se aprobó es cumplir el dicho «quien hizo la ley, hizo la trampa». Esperamos equivocarnos, pero el tiempo dirá.

Sí se puede, pero no quieren.