Mayo de 2017. En una entrevista realizada en un medio de comunicación la rectora, Nekane Balluerka, se comprometió a iniciar contactos, a través de la vicerrectora Inmaculada Gerrikagoitia, con los tres profesores universitarios que desde hace 27 años seguimos despedidos de la UPV.

Queremos recordar que a raíz de la aprobación definitiva de la denominada Ley «Iztueta», que permitía la creación de figuras de profesorado propio con contrato laboral y la estabilidad de los anteriores profesores con contrato administrativo, las autoridades académicas de entonces se negaron a negociar con tres de los cinco profesores afectados una solución adecuada al conflicto, oponiéndose ademas a la readmisión de uno de ellos, Enrike Lopez, aduciendo la existencia de problemas legales. Los cinco profesores habíamos mantenido desde 1990 un contencioso con la Universidad, reivindicando precisamente la creación de esas figuras contractuales que 17 años más tarde, en 2007, se implantaron en la UPV, después de sostener una larga lucha con graves costes, en todos los terrenos, para ese pequeño colectivo de profesores que se enfrentó a toda una estructura universitaria que a toda costa intentó quebrarnos.

A partir de ese momento los tres profesores que quedamos fuera de la negociación nos dirigimos en múltiples ocasiones, entre el 2007 y el 2017, a los gobernantes universitarios demandándoles llegar a una solución acordada justa, digna y aceptable para ambas partes en el marco de la autonomía universitaria. Desarrollamos al respecto innumerables iniciativas, entre ellas la mediación que solicitamos a la anterior Defensora del Universitario, la profesora Itziar Etxebarria. Pero todas ellas se encontraron con el silencio, la obstrucción o el rechazo del rector anterior, Iñaki Goirizelaia, y eso a pesar del interés y la colaboración mostrados por solucionar el tema por parte de Itziar. No teníamos ninguna duda, a pesar de los desmentidos de casi todos los universitarios, de que se había establecido una barrera ideológico-política para impedir nuestra readmisión, un cordón sanitario que atrapaba incluso a aquellos que habían participado en el movimiento a favor de las nuevas figuras contractuales.

El compromiso adquirido por la nueva rectora tardaba en materializarse y ante este retraso unos cincuenta profesores universitarios solicitaron al también nuevo Aldezle, Defensor Universitario, Iñigo Urrutia, su colaboración mediadora para posibilitar de una vez el tan deseado, por nosotros, proceso negociador. Por fin en diciembre de 2017 tuvimos una reunión con él en la que le proporcionamos un largo informe sobre este conflicto desde 1988. En esa reunión se concretó el inicio de un proceso de diálogo en el que estarían presentes, ademas de Iñigo, la vicerrectora mencionada, dos de los profesores despedidos y un profesor universitario que había estado presente en las reuniones con Itziar Etxebarria. Este profesor haría el papel de colaborador, testigo e intermediario entre el Defensor Universitario, las autoridades académicas y los profesores despedidos. Con retrasos, suspensiones y dilaciones probablemente programadas tuvieron lugar a lo largo de 2008 dos reuniones con la presencia de la representante de la UPV, concretándose la agenda negociadora en los tres puntos que nosotros formulamos:

Readmisión de los despedidos a través de contratos dignos en los sentidos económicos, laborales y de estabilidad, actualizados a las condiciones especiales de cada despedido. Aceptación de los meses trabajados y reconocidos a efectos académicos pero no remunerados, con las consecuencias que de esa aceptación se pudieran derivar. Que por parte de la UPV se busquen y arbitren procedimientos adecuados para conseguir que los profesores afectados puedan disponer, por lo menos, de una pensión mínima de cara a su jubilación ya que han estado 27 años sin cotizar ni recibir salario alguno a causa de su despido.

En esa dos reuniones expusimos con claridad nuestras peticiones y sus fundamentos. La vicerrectora apenas intervino, aunque a veces sus gestos parecían denotar cierto desagrado ante algunas de nuestras afirmaciones. El Aldezle se limitaba a exponer las dificultades aparentemente técnicas que estaba encontrando y a mostrar su voluntad por resolver el conflicto. El testigo colaborador, gran conocedor de los entresijos contractuales universitarios, se dedicaba a poner continuos ejemplos de problemas laborales concretos resueltos y a señalar las amplias posibilidades y capacidades que la UPV tenia para implementar acuerdos laborales de todo tipo. Contribuyó con ello a desmontar la mayoría de las dificultades supuestamente «técnicas» que se estaban planteando, demostrando con ello que nuestra situación tenia una dimensión no solo laboral sino política y que su enquistamiento se debía exclusivamente a esta característica.

El Defensor Universitario nos prometió una oferta técnica que no acababa de concretarse. Reunió a esos efectos a representantes cualificados de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación que mostraron su voluntad de integrar a los afectados, barajándose algunas soluciones contractuales. No parecía pues que las dificultades fuesen del tipo legal. Después de pasado un tiempo de silencio administrativo, Urrutia nos volvió a reunir para comunicarnos que los responsables universitarios se negaban a financiar los contratos barajados. Se comprometió a volver a insistir sobre el tema y quedamos coma plazo límite en reunirnos antes de las vacaciones de Semana Santa. Pero no ha habido convocatoria de reunión, lo que interpretamos como que no existe voluntad política para resolver el contencioso. La ventaja de esta confirmación es que ahora más de uno se da cuenta de la existencia de ese veto que nosotros siempre hemos interpretado. Lo cual deja muy mal a muchos universitarios que comprenden que se encuentran en una Universidad que discrimina por motivos políticos a personas que han luchado durante toda su vida por aumentar las competencias de esa universidad y de la propia comunidad autónoma. Hoy en día, gracias al contrato laboral, ha habido un cambio sustancial de fuerzas tanto en la representación universitaria como en la propia estructura sindical donde los sindicatos nacionales vascos tienen amplia mayoría. Sin hablar de la progresión lingüística del euskara, las posibilidades contractuales abiertas y otros cambios achacables a la creación de figuras propias. Pero, bien mirado, quizás sean estas conquistas las que precisamente están impidiendo nuestra readmisión.