Suele decirse que la salud de una sociedad se mide por cómo trata a sus eslabones más débiles. Personalmente, cambiaría el concepto de debilidad por desigualdad. Y es que todos los datos apuntan a que vivimos en una sociedad cada vez más desigual, donde cada vez más personas parten desde su nacimiento de una situación que les da poco margen de mejora, por mucho que se esfuercen y por muy «fuertes» que sean sus intenciones.

Claro ejemplo de dicha desigualdad es la situación de sinhogarismo en la que se encuentran aproximadamente 2.800 personas en la CAPV. En el caso de Donostia, los colectivos sociales denuncian que unas 150 personas sobreviven en las calles donostiarras sin acceso a ningún recurso social.

Durante estas gélidas semanas el alcalde Eneko Goia ha sido interpelado por organizaciones y vecinos y vecinas que solicitan que Donostia sea una ciudad en la que ninguna persona tenga que dormir en la calle en estas noches de frío. Ante las preguntas de la prensa, él ni se inmuta y responde que el mismo frío que en Donostia hace en municipios colindantes y que esta ciudad ya cumple el mínimo que le exige la ley a la hora de ofrecer un techo a estas personas.

No puedo dejar de sorprenderme ante tan poca empatía de alguien que, precisamente, no ha dejado de repetir los últimos años en cada entrevista que él promueve un modelo de ciudad que no deje a nadie atrás. Quizás ese «nadie» requiera una matización por su parte.

Y también llama la atención que, mientras en otros asuntos Goia ensalza el carácter de capitalidad y de ciudad metropolitana de Donostia, en el tema de las personas sin hogar se hace pequeño y se dedica a echar balones fuera, a los pueblos de alrededor. Pero el fenómeno del sinhogarismo, a diferencia de otras necesidades sociales (i.e. dependencia), no es homogéneo. El sinhogarismo tiende a concentrarse en las capitales y grandes municipios y ciudades, por motivos obvios. Esto no es exclusivo de Gipuzkoa, ocurre en todo el mundo.

Pero hablemos de datos y de exigencias legales. ¿Hay ayuntamientos en Gipuzkoa que no disponen de recursos, tal y como relata Eneko Goia, cuando las coberturas sobre el papel lo prevén? Sí. Son municipios en el que el sinhogarismo es un fenómeno desconocido. ¿Qué se pretende? ¿Que municipios que no llegan al 10% de población ni de presupuesto municipal en comparación a Donostia, por ejemplo, habrán una plaza para personas sin hogar porque en base a su población les corresponde esa plaza? ¿Y qué van a hacer? ¿Enviar a esa persona a un municipio donde no tiene ni un mínimo arraigo? ¿Quiere Donostia exportar personas sin hogar al resto del territorio?

Además, las coberturas en la legislación vasca de servicios sociales establecen un mínimo, no un techo que impida crecer si las necesidades aumentan. Claro ejemplo de ello son el Ayuntamiento de Errenteria, con capacidad para acoger a 39 personas sin hogar cuando la ley establece que sean 17 o los municipios de Urola Costa gobernados por EH Bildu, donde se recogen partidas presupuestarias para todos estos recursos.

Y es que la política municipal de servicios sociales hay que hacerla en función de las necesidades y no solo en base a exigencias legales de mínimos que se establecen en una coyuntura concreta. ¿Alguien imagina esto con las plazas en residencias y centros de día para personas mayores? ¿O que la Diputación Foral de Gipuzkoa deje de dar prestaciones por dependencia porque ha superado los objetivos del Plan Estratégico de Servicios Sociales y porque, además, tiene una cobertura superior a Bizkaia? ¿Por qué en estas materias no, pero el tema de las personas sin hogar sí, Goia se escuda en que «cumplo la ley»? Es algo que nos tenemos que plantear. Tal y como me decía un buen amigo y profesional, la Ley de Servicios Sociales y su desarrollo se crearon para garantizar la atención, no para ser una coartada para la desatención.

A la indiferencia del alcalde se suma también la de la delegada de Acción Social, a quien se le presupone algo de sensibilidad hacia esta realidad. A raíz de la polémica surgida, ha respondido que Donostia hace lo suficiente, ya que se han invertido 110.000 euros en 2021 en alquilar habitaciones para 172 personas. Esto que a la concejala le parece mucho, queda a años luz de, por ejemplo, los 4,5 millones de dinero público que ha gastado su gobierno en poner una escultura en la isla. Y no podemos olvidar que estamos hablando de un Ayuntamiento que ha tenido este año un superávit de veintiocho millones de euros. No nos pongan excusas, garantizar un mínimo de bienestar a la ciudadanía no es un tema económico, es un tema de voluntad política, de valores sociales y de prioridades. Como también es una cuestión ideológica decidir que no se van a ampliar recursos ante el aumento de las personas sin hogar en Donostia.

Por último, nuestra mirada se dirige también al Gobierno Vasco, donde EH Bildu siempre ha defendido que el cumplimiento de la “Estrategia vasca para personas sin hogar” fuera obligatoria y no voluntaria, con la constante negativa del PNV. Hace unas semanas, Arantxa Tapia imponía, a golpe de rodillo, a todos los Ayuntamientos una ley que abre la puerta a grandes proyectos ya cancelados como la extracción de gas, la construcción de vertederos o incluso el fracking. Ojalá llegue una ley para «imponer» que el derecho a la vivienda y a un techo sea realidad y no utopía.