(Segunda parte de “¿Autogobierno u obediencia fiscal?”)

Todo este desaguisado tiene su origen en una obsesión: la centralización del Estado español, un proyecto iniciado ya en tiempos de Isabel II. Su objetivo era claro: disolver cualquier resto de soberanía interna en nombre de la unidad de España. Y la víctima más directa de esa política fue Nabarra, que en 1841 seguía siendo, formalmente, un Reino. Aunque ya estaba sometida territorial y judicialmente –con jueces, tribunales y estructuras impuestas desde Burgos y Madrid–, conservaba aún una institucionalidad propia. Sobre todo en el ámbito económico: todo lo que se recaudaba en Nabarra se gestionaba desde Nabarra y se quedaba en Nabarra. Y he ahí el quid de la cuestión.

La llamada «ley paccionada» de 1841 no fue un pacto entre iguales, sino una maniobra cuidadosamente diseñada para despojar a Nabarra de su condición de Reino y reducirla a la categoría de provincia española. Madrid no podía tolerar que existiera, siquiera de forma nominal, un Estado con hacienda propia y capacidad fiscal dentro de su arquitectura centralista.

Aquel paso fue decisivo: con él se liquida de facto el último vestigio de soberanía institucional y económica del Estado nabarro. Lo que se presentó como un acuerdo bilateral fue, en realidad, la imposición de una derrota política y militar tras las guerras carlistas. La «ley» no fue sino la legalización del despojo, un acto nulo de derecho en la medida en que convirtió por decreto un Reino soberano en una provincia sometida.

Sus consecuencias fueron inmediatas: se impuso la mili obligatoria (los llamados quintos), se suprimió la exención histórica de los nabarros frente al servicio militar castellano, y se instauró el impuesto de conquista, disfrazado bajo el nombre de «cupo económico». Todo ello con el mismo objetivo: integrar forzosamente a Nabarra en el engranaje político y militar de la monarquía española, borrando la continuidad de sus instituciones propias.

Con el paso de las décadas, poco cambió. La monarquía borbónica, en crisis permanente, fue expulsada dos veces –con Isabel II y con su nieto Alfonso XIII–, pero Nabarra siguió bajo dominio español, con reyes o sin ellos.

En 1936, José Antonio Aguirre y Lecube proclamó el Estatuto de Autonomía de Euzkadi. A nivel institucional, esta entidad funcionó brevemente como un cuasi-Estado: tuvo moneda, ejército y estructuras propias. Sin embargo, jamás se proclamó como Estado independiente, sino como estatuto autonómico. Una vez más, Nabarra quedó fragmentada: solo Bizkaia y parte del territorio de Gipuzkoa se adhirieron a esta fórmula. El resto del país, incluida la Alta Nabarra, quedó fuera del marco político de «Euzkadi».

El legado de los Borbones pervivió con el franquismo. El general Franco fue elevado al poder con el respaldo de Alfonso XIII desde el exilio, y con la ayuda militar de Hitler y Mussolini. Durante cuarenta años, la centralización se impuso por la fuerza. Al morir el dictador, Juan Carlos de Borbón fue autoproclamado jefe del Estado, tras haberse saltado el testigo de su padre Juan que nunca fue Rey y de su hermano mayor muerto accidentalmente con un tiro en la sien por Juan Carlos que tenía 18 años y la monarquía volvió a asentarse sin que se consultara jamás al pueblo.

Lejos de resolverse, el problema de la centralización se ha podrido. Como dijo irónicamente Esperanza Aguirre –cuando todos sus altos cargos fueron imputados por corrupción–: «me han salido ranas». Pues eso mismo le ha ocurrido al Estado español: primero en Cataluña, luego en Bizkaia, y después en otras partes del Estado. La frase refleja bien el descontrol de un sistema que pretendía aparentar legalidad mientras encubría una maquinaria de poder profundamente corrompida. Lo mismo ocurre hoy: los intentos de domesticar el autogobierno les «salen rana», porque el control genera resistencias, y la autonomía impuesta acaba revelando su propia falsedad.

Además, lejos de aplacar la voluntad soberanista de Nabarra por recuperar su Estado propio, lo que ha provocado es el auge de nuevos nacionalismos, como el nacionalismo vasco moderno, que antes no existía como tal. Porque antes de que existiera “Euskadi”, todo era Nabarra.

Este sentimiento queda claro en las palabras de Manuel de Irujo, quien afirmó:

–«Yo soy navarro con toda mi alma… y vasco hasta la última gota de mi sangre».

También lo resumía Telesforo Monzón con rotundidad:

-«Nabarra es la madre, y las demás somos hijas que tenemos que volver al hogar materno».

Por su parte, José Antonio Aguirre reconocía en sus memorias que la referencia política natural era Nabarra, no «Euzkadi». En "De Gernika a Nueva York, pasando por Berlín", criticó la invención de fórmulas nuevas sin base histórica y afirmó que debió haberse seguido la vía navarra como eje vertebrador de la soberanía vasca:

-«De haber seguido la línea navarra, se habría evitado mucho desconcierto. Nabarra era un Estado, con instituciones, con historia, con derecho, con hacienda. En lugar de apoyarnos en esa tradición real y viva, se quiso inventar lo nuevo: y lo nuevo, cuando no se apoya en la raíz, acaba en morralla».

Esa raíz, mutilada desde 1841, sigue hoy viva en la memoria histórica, en la voluntad de autogobierno real y en la reivindicación de un sujeto político propio: Nabarra, la madre.

Hoy en día, el legado centralizador iniciado por Isabel II continúa. La dinastía Borbón cuenta con aliados políticos de corte neofranquista como Vox, partido que muestra una abierta simpatía por Israel y que mantiene buenas relaciones con la Casa Real, reforzadas por afinidades ideológicas y respaldo mediático. Su dirigente, el bilbaíno Santiago Abascal, aspira a un liderazgo autoritario y repite una y otra vez: «con nosotros desaparecerán las comunidades autónomas». En Vox, el más irrelevante aspira a ministro de Cultura y hasta hay dirigentes investigados o buscados por la justicia que sueñan con carteras de Estado.

Por eso, la ley paccionada y sus derivados –Convenio y Concierto– no son privilegios ni «derechos históricos», sino mecanismos fiscales impuestos tras la conquista para financiar a una estructura de poder: la Casa Real, el Ejército y la Guardia Civil.

Noiz arte?