Hay algo profundamente inquietante en la política actual. No es la discrepancia, ni siquiera la confrontación. Se trata de la sustitución progresiva de la política por el barro. La política consiste en proponer, debatir y negociar. El barro, en cambio, en desgastar, desacreditar y alimentar una confrontación permanente en la que el adversario deja de ser interlocutor para convertirse en enemigo.

Lo que durante años hemos observado en la política española ha terminado por instalarse también en Euskal Herria. Durante décadas, con todas sus contradicciones, algunas dolorosas, nuestro país desarrolló una cultura política relativamente diferenciada. Existían desacuerdos profundos, pero también una conciencia compartida de que los grandes retos colectivos exigían capacidad de diálogo y una mirada estratégica a largo plazo. El Acuerdo de Lizarra-Garazi, la creación de Udalbiltza, la capacidad de articulación de la mayoría sindical, ikastolas, Korrika o el propio proceso de desarme de ETA fueron algunas expresiones de esa voluntad de construir espacios propios de entendimiento, cooperación y decisión colectiva. 

No se trata de idealizar el pasado ni de construir una excepcionalidad vasca novedosa. Se trata de reconocer que existía una manera propia de entender la política, más vinculada a la construcción de país que a la batalla diaria por ocupar el espacio mediático. La agenda madrileña se ha convertido en un inmenso imán que absorbe buena parte de la conversación pública. 

El problema no es únicamente que esa dinámica exista, sino que algunos actores políticos han decidido adaptarse a ella en lugar de combatirla. Y aquí el papel del PNV merece una reflexión crítica. Históricamente, el partido jeltzale construyó parte de su identidad sobre dos ideas concretas: la centralidad política y el pragmatismo institucional. Sin embargo, en los últimos años se percibe una transformación significativa. La creciente competencia electoral con EH Bildu, la pérdida de hegemonía en determinados sectores sociales y el desgaste derivado de una larga permanencia en las instituciones han empujado al PNV hacia una estrategia más defensiva y agresiva. El adversario político empieza a ser presentado no como un competidor legítimo, sino como una amenaza permanente para la estabilidad del país, hasta el punto de normalizar acuerdos de gobernabilidad con el PP que hace unos años habrían resultado mucho más difíciles de explicar a parte de su propio electorado.
 
Las polémicas diseñadas para las tertulias televisivas ocupan el espacio que debería corresponder a debates sobre la vivienda, la reindustrialización, la transición energética, el futuro del euskara, el envejecimiento demográfico o la precariedad juvenil. A ello se suma la creciente personalización de la política. Los proyectos colectivos han cedido espacio a los liderazgos individuales y a la construcción de relatos simplificados. Se habla más de quién gana y quién pierde que del modelo económico, social y territorial que necesita el país. La política empieza a parecerse demasiado a una competición permanente en la que el objetivo ya no es gobernar mejor, sino derrotar al adversario. Cuando la lógica de la campaña se instala de forma permanente, la gestión pasa a un segundo plano y la confrontación se convierte en un fin en sí mismo. 

Y así, cada vez resulta más frecuente observar discursos que buscan activar el miedo antes que estimular el debate. La gestión cede espacio al relato, la explicación a la descalificación. Y el hecho se agrava cuando, para lanzar su mensaje, se hace valer de los soportes habituales, entre ellos, medios de la derecha u ultraderecha españolas. En un contexto de fragmentación política, la movilización emocional ofrece beneficios inmediatos. Presentar cualquier alternativa como una amenaza puede proporcionar réditos a corto plazo, pero resulta enormemente dañino para la salud de nuestro país a medio plazo. 

Porque el barro nunca permanece bajo control. Una vez introducido en el sistema político, termina contaminándolo todo. La sospecha se convierte en norma, la desconfianza en método y la polarización en una forma cotidiana de relación política. La política necesita ciudadanos críticos, no ciudadanos permanentemente desconfiados. La desconfianza absoluta erosiona con la misma eficacia que el autoritarismo. Cuando todo se interpreta como una operación oculta, desaparece la capacidad de deliberar racionalmente y se instala un estado de sospecha permanente que termina por deslegitimar cualquier institución. 

De esa desconfianza nace una de las frases más repetidas de nuestro tiempo: «todos son iguales». Probablemente no exista una idea más peligrosa. No, no todos son iguales. No todos defienden los mismos proyectos, ni las mismas prioridades, ni las mismas formas de gobernar. La equivalencia universal solo favorece a quienes desean vaciar de contenido la propia democracia («me considero únicamente donostiarra, no soy de derechas ni de izquierdas», dice el alcalde jeltzale). Lo que sí existe es una percepción creciente de agotamiento. Muchos ciudadanos sienten que la política ha dejado de resolver problemas para dedicarse exclusivamente a fabricar conflictos. Cuando esa sensación se instala, aparece la desafección. Y la desafección abre la puerta a la antipolítica. 

Euskal Herria no está inmunizada. Por eso resulta tan importante preservar una cultura política propia, para evitar reproducir dinámicas importadas que responden a otros intereses y otras prioridades. Este país necesita menos barro y más política. Menos relatos de trinchera y más debates estratégicos. Menos campañas permanentes y más proyectos compartidos, sobre todo frente al auge del neofascismo. El mayor riesgo no es que Euskal Herria se parezca cada vez más a la política española. El verdadero riesgo es que deje de parecerse a sí misma. Y si eso ocurre, no solo habremos importado el barro. Habremos renunciado a una manera propia de hacer política que, con todas sus imperfecciones, había sido una de nuestras principales fortalezas colectivas.