Dentro de la ideología capitalista, fundada por Adam Smith, atemperada por el estado de bienestar de John M. Keynes, pero recrudecida por el neoliberalismo actual, la obtención de beneficios ilimitados ha encontrado su terreno abierto en el mercado liberalizado donde todo se convierte en mercancía: personas y cosas. En las maniobras económicas neoliberales los  ganadores son quienes poseen el poder y el dinero: bancos, políticos, financieros, multinacionales…

En este contexto económico la corrupción política, es decir, el abuso del poder para la  obtención fraudulenta de beneficios lucrativos, brota por doquier y, a poco interés investigativo y judicial que se aplique, surgen los casos que trasmiten estos días los medios informativos. Con la consiguiente indignación de la mayoría que sospecha, con toda razón, que lo publicado no es mas que la punta de un iceberg de corrupción que amenaza a navegantes por el mar de esta economía, que somos todas las personas, y ha hundido ya a las más pobres.

El presidente del Gobierno español, alarmado por los corruptos que pertenecen a su partido, se ha visto obligado a «pedir disculpas a los españoles por los escándalos de corrupción desvelados», pero «llamando a confiar en el Estado de Derecho». Quiere salvar con urgencia los muebles de su política y que el aparato estatal funcione según sus parámetros neoliberales previstos y aplicados.

Sin embargo aquí reside la razón última del problema. El estado español está sometido a quienes dirigen la política mundial. Agrupados en el G8, mancomunados con los grandes organismos financieros (BM, OMC, FMI), controlan la riqueza mundial en su beneficio, guiados por el Foro Económico Mundial (WEF) y reforzados por el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre USA y la UE. De éstos círculos de poder, orientados según la estrategia neoliberal emanan los dictados económico-políticos que los estados «menores» deben aceptar si quieren mantenerse en la órbita del crecimiento y poder.

En su última reunión, centrada en el reto del crecimiento industrial, el WEF alertaba sobre el aumento de la desigualdad en los ingresos como la segunda mayor amenaza mundial hoy (para sus intereses, se entiende). OXFAM Intermon teme que, si la desigualdad económica extrema no se controla, sus consecuencias podrán ser irreversibles. Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población: 110 billones de dólares; una cifra 65 veces mayor que el total de la riqueza de la mitad más pobre equivalente a la de las  85 personas más ricas del mundo. Esta concentración de riqueza supone una gran amenaza para los sistemas políticos y económicos inclusivos al intensificar las tensiones sociales y el riesgo de ruptura social. El informe FOESSA observa en el Estados español que la fractura social es cada vez más amplia: el 40,6% de la población padece las consecuencias de la precariedad, el 24,2% sufre una exclusión moderada y el 10,9% está ya en situación de marginalidad severa.

Una minoría de la población mundial, por tanto, se enriquece por medio del poder económico, político y armamentístico empobreciendo a la mayoría de los pueblos; porque la arquitectura de la globalización no es determinada libremente por los pueblos del mundo, sino por los banqueros y las empresas transnacionales y los amos políticos de las grandes metrópolis que controlan las decisiones importantes para su beneficio. Estamos, por tanto, ante una corrupción globalizada de proporciones y consecuencias incalculables conducida por un sistema económico neoliberal, causa última de la  corrupción puesto que su ideología carece de ética; su economía, de solidaridad; su política, de democracia real.

Contra este sistema corrupto se alzan voces potentes y convincentes. Afirma el papa Francisco: «Hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata… dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. En consecuencia, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas…Los excluidos no son ‘explotados’ sino desechos, ‘sobrantes’».

Pero no basta con estas denuncias y la indignación social que provoca este llamado «fundamentalismo del mercado» y su política corrupta. Son necesarias reacciones prácticas y alternativas que trasformen el sistema en profundidad. Y así está ocurriendo en las experiencias solidarias, que proponen y exigen nuevos modelos económicos. Cito tres ejemplos significativos.

En el ámbito  mundial, los llamados Foros Sociales Mundiales iniciados en Porto Alegre/Brasil el año 2001, impulsados por la masiva concentración en Seattle contra la OMC. Allí surgió una toma de conciencia revolucionaria: «El mundo no es una mercancía». En estos Foros anuales, movimientos sociales y populares combativos y eficaces trabajan siendo brotes de un nuevo paradigma de la humanidad, en palabras de Leonardo Boff, capaz de organizar de manera diferente la producción, el consumo, la conservación de la naturaleza y la inclusión de todos en un proyecto colectivo que garantice un futuro de vida, con esperanza y utopía realizables  de que «otro mundo es posible».

La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas emigrantes, jóvenes y jornaleros sin tierra. En palabras de su representante Francisca Rodríguez, «las y los campesinos del mundo somos pueblos, comunidades, organizaciones y familias altamente diversas… Nos unen nuestros sueños y nuestras luchas por seguir siendo mujeres y hombres del campo y por seguir existiendo como pueblos originarios, agricultores, criadores, recolectores, pastores, pescadores… Somos parte un movimiento con presencia mundial donde defendemos el derecho y el sueño a seguir siendo campesinos y pueblos del campo, donde luchamos por el buen vivir de todas y todos…con propuestas de vida, trabajo, soberanía alimentaria y convivencia digna entre todos y todas… para globalizar la esperanza». Así lo han reclamado estos días junto a más de 100 movimientos populares reunidos en el Vaticano, con Evo Morales, apoyados por el papa Francisco.

En Euskal Herria, la Carta de los Derechos Sociales quiere ser una expresión y empuje colectivos en el cambio social y político de concienciación y acción. Partiendo de la denuncia de una crisis que es «sistémica y global», propugna «la movilización social  por la justicia, solidaridad y universalidad, reconociendo todos los derechos sociales, económicos, lingüísticos, culturales y de democracia participativa; con una economía al servicio de la sociedad y un reparto justo de la riqueza en un sostenimiento equilibrado en un pueblo soberano».

Puede decirse, en definitiva, que estos movimientos sociales y populares, entre otros muchos, se han constituido en palancas del cambio social. Son hoy cruciales para anticipar nuevos valores y poder popular en las luchas concretas: parar desahucios, conseguir viviendas, reivindicar derechos… constituyen una movilización ciudadana, fuera de los cauces tradicionales controlados por el poder.

Por estos caminos plurales y creativos deberá construirse la transformación deseada para superar la corrupción: «hire indarraren beharra dinagu, gure indarrarekin batera».