Hace cinco años, tras una fecha señalada anualmente para celebrar la solidaridad con los presos políticos vascos, la Guardia Civil ejecutó una operación gemela, la detención de dieciséis personas, entre ellas varios abogados encargados de la defensa de los presos, y la incautación de 105.888,68 euros recogidos en la manifestación para sufragar los gastos de la misma. La llamó "Mate", después de una anterior que nominó "Jaque". O no sabían de ajedrez, o seguían desconociendo la tremenda capacidad de muestro pueblo para superar las adversidades.

La Audiencia Nacional utilizó por enésima vez el comodín de ETA y señaló que la organización hoy extinta estaba detrás de la recaudación, lo que hacía cómplices de ella a decenas de miles de personas, las que aportaron donaciones en la manifestación, que, sin embargo, tuvieron la suerte de no ser arrestadas. Su detención, lógica siguiendo el razonamiento de Fiscalía y jueces, habría creado un problema anexo, mayor del que el Estado quería atajar, el del mantenimiento en custodia de miles de arrestados.

La reflexión viene a cuento para enfocar los objetivos del Estado al abordar la causa vasca. No se trataba, como se propagó oficialmente, de la persecución de un delito monetario imputado a una organización que no tenía siquiera una dirección fiscal y menos aún un NIF, sino de una nueva embestida a la sostenibilidad económica de un proyecto político, atacada en este caso en su flanco solidario. Una lectura que tiene que ir acompañada de un contexto más extenso. En cada caso y en cada época.

Tal y como en tiempos pretéritos sucedió con Herri Batasuna, a la que el Estado no abonó desde su primera cita electoral allá por 1979, sin sentencia judicial que avalase el atropello, las cantidades que le correspondían por sus éxitos electorales. Millones de pesetas reservadas que, con la entrada del siglo XXI se acumularon en millones de euros que se evaporaron cuando en 2003 Herri Batasuna fue ilegalizada. Antes, sus dirigentes habían sido encarcelados y objetivo de la guerra sucia, sus concejales vejados y torturados, y sus sedes incautadas. Todo ello dentro de una estrategia global.

Una estrategia que, siguiendo las pautas de ese manual histórico, cargaba asimismo de deudas astronómicas a los integrantes de otros colectivos. Siguiendo el molde franquista, las individualidades de esos proyectos políticos eran sacrificadas económicamente, con multas, fianzas, embargos y confiscaciones. Nuevamente millones de euros de difícil cuantificación. ¿Cuántos millones de euros se han ido en fianzas? Los procesados en la pieza de las herrikos, por ejemplo, salieron en libertad condicional tras abonar depósitos que alcanzaron, globalmente, los 700.000 euros.

Del mismo modo, el medio comunicativo relacionado con el soberanismo vasco fue atacado por los Estados desde tiempo atrás. Durante los últimos años de la dictadura, recordar que en la Euskal Herria continental, "Enbata" fue cerrada en 1974 por el Gobierno francés, mientras en el territorio peninsular, toda publicación antifranquista era ilegal. En la Transición surgieron proyectos populares como "Egin" y "Euskaldunon Egunkaria" que también fueron clausurados, con la excusa del comodín eterno. Asimismo, sus dirigentes encarcelados, torturados y objetivos de la guerra sucia. El último capítulo, relacionado con la deuda fiscal de "Egin", imputada a GARA. Tres millones de euros con un propósito notorio, cercenar los medios insumisos.

La cultura vasca ha sufrido, en esa misma estrategia, los embates de las vecinas que han hecho valer su supremacía lingüística e institucional. Desde que en 1971 el presidente francés Georges Pompidou largara aquello de «No hay lugar para las lenguas y culturas regionales en una Francia destinada a ser la vanguardia de Europa», el panorama no ha transmutado en exceso. Debemos recordar las detenciones de la dirección de AEK, los enseñantes y alfabetizadores del euskara, o la de empresarios relacionados con la trasmisión de la cultura vasca, Elkar o Gráficas Lizarra. Una línea continua destinada, también, a cortar la financiación económica de los mimbres del progreso y normalización lingüística y cultural.

Aquellos movimientos correspondieron a la misma lógica de enfangar las expresiones populares y de convertirlas en marginales a través del ahogo económico, pero también de su criminalización. Ocurrió con las primeras ikastolas, con las primeras guarderías populares, con las «gau eskolas», que surgieron con un apoyo económico y humano descomunal. Y para penetrarlas, tal y como indicaba el Plan Zen, la cultura «española», o en otro caso la francesa, se valió de su hegemonía. Por cualquier vía. Pertenecen a la misma estrategia y son parte del mismo objetivo, el secuestro de Olentzeros o su denigración frente a los llamados Reyes Magos (tal y como lo ha hecho días atrás el célebre Haranburu Altuna), la financiación con fondos reservados de «casas regionales», como las multas o detenciones.

En el mismo año de la incautación de la recaudación recogida por Sare, Etxerat señalaba que cada visita a los presos en el Estado francés, antes de los traslados a Mont de Marsan y Lannemezan, ocasionaba un gasto medio de quinientos euros. En el Estado español el gasto medio en ese 2015 de cada visita era de trescientos euros. Una media anual entorno a los 20.000 euros por preso. Multipliquen las cifras por los más de 9.000 presos políticos vascos que han llenado las cárceles desde 1960 y tendrán un resultado espeluznante.

Los ejemplos se agolpan sin descanso. Si desean, pueden sumar, asimismo, todas esas horas, días, años de dedicación exclusiva en voluntariado. Para ikastolas, gaztetxes, herrikos, visitas a presos, etc. Ahora que todo se mide por el txin-txin del dinero, sumen y sumen y la suma no podrá soportar los códigos habituales. Hasta en eso somos un pueblo singular. Y lo seguiremos haciendo porque, entre nuestros valores y pese a quien le pese, la solidaridad y el auzolan, cotizan al alza.