Estos días se ha publicado en prensa el informe de la letrada municipal suspendiendo el procedimiento judicial y revocando la resolución del Ayuntamiento de Donostia que nuestra asociación recurrió. En la rueda de prensa, el pasado 24 de enero, denunciamos públicamente que, en este expediente, se autorizaba el pase de un establecimiento hostelero a un grupo superior, sin base legal, en el que participaban dos personas con vínculos familiares, motivo de sanción para cualquier funcionario en activo.

En nuestra denuncia, señalábamos también que este no era el único expediente en que ambos, madre e hijo, jefa de servicio e ingeniero, aparecen incumpliendo la ley de incompatibilidades.

Tenemos conocimiento de cuatro expedientes más, en que han intervenido, madre e hijo, que han sido comunicados a la concejala y al director de Urbanismo.

El Ayuntamiento tiene que depurar responsabilidades, investigar en cuántos casos más se ha producido esa relación familiar y tomar las medidas legales pertinentes.

Sobre esta ilegalidad ya informamos, oralmente, en 2017, a una funcionaria de la Comisión de Presidencia del alcalde, sin que hasta la fecha hayamos recibido ninguna respuesta.

Pero estos hechos, aun siendo muy graves, no son más que la punta del iceberg, el reflejo de una forma de proceder que está instalado en el Ayuntamiento con el amparo del equipo del gobierno municipal. Una pauta, un «modus operandi» que solo es comprensible desde el apoyo político del PNV y el PSE.

Se interpretan y retuercen interesadamente las ordenanzas. Se relaja la aplicación de las normas. Se cierra los ojos ante incumplimientos visibles. Se protege al sector económico omnipresente en la Parte Vieja. En definitiva, se prima la actividad hostelera.

Esta omisión del deber de actuación del gobierno municipal frente a incumplimientos de la legalidad urbanística, a la vista de cualquiera, también de los responsables de hacer cumplir las normas, es un procedimiento habitual, sistemático, que se produce de formas diferentes. Por poner algunos ejemplos:
 
42 denuncias registradas por nuestra asociación que dicho gobierno ha pretendido empaquetar a la Diputación. Pero el Ararteko y el informe del servicio jurídico de la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento pusieron patas arriba el argumentario utilizado en Urbanismo, reprobando la inhibición del Ayuntamiento. Infracciones de casi tres años, tres años en los que algunos establecimientos hosteleros han campado a sus anchas.

Tras las 50 denuncias por parte de nuestra asociación de locales que se estaban utilizando por establecimientos hosteleros sin licencia de actividad (sin que, tampoco, hubiesen sido detectados anteriormente por el Ayuntamiento), en el pleno de junio de 2024 se aprobó una moción de EH Bildu para suspender (moratoria) por un año la concesión de licencias de locales que se venían utilizando como servicios auxiliares de algunos locales hosteleros. Se instaba al gobierno municipal a dar una respuesta formal y razonada al escrito presentado por la asociación de comerciantes de la Parte Vieja, «Zaharrean», y nuestra asociación. Más de medio año más tarde, ninguno de los dos colectivos ha recibido comunicación alguna, mientras, se continúan legalizando locales como almacenes.

Negación de información para realizar un seguimiento de los expedientes, lo que nos ha obligado a recurrir a la Comisión Vasca de la Información de la CAV. Siempre nos ha dado la razón.

Falta de respuesta a las denuncias que obliga a reenviarlas mes a mes al no recibir contestación. Controles realizados muchas semanas después en donde no se hallan infracciones. Denuncias por ruido a las que se acude más tarde, o simplemente no se acude por no tener agentes disponibles. Expedientes sucesivos abiertos a un establecimiento, hasta siete, en los que no se tiene en cuenta la reincidencia para graduar la sanción impuesta, limitándose una sanción leve a 150 euros y que se pueden quedar en 90 euros por pronto pago. Las faltas leves podrían ascender hasta 750 euros.

En el caso de una falta grave, a una multa se añade la sanción de 15 días sin terraza propuesta por los técnicos que el concejal rebaja a 2 días de agosto y que, tras solicitarlo el titular del establecimiento, se traslada a 2 días de octubre (lunes y martes).

Hechos sancionables y, con dificultades sancionados, pero que dejan de serlo a partir de una fecha porque el concejal así lo decreta, pese a la opinión contraria de los técnicos.

Expedientes que se tramitan tarde y decaen porque prescriben.

El árbitro de los intereses de la ciudadanía, la autoridad municipal, u otro servidor público, no puede seguir manteniendo resoluciones tan arbitrarias en asuntos administrativos a sabiendas de que dichas resoluciones son injustas y contrarias a la ley.

El PNV y el PSE deben cambiar de rumbo y dejar de proteger las ilegalidades e infracciones que se están produciendo en la Parte Vieja.