Doctor en Ciencias Económicas
Coronavirus y crisis económica

La crisis actual la pagarán los de siempre, produciéndose una reducción de la clase media y aumento del nivel general de pobreza, consecuencia de las medidas tradicionales a adoptar para arreglar el déficit público.

28/05/2020

La consecuencia económica del coronavirus, ha sido una crisis mundial de oferta y de demanda al mismo tiempo. Las medidas a utilizar para salir del marasmo, figuran en los libros de economía política, son las que siempre se han adoptado y las que se adoptarán para seguir en el mismo sistema económico que es incapaz de resolver los problemas que genera. Sin embargo, en economía política, hay escuelas de pensamiento que no gustan a la Escuela Monetarista hoy vigente, por ejemplo, la escuela estructuralista. Aunque el problema es mundial, nos ceñiremos a España que es quien más directamente nos afecta.

El profesor José María Gay de Liébana en setiembre de 2012, impartió una conferencia que se puede consultar en youtube. Dijo textualmente refiriéndose a España: «Éste es un país de chorizos, lo digo con todo el respeto... y el pueblo tiene que decir ¡basta! El Gobierno está propiciando el fraude fiscal. Son unos ineptos. Ni la patronal ni los sindicatos son independientes, están todos comprados con subvenciones». Y siguió explayándose en las circunstancias de la economía española.

Pasada temporalmente la emergencia sanitaria, aparecen la emergencia social y la económica, que tienen reflejo en el nivel de deuda pública, que puede convertirse en impagable en función de la duración de la recesión y de las medidas monetarias que se implementen.

Desde 1939 la principal fuente de financiación del Estado han sido los impuestos indirectos, el IVA de turno, el IRPF y el Impuesto de Sociedades, y lo seguirán siendo. El Derecho Fiscal es retrógrado e injusto y sus consecuencias son inmediatas, desaparición de la clase media y empobrecimiento general de la sociedad.

La solución del déficit público es inmediata, Aumentar los ingresos y reducir los gastos, pero en España la cosa es más complicada. El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, en su valoración.

Aumentar los Ingresos del Estado por procedimientos diferentes a los habituales tenemos: reducción de la economía sumergida y del fraude fiscal, aumento de los impuestos a las grandes fortunas, aplicación cabal de los Impuestos de Sociedades, Patrimonio, IBI. Reconsideración de las EPSV, Fondos de Inversión y SICAV (tributando al 1%), eliminación de los paraísos fiscales, devolución del dinero en los casos de corrupción etc. Se necesita remodelar la Agencia Tributaria y el Cuerpo Judicial.

La emergencia social en gran medida, es consecuencia del nivel de paro. En las ciudades españolas, la vemos en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Miles de personas en comedores sociales, haciendo cola en centros benéficos, cruz roja, etc., etc., o como en barrios de Madrid, que se han auto organizado para recoger alimentos para familias necesitadas. Además de un paro creciente, pequeños negocios en riesgo grave de supervivencia y autónomos que no facturan. Lamentablemente estas líneas parecen apocalípticas pero son objetivamente ciertas. Esta situación pretende ser paliada mediante créditos y diversas ayudas monetarias que constituyen pan para hoy y hambre para mañana, porque tendrán que ser devueltas. Estas ayudas con cargo al Presupuesto de la nación, deberían ser a fondo perdido pues generan un déficit público, consecuencia de la emergencia social. Las ayudas económicas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones exigentes de cumplimiento.

Reducir los Gastos del Estado, merece un amplio comentario. La Constitución de 1978 que declara la indisolubilidad de la unidad de España, se organiza territorialmente en base al derecho a la autonomía de las nacionalidades. En 1979 estaban aprobados los Estatutos de Euskadi y Cataluña, y en 1981 se aprobó el de Galicia. El 31 de julio de 1981, UCD y PSOE, aprueban los pactos autonómicos ya vigentes, por los cuales España se vertebra en diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas Ceuta y Melilla que lo serán oficialmente en 1995.

ETA, durante los años 1978 a 1982, desarrolla una intensa actividad que obliga al Estado a buscar una solución de compromiso que pueda presentar ante la ciudadanía española y al mismo tiempo, calmar el ambiente de agitación social y político que vivía Euskadi. Encontraron el invento de las autonomías que constituía un café para todos. No podía aparecer como trato de favor a los revoltosos. Había regiones que ni sabían que era una autonomía ni la querían. Este invento de los Padres de la Constitución ha supuesto la multiplicación de gastos mediante la creación de diecisiete parlamentos con sus parlamentarios y secuelas, en algunas autonomías inviables económicamente, y el incremento del despilfarro y de la corrupción.

Capítulo importante de Gastos del Estado y de muy difícil reducción, lo constituye el «Paquete»: Ejércitos, Fuerzas de Orden Público, Víctimas del Terrorismo, participación en la OTAN y Ayudas diversas en los conceptos de personal, clases pasivas y compras diversas, etc.

Es difícil cuantificar el gasto del «Paquete» por ser contabilizado en partidas muy variopintas. Ministerio de Defensa, Hacienda, Organismos Autónomos Militares, Exteriores, Fomento, Empleo, Agricultura, Pesca, Alimentación, Sanidad, Seguridad Social, créditos desde el Fondo de Contingencia y que no contaban como presupuesto de Defensa, etc.

El ingreso y permanencia en la OTAN para España es nefasto económicamente por las obligaciones financieras anuales que comporta, es el séptimo contribuyente. Otra cosa es el aspecto geopolítico y si se puede salir de la Organización. Su ingreso alentado por Felipe González en 1986, constituye la crónica de un engaño que no vamos a relatar pero que las hemerotecas son testigo.

En cualquier caso, los gastos del «Paquete» constituyen un río anual de miles y miles de millones de euros de dudosa racionalización y posible modificación.

El problema de España es que se trata de un modelo de estado inviable, fuente de nepotismo y de corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y contando a su servicio con el poder judicial y los organismos de control, y sin participación ciudadana real en las decisiones políticas.

El ciudadano que plantee la solución del problema de España en términos de política de derechas y de izquierdas está equivocado. El actual gobierno español es el más izquierdista que ha habido desde 1939, formado por PSOE y Podemos, y ha sido incapaz de quitar las medallas y honores a Billy el Niño y a toda la pléyade de torturadores que han reinado en el país. Igualmente ha sido incapaz de cumplimentar la demanda de la jueza María Servini contra ciertos políticos franquistas, para incoar un procedimiento judicial abierto en Argentina por los crímenes del franquismo, ya que la problemática no tenía entrada en los tribunales españoles.

En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.

Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar la organización territorial responsable de los dos tercios del gasto público excluyendo la Seguridad Social y someter a referéndum el modelo de Estado.

La crisis actual la pagarán los de siempre, produciéndose una reducción de la clase media y aumento del nivel general de pobreza, consecuencia de las medidas tradicionales a adoptar para arreglar el déficit público, en resumen, es un problema de actitud de la ciudadanía ante los problemas.

El coronavirus nos ha abandonado temporalmente, ojalá definitivamente, pero nos ha dejado una pregunta, ¿quien pone el cascabel al gato?

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