No sabemos qué porcentaje de las necesidades de cuidado en situaciones de dependencia se están cubriendo con trabajadoras de hogar. El Parlamento Vasco le dio al Gobierno de Urkullu un plazo de 9 meses para hacer un estudio sobre su situación laboral y cuáles eran las necesidades a las que atendían. El plazo terminó en noviembre de 2017, y el estudio no se ha presentado todavía. En diciembre de 2018, a una pregunta parlamentaria, la responsable del Departamento de Empleo respondió que estaba próximo a publicarse. El Gobierno Vasco no quiere saber, o no quiere que se sepa cuál es el panorama.

Por su parte, la Diputación de Bizkaia regula las condiciones de acceso a residencias, centros de día, prestaciones económicas de asistencia personal, cuidado en el entorno familiar… y también inspecciona el correcto funcionamiento del sistema. Por ese motivo, la ATH-ELE pidió a la Diputación que quienes acudían a los domicilios para realizar la valoración de la dependencia, tomaran nota de los casos en los que se estaban utilizando los servicios de una trabajadora de hogar, así como de sus condiciones de trabajo. Se negaron en redondo a indagar sobre condiciones, e incluso nos respondieron que el dato de si se tenía contratada ayuda externa no se introducía en el expediente informatizado. Eso, aún siendo un elemento con el que se cuenta para configurar el Plan Individual de Atención, por ejemplo, para saber si la persona necesita o no ser ingresada en una residencia.

De la misma manera, el Estatuto de la Persona Cuidadora que la Diputación de Bizkaia puso en marcha en junio del año pasado se dirige únicamente a las familiares de quienes perciben la prestación de cuidados en el entorno familiar. Medidas como cursos de formación en seguridad y ergonomía en las labores de cuidado, controles médicos específicos, proporción de medios técnicos de apoyo… no se contemplan para las que cuidan con un contrato de trabajo. Y esto no es decir cualquier cosa: trabajadoras que tienen que movilizar a diario personas y que dejan un empleo porque ya no pueden más, se enteran luego de que la familia consiguió por fin una grúa o una cama articulada que hubiesen aliviado la penosidad de su trabajo. Pero claro, la cuidadora que no cuida directamente tenderá a no percibir necesidades de apoyo.

En la mayoría de los casos, la manera de gestionar las prestaciones de la dependencia está dirigida a la contratación de empleo de hogar. El proceso es el siguiente: en una situación de necesidad, la familia contrata una trabajadora porque es la solución más rápida y carente de las incertidumbres sobre el qué, cómo y cuándo de las prestaciones que pueda ofertar el sistema de servicios sociales. Si hay que cubrir muchas horas diarias, contratará una interna, que en uno de cada cuatro casos no tiene papeles (Estadísticas 2018 ATH-ELE). Pero ésta no debe temer que le deporte la Policía: debe saber que se cuenta con su existencia, que es uno de los recursos del sistema de atención a la dependencia.

Cuando la contratación se realiza por la vía de una agencia de colocación, la intermediación es lo de menos: lo que la agencia garantiza es la rápida sustitución de bajas, ceses, vacaciones, y descansos. La agencia puede no tener papeles tampoco, no estar autorizada, funcionar en B para cobros y pagos, pero también se sabe necesaria y opera sin ser molestada: alguien tiene que funcionar a la altura de necesidades de cuidado que no admiten listas de espera.

Y al final del proceso de tramitación de las prestaciones de la Dependencia, cuando la familia tiene ya contratado empleo de hogar, el Plan Individual de Atención de la Diputación reconocerá fácilmente la prestación para cuidados en el entorno familiar: 521 euros al mes en los casos más graves.

Frente a esto, que son 17 euros al día, el gasto se multiplica con el coste de los servicios de residencia y centro de día en 2019: la residencia, en torno a los 89 euros diarios dependiendo del grado de dependencia, y la plaza en centro de día, de 52 a 63 euros.

Según los datos publicados por el Sistema Estatal de la Dependencia, a 30 de abril de 2019 en la Comunidad Autónoma Vasca había 33.577 personas percibiendo la prestación para cuidado en el entorno familiar, lo que supone el 40,17% de personas beneficiarias de prestaciones. Con su habitual opacidad, la Diputación no hace públicas las cifras de Bizkaia, por lo que me tengo que referir a los datos de diciembre de 2017, obtenidos a partir de una petición de información realizada por EH Bildu. Entonces, eran 17.042 las personas que cobraban una prestación que no exige cuidado directo, basta con el compromiso de supervisión.

Aquí encaja la trabajadora de hogar interna, parte de cuyo salario se pagará con los 521 euros, y que en el 73% de los casos trabajará más de sesenta horas semanales, en el 12% no podrá dormir ni ocho horas seguidas, en el 31% no tendrá ni dos horas libres al día, y así todo.

La concentración que hemos hecho, en conjunto con sindicatos y organizaciones sociales, el lunes día 20 de mayo delante de la Diputación de Bizkaia ha sido para decir que nosotras sí que sabemos lo que está pasando.