En las sociedades contemporáneas, el desempleo, la pobreza y la exclusión social suelen considerarse consecuencias desafortunadas pero inevitables de los procesos económicos. Sin embargo, desde una perspectiva sociológica y político-económica crítica, estos fenómenos pueden comprenderse no como sucesos aleatorios o naturales, sino como expresiones de violencia estructural, un concepto acuñado por Johan Galtung (1969). La violencia estructural se refiere a las formas sistemáticas en que las estructuras sociales perjudican o desfavorecen a los individuos al impedirles satisfacer sus necesidades básicas. Dentro de los sistemas capitalistas, dicha violencia está arraigada en la propia organización de la producción, los mercados laborales y las jerarquías sociales. Este ensayo sostiene que el desempleo, la pobreza y la exclusión social no son fallos accidentales del capitalismo, sino mecanismos integrales que sustentan su lógica de acumulación, competencia y control. Basándose en la teoría marxista, la política social crítica y los análisis contemporáneos del capitalismo neoliberal, el ensayo explora cómo estas condiciones funcionan como resultados e instrumentos de violencia estructural.

El capitalismo, como modo de producción, se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la búsqueda de ganancias mediante el trabajo asalariado. El análisis de Karl Marx en El Capital (1867) reveló cómo la economía capitalista depende de la explotación del trabajo: la extracción de plusvalía de la actividad productiva de los trabajadores. Sin embargo, la explotación por sí sola no abarca la totalidad del daño capitalista. La violencia estructural amplía este análisis al destacar las formas en que las estructuras sociales e institucionales normalizan la privación, invisibilizando o justificando la desigualdad. Bajo el capitalismo, la violencia no es solo física, sino sistémica, y se manifiesta en políticas, mecanismos de mercado y estructuras ideológicas que distribuyen las oportunidades de vida de manera desigual. Como señala Galtung (1990), la violencia estructural se manifiesta cuando las estructuras sociales ponen a los individuos en peligro, limitan su capacidad de acción o les niegan el acceso a los recursos necesarios para la supervivencia.

La dinámica competitiva del capitalismo garantiza que no todos puedan prosperar; requiere un «ejército de reserva de mano de obra» (Marx, 1867) para mantener la presión a la baja sobre los salarios y disciplinar a la clase trabajadora. El desempleo es, por lo tanto, estructuralmente necesario: es la sombra que sostiene la luz de la rentabilidad. Los desempleados no son simplemente quienes «fracasan» en encontrar trabajo, sino víctimas de un orden económico que requiere una población excedente para funcionar eficientemente. Esta dependencia sistémica de la desigualdad expone la contradicción moral del capitalismo: si bien pregona la libertad y la oportunidad, se basa en la privación y la exclusión para perpetuarse.

El desempleo, visto desde la perspectiva de la violencia estructural, trasciende la mera falta de trabajo. Representa una forma institucionalizada de inseguridad y sufrimiento psicológico. Las ideologías neoliberales lo presentan como una falla personal —derivada de la pereza, la falta de habilidades o malas decisiones—, despolitizando así sus orígenes estructurales. En realidad, el desempleo se produce y se gestiona mediante ciclos económicos, automatización y competencia globalizada. David Harvey (2005) argumenta que el compromiso del neoliberalismo con la flexibilidad laboral y la desregulación ha intensificado el trabajo precario y el subempleo crónico, reforzando la vulnerabilidad en todas las clases sociales. Las personas desempleadas se enfrentan tanto a la privación material como a la violencia simbólica (Bourdieu, 1998): estigmatización, pérdida de dignidad y exclusión de la participación social. Los sistemas de bienestar, a menudo sometidos a medidas de austeridad, refuerzan estas dinámicas al imponer condicionalidades punitivas, como programas de trabajo obligatorio o sanciones, que disciplinan a los beneficiarios en lugar de empoderarlos. Esta humillación institucional ejemplifica cómo el capitalismo externaliza sus fracasos sobre los individuos, transformando la violencia estructural en culpa y vergüenza internalizadas.

De igual modo, la pobreza no es una aberración del capitalismo, sino uno de sus principios organizativos. Crea una base para la mano de obra barata y legitima las jerarquías esenciales para la acumulación de capital. En el análisis de Wacquant (2009) sobre la «marginalidad avanzada», la pobreza en las sociedades postindustriales está contenida espacial y socialmente: se la margina en las periferias urbanas y se la estigmatiza mediante discursos racializados y clasistas. Los pobres no solo carecen de ingresos, sino que se les construye simbólicamente como «indignos», legitimando así la gobernanza punitiva.

El capitalismo global exacerba esta dinámica mediante lo que Farmer (2004) denomina «violencia estructural a escala global». Las corporaciones transnacionales explotan la mano de obra en el Sur Global, donde los bajos salarios y la mínima protección generan condiciones de dependencia y empobrecimiento. Simultáneamente, las instituciones financieras globales imponen regímenes de austeridad y endeudamiento que desmantelan los sistemas de bienestar tanto en el Norte como en el Sur Global. La pobreza se convierte, por lo tanto, en una expresión transnacