La legalidad es evidente. Cotizan en el paraíso fiscal una calderilla simbólica, el 0,1%, y evitan la fiscalidad europea, la de sus empresas y las propias. Mientras, el resto de europeos cotizamos por encima del 15% y las empresas pequeñas o los trabajadores autónomos entre el 24% y el 28%. La desigualdad aumenta. Oxfam nos lo acaba de recordar. Los acaudalados son cada vez más poderosos, las 62 personas más ricas tienen tanto como 3.500 millones de personas. Todo legalmente.

Y así será, probablemente. Nadie habla de moral, doble o sencilla, ni de ética, siquiera humanista. Esas cuestiones únicamente parecen afectar a los subversivos, a los que se trasladan a pie, sin coche oficial. Los ladrones de guante blanco, en los consejos de administración y en las bancadas de la carrera de San Jerónimo, gozan de privilegios, aforamiento, jubilaciones de lujo, contratos blindados. El presidente de la Cámara, socialista vasco, disfruta ya de un palacete en Madrid con los lujos imaginables, gimnasio incluido.

El diccionario hispano tiene un sinónimo idéntico para derechos y privilegios: prerrogativa. Con derechos, sin embargo, se asocia la libertad. Con privilegios, sorpréndanse, también la libertad. Por eso será que cuando la justicia y la dignidad claman por los derechos de la mujer, los dueños del machismo consideran a esos derechos privilegios. Cuestión de semántica, dirán. Y así es. Pero mucho más. Esos mismos dueños son los que construyen el diccionario. El de las letras y el de la legalidad.

Una legalidad que como percibimos, no significa justicia. Si echamos la vista atrás nos trastornaríamos con todo aquello que ha tenido abrigo legal, desde la esclavitud hasta el pago con vales canjeables en vez de dinero por jornada trabajada. Una legalidad que parece ser la cobertura para frenar precisamente los derechos inherentes a la condición humana.

Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la vida, derecho a una infancia saludable. Papel mojado frente a los privilegios, los de los banqueros, los de los señores de la guerra, los de aquellos que convierten el sudor ajeno en dólares, en euros. Los jueces, tan solidarios como los agentes policiales, como los militares, certificarán esa legalidad.

Una legalidad que, en nuestro caso, tiene incluso efectos retroactivos. Acaban de prohibir un homenaje a los navarros Jokin Artajo y Alberto Azurmendi, muertos en 1969 al explotarles un artefacto que manipulaban. Ha pasado casi medio siglo y sin embargo la legalidad de entonces parece válida.

Entre las razones de la prohibición una especialmente asombrosa. Artajo y Azurmendi pertenecían a EGI, juventudes del PNV. Y ambas organizaciones eran, entonces, ilegales (sic). La «amnistía» de 1977 aplicada a los de la casa celtíbera, Billy el Niño y el capitán Jesús Muñecas. Derechos y privilegios. Incluso a la hora de llorar.

Los privilegios son tan evidentes, nada que ver con libertades, siquiera lo contrario, como que la levadura infla la harina. El ya fallecido Emilio Botín, el banquero de la Marca España, eludió sentarse en el banquillo tras una estafa a miles de clientes, las «cesiones de crédito». La Doctrina Botín la legalizó el Supremo, a la carta. Botín y sus ejecutivos se enfrentaban a una petición de 180 años de cárcel. Fueron privilegios, porque luego Atutxa por reunirse con Sozialista Abertzaleak, y “Egunkaria” fueron juzgados a pesar de que ni fiscal, ni acusación particular se personaron en sus causas, como ocurrió en el caso Botín.

Recorriendo los privilegios, esta semana se ha sabido que Jesús Figón, un comisario que ha aparecido involucrado en la guerra sucia contra militantes vascos y que mató a su esposa en Brasil, donde residía al ser delegado de Interior, ha sido nombrado consejero asesor en la Embajada. Figón, a quien defenderá en el juicio aún por celebrar su amigo Baltasar Garzón, se había jubilado de su puesto en la Policía Nacional y por tanto perdía su inmunidad diplomática. Con el nombramiento la recupera.

