La mayor parte de las personas necesitadas de fármacos anticoagulantes son trabajadoras y  pensionistas. De las más de 631.000 pensionistas existentes en la actualidad en Hegoalde, muchos miles padecen enfermedades cardiovasculares y por ello necesitan de esos fármacos. A la hora de suministrarlos, los organismos de salud vascos las discriminan por ser pobres y de escasos recursos económicos y las condenan a recibir un fármaco peligroso (provocador a veces de ictus, hemorragias cerebrales, parálisis, etc.) como es el Sintrom.

Una parte de esas pensionistas, con mejores recursos y pensiones más altas, va rechazando ese peligroso fármaco y optando por otros alternativos, por más seguros, como son Eliquis (Apixaban), Xarelto (Rivaroxabán) etc., pese a tener que pagarlo de su bolsillo. (Si el Sintrom al mes supone 4 €, (50 al año), los fármacos alternativos rondan una media de los 80 € (1.000 al año).

Es evidente que Gobiernos vasco y de Nafarroa están discriminando, salvo excepciones, a los sectores más pobres y de menores recursos de nuestra sociedad. Toda persona que necesita de anticoagulantes y dispone de medios económicos suficientes rechaza el Sintrom y reclama los fármacos alternativos pese a que no lo financie la Seguridad Social  vasca. Quienes así pueden hacerlo evitan además graves molestias que conlleva el Sintrom: controles semanales o quincenales, traslados al ambulatorio etc.

Hay solución para evitar esa grave desigualdad y discriminación y esas molestias. Los expertos ya lo propusieron hace dos años en la Mesa de Salud de Osakidetza. Sería de interés hoy, dos años después, volver a escuchar a esos expertos que acudieron al Parlamento Vasco en 2022. Así  Julio Agredano Lozano, presidente de la Asociación de Pacientes Freno al Ictus, indicó que «en Euskadi cada año 3.500 personas sufren un ictus, de los que el 30% fallece y el 50% sufre algún tipo de secuelas». (En 2023 fueron 8.900 personas quienes lo sufrieron en la CAV, y otras más de 1.000 en Nafarroa, mayoritariamente mayores de 75 años, y hombres -54%-, mujeres -45%-). Y añadió que «Euskadi está a la cola de Europa y España en cuanto a la prescripción de estos nuevos anticoagulantes. Hay un número importante de personas tratadas que no coagulan correctamente y esto supone un riesgo mayor de sufrir eventos posteriores. Para el paciente recibir un medicamento o el otro es como el día y la noche».

El neurólogo Félix González detalló que «el ictus isquémico es la primera causa de muerte en mujeres en Euskadi y que uno de cada seis ciudadanos sufriremos uno de estos episodios. El coste de estos problemas para la sanidad vasca ronda entre los 80 y 100 millones € al año, entre tratamientos y procesos de recuperación». Y terminó diciendo que «para sistemas sanitarios como el vasco resultará al final más económico prescribir medicamentos como el Acod -uno de los fármacos alternativos- que el hecho de que pacientes diagnosticados y tratados con Sintrom puedan sufrir un ictus o una hemorragia cerebral».

Así las cosas, no se entiende que, además de los partidos políticos de izquierdas, los sindicatos y movimientos populares como el de pensionistas permanezcan callados ante semejante situación, haciéndose así, por inacción, cómplices de esa discriminación social sanitaria.

¿No les preocupa que sean los más pobres de nuestra sociedad, trabajadores y pensionistas en su mayoría, quienes se vean condenados a tomar ese peligroso Sintrom porque no pueden pagarse los fármacos alternativos? ¿La salud, el bienestar de trabajadoras y pensionistas, no forma parte de sus reivindicaciones? ¿La desigualdad y discriminación social sanitarias no es un tema de clases sociales que debería llevar a los sindicatos a reivindicar los derechos por una salud universal y gratuita? Da la impresión de que tanto sindicatos como plataformas de pensionistas se preocupan únicamente del empleo de los activos o de la pensión mínima. ¡¡¡La salud para los médicos/as!!!

El movimiento de pensionistas vasco, en cuyo sector están la mayoría de pacientes de anticoagulantes, ¿no debería incluir en sus demandas reivindicativas no solo unas pensiones mínimas de los 1.080 € sino también una sanidad no antisocial y discriminativa y reclamar en consecuencia la sustitución del peligroso Sintrom por los fármacos alternativos financiados por la Seguridad Social?

Que no nos engañen con el coste económico que supondría ese cambio histórico del Sintrom por los fármacos alternativos. El Gobierno Vasco está financiando a empresas privadas para sus grandes negocios aeroespaciales, eólicos, petrolíferos, gastronómicos, turísticos, artísticos, etc. De los 15.000 millones de sus Presupuestos anuales, el Gobierno vasco dejó de ejecutar en los últimos tres años (2021, 2022, 2023) un total de 1.918 millones €. El lehendakari Pradales ha dicho que «no hay dinero para todo… y que hay que priorizar el gasto»… Evidente. ¡Por supuesto! ¿Hay, sin embargo, algo más prioritario que la vida, que la salud?

Está en marcha el proceso para alcanzar un Pacto de Osakidetza en el que participan partidos políticos, sindicatos, plataformas profesionales, sociales. Ojalá se apueste por una decisión histórica que suponga el abandono del Sintrom y sustitución por los fármacos alternativos. Solo así, en este caso, lograríamos la anulación de esa discriminación y desigualdad sociales, sanitarias y actuales, restituyendo la igualdad para toda la sociedad vasca. Sería justo y necesario que Sindicatos y movimientos de pensionistas y populares se movilizaran para apoyar y lograr ese cambio histórico. Hacerlo, entiendo, forma parte también de su función reivindicativa. Callarse sería ser cómplices de esa discriminación social sanitaria.