El pasado 3 de diciembre, con motivo del Día del Euskara, representantes sindicales de CCOO aparecieron con pancartas supuestamente en defensa de la lengua, pero acompañadas del mensaje «klase-arrakalarik ez» (no a la brecha de clase). Un lema que, lejos de contribuir a un debate honesto, reproduce un discurso que desde hace años viene sosteniendo la extrema derecha, especialmente Vox: presentar el euskara como un instrumento de exclusión de la clase trabajadora.

Se intenta así hacer creer que quienes no saben euskara son las personas trabajadoras empobrecidas y marginadas, mientras que quienes lo conocen formarían parte de una supuesta élite o burguesía dominante. Esta simplificación no solo es falsa, sino profundamente injusta. 

No es necesario remontarse a la larga historia de prohibiciones, persecuciones y marginación que sufrió el euskara y, con él, la población que solo hablaba esta lengua. Basta con observar la realidad actual del sistema educativo. Hoy en día, la práctica totalidad de la escuela pública está integrada en el modelo D, al que acude mayoritariamente alumnado de clases populares.

Por el contrario, muchas escuelas concertadas −especialmente las religiosas− han sido las últimas en incorporarse a dicho modelo, manteniendo durante años los modelos A y B, donde difícilmente se adquiere un conocimiento suficiente de euskara. Precisamente son estos centros los que suelen concentrar a las familias con mayor poder adquisitivo y los que han funcionado como auténticos caladeros de personas que no han aprendido euskara. 

Resulta llamativo, además, el silencio de CCOO ante otras formas de discriminación mucho más evidentes. El aprendizaje de idiomas extranjeros como el inglés, francés o alemán presenta grandes carencias en el sistema educativo, y quien desea obtener un título debe recurrir a academias privadas. 

Sin embargo, estos idiomas −que ni siquiera son oficiales en la comunidad autónoma− puntúan como mérito en oposiciones a la Administración Pública. En algunos procesos selectivos del Estado, incluso es obligatorio superar pruebas en una lengua extranjera para continuar en la oposición. Esta exigencia margina claramente a la mayoría de la población, y aun así, CCOO no ha alzado la voz. 

Lo mismo ocurre con la exigencia de titulaciones universitarias para acceder a numerosos puestos públicos en los que no se requiere una formación específica. Se utiliza el nivel de estudios como filtro social, impidiendo el acceso a amplios sectores de la población trabajadora. 

Tampoco se cuestiona que personal administrativo con décadas de experiencia y alta cualificación práctica no pueda promocionar a puestos A1 o A2 por carecer de un título universitario. Mientras, el actual presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha sido director del organismo público Ente Vasco de la Energía, sin ningún título universitario ¿Dónde está aquí la denuncia sindical? 

Y si el mensaje de CCOO pretende interpelar a la población migrante, convendría recordar que muchas personas ni siquiera pueden presentarse a oposiciones por no tener nacionalidad europea, requisito habitual en las bases. Una discriminación clara sobre la que tampoco se escucha protesta alguna. 

En el fondo, el discurso que CCOO lanza contra el euskara coincide peligrosamente con el de Vox y con el de determinados sectores judiciales: negar la plurinacionalidad del Estado y cuestionar las lenguas propias, contribuyendo así a su marginación. 

Resulta preocupante que un sindicato que se reclama defensor de la clase trabajadora termine reforzando argumentos de la extrema derecha que históricamente han servido para excluir y dividir. 

Es urgente que, de una vez por todas, el euskara tenga el reconocimiento que se le debe y que todas las personas que quieran acceder a la función pública estén capacitadas para trabajar en las dos lenguas oficiales de este País.