Ya hizo hace poco unas declaraciones en la misma línea contra los profesores de ideología abertzale que trabajan en la red pública de la enseñanza; y más recientemente ha abierto el abanico a otros sectores de la administración, intentando culpar de intenciones ocultas a los navarros abertzales por el simple hecho de acceder a trabajos de oferta pública o querer ascender de categoría profesional en ese ámbito. Aduce, sin pruebas de ningún tipo, que responden a estrategias de ETA para acceder a puestos de poder (dice que hay documentos de ello, pero no aporta ninguno).

Da por sentada, y esa es, sin duda, su oscura intención última, una grave identificación entre ETA y toda persona de ideología abertzale, lo que carece de todo fundamento jurídico y está lejos de lo que cualquier ciudadano mentalmente sano ve y conoce. Me pregunto si sería denunciable judicialmente esa difamación contra miles de ciudadanos navarros.

¿Cuantos profesores hay en la red pública –de la privada ni hablamos- de UPN? ¿ Se presentarán los simpatizantes de UPN a las plazas para ascender de categoría en la administración? ¿Ellos si pueden «ideologizar» y ocupar cargos de responsabilidad en la Administración, pero los demás no? Por cierto, de los simpatizantes de UPN en esos sectores no da porcentajes.

Son declaraciones peligrosas e inaceptables que pretenden criminalizar a importantes sectores de ciudadanos con plenitud de derechos, los cuales se intenta cercenar de forma engañosa e inmoral por un gobierno ya descontrolado en su decadencia ética y política.

Y, por si fuera poco, quien por su cargo debiera ser especialmente prudente en la corrección de sus declaraciones públicas, el Ministro de Interior, va y se hace irresponsablemente eco de esas falacias. Absurdo y ridículo si no fuese tan serio.