Privilegios que no dejan de percibirse en todos los rincones de la Piel de Toro, que afectan a sus élites de forma escandalosa, y también a los agentes que les custodian. ¿Cuántos torturadores condenados han sido indultados en las últimas décadas? Entre 1996 y 2015, los ministros de Justicia españoles, tanto del PSOE como del PP, han concedido 10.512 indultos. Estafadores, traficantes, policías... con un espectacular pico en 2000. En ese año Margarita Mariscal de Gante indultó a 1.744 condenados. La Justicia no es igual para todos.

Descubrimiento que nos lleva a asegurar que sí existen privilegios, vaya que sí, y que no todos tenemos derechos. Ni siquiera los mismos. Las declaraciones de igualdad son una gran mentira. Esa realidad virtual que nos colocan cada mañana en las tertulias, en las portadas de lo diarios, en los anuncios televisivos, están destinadas a hacernos creer que los privilegios son necesarios para que no se produzca el caos, para evitar que el mundo se derrumbe.

Qué lógica tiene esa retirada de unos céntimos grabados de más, con respecto al resto, a las Grandes Fortunas que impuso el equipo foral anterior en Gipuzkoa? Ninguna, en su valor efectivo. Porque esos acaudalados vividores de la especulación o de la plusvalía ajena ya tributaban en Madrid, escondían sus cartas en una o varias SICAV o hacían uso de su vasquidad (o españolidad en su caso), en los que ahora llaman eufemísticamente paraísos fiscales, antiguos territorios liberados por filibusteros de pata de palo.

La razón de semejante retroceso está en lo simbólico, que es una parte de lo virtual, eso que se asienta en el inconsciente colectivo. Todos podemos ser Silvio Berlusconi, con un poco de empeño. Mensaje diáfano, mensaje directo. La pasta, ni tocarla.

Los Tax haven, refugios fiscales que en castellano llaman «paraísos fiscales» tras una mala traducción francesa (Tax heven), no se concentran únicamente en Panamá. ¿Suiza, la pulcra? Islas Caimán, Bahamas, Liechtenstein, Gibraltar, Mónaco... No son 200.000 empresas tapaderas, son millones las desparramadas por el mundo, para evitar que, como siempre, tribute el que más tiene.

Y conseguir que cuando el Tren de Alta Velocidad reste diez minutos el trayecto entre Donostia y Bilbao con respecto al autobús, después de una inversión multimillonaria, no sean los que más tienen y lo usen los que paguen semejante barbaridad, sino, en proporción, los trabajadores de Arcelor Mittal de Zumarraga, por ejemplo.

Que cuando los bancos especulativos dejen un agujero negro capaz de tragarse a la Vía Láctea, sean los usuarios de Osakidetza, Osasunbidea o el centro de salud de Mataporquera los que tengan que hacer frente a su rescate, por ejemplo. Para que los consejeros de esas entidades puedan recibir sus bonus, sus sueldos millonarios que les permitirán en 2020 ser más ricos aún que en 2016.

Que cuando el Ministerio de Defensa anuncia la compra de cinco fragatas F-110 por 4.000 millones de euros, el pago no recaiga en las arcas estatales, sino en los funcionarios que dejaron de cobrar su paga navideña por orden de Rajoy. Exactamente 4.000 millones de ahorro, el coste colectivo de la paga, para pagar cinco fragatas.

No hay derechos, ni individuales ni colectivos. No hay ni humanidad, ni decencia, ni vergüenza, ni ética, ni moral siquiera cristiana. Hay, en cambio, un gran despojo de magnitud extraordinaria cuya expresión diaria nos la exhiben con altanería ese puñado de privilegiados que, para más inri, dicen tener patria.