José María Pérez Bustero

Comiendo de pesebres de reyes y opresores

¿Cabe un comentario objetivo a ese proceso? Si uno lo mira con claridad entenderá que esa unidad española es un concepto puramente político. Lo que realmente existen son zonas y gentes.

La inhabilitación de Quim Torra, y la existencia de presos y exiliados catalanes por su querencia de soberanía nos lleva a mirar cómo se fraguó la actual política del gobierno central, que considera dogma la «unidad de España». Echar un vistazo a los sucesivos eventos de unificación de tierras y gentes a lo largo de los siglos puede resultar más elocuente que cualquier razonamiento o discusión políticos.

La primera siembra de esa unificación tuvo lugar con los llamados Reyes Católicos. El rey Fernando traía en sus manos las tierras de Cataluña y Aragón, y parte de las islas Baleares. La reina Isabel, a su vez, aportaba las de Galicia, Asturias, León y Castilla. Y seguidamente ambos monarcas substrajeron entre 1484 y 1492 a la monarquía nazarí musulmana Marbella –en Costa del Sol–, luego Málaga, después Granada, y asimismo las zonas de Jaén, Murcia y Cádiz todavía musulmanas. Además, entre 1478 y 1496, se hicieron con las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Y el año 1497 entraron en Melilla. Un paso más lo dio el ya viudo Fernando, cuyos militares ocuparon en 1512 el reino de Navarra, donde tuvieron contraataques navarros hasta 1521 que, si no los echaron de Navarra, al menos les impidieron sujetar la zona al norte del Pirineo: la Behenafarroa que llamamos. Un paso más en esa labranza lo dio el posterior regente Cardenal Cisneros, ya que  mandó destruir en Navarra castillos y torres almenadas de iglesias para que no funcionaran como lugares de defensa, ni sirvieran para atentar contra la unidad hispana.

La segunda siembra de unidad la intentó realizar el conde-duque de Olivares en el siglo XVII. Se involucró en la «Guerra de los 30 años» vigente en el centro de Europa y, para financiar esa participación, subió impuestos por todas las zonas de la península. La reacción de las gentes, dado que significaba negar su propio autogobierno y sensibilidad, llevó a revueltas en Bizkaia, Cataluña, Andalucía, Valencia, Portugal (que recuperó su independencia de los reyes castellanos). Con todo ello, Olivares perdió crédito y fue desterrado el año 1643.

La tercera siembra la llevaron a cabo tras la «Guerra de Sucesión» (entre Francia y archiduque de Austria desde 1707 a 1715) los nuevos reyes de la casa Borbón. Ahí empezó la llamada «España Vertical», ya que abolieron los fueros de Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña. No los de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Navarra, pues en la guerra se habían declarado partidarias de la casa francesa.

Un cuarto sembrado tuvo lugar bajo los militares liberales del siglo XIX. Recogieron los principios de la Constitución española que proclamaba los «derechos iguales» de todos los ciudadanos. Pero no tuvieron en cuenta la pluralidad de los procesos e identidad de las zonas y gentes. Dividieron las tierras en simples provincias, dando a cada una el nombre de su capital (excepto en las tierras vascas). Tuvieron respuestas armadas en diversas zonas (las llamadas «guerras carlistas») pero, tras años de sangre y muertes, las pusieron a todas bajo el gobierno central. En 1844 crearon incluso la Guardia Civil, un organismo militar con cuarteles por todas partes.

El golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera dio un paso más: proclamó la supresión de la Constitución y de los sindicatos y partidos (excepto el PSOE), para reducir todas las tierras a súbditos mudos. Así hasta 1930.

En 1936 sobrevino la dictadura de Franco. Con su eslogan «España Una, Grande, Libre». Esa descomunal falsedad duró hasta su muerte, el año 1975.

¿Qué hizo el nuevo gobierno postfranquista? En la Constitución de 1978 afirmó la «indisoluble unidad española». Y llegó a los Pactos Autonómicos: entre 1981 y 1992 creó diecisiete comunidades autónomas, y asimismo dio esa autonomía a Ceuta y Melilla. No libertad, ni gestión propia sino trozos de gestión, siempre bajo el gobierno central, que garantizaba el dogma de la unidad.

Con el peso de esa herencia, el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional en todos los órdenes (civil, penal, administrativo, militar) ha tomado la decisión de inhabilitar a Quim Torra por no retirar una pancarta en que se leía «Llibertat presos polítics y exiliats». Que hacía referencia a la declaración de independencia de Cataluña, en 2017 y la posterior represión desde Madrid.

¿Cabe un comentario objetivo a ese proceso? Si uno lo mira con claridad entenderá que esa unidad española es un concepto puramente político. Lo que realmente existen son zonas y gentes. Y el Gobierno –con sus jueces, legislación, cárceles– no debe funcionar como heredero de la unificación forzada por reyes y dictadores. No debe comer de ese pesebre.  Su rol debe consistir en favorecer la interrelación entre las zonas fomentando el sentido de vecindad. Ejercer como simple coordinador. Que es tarea muy importante.

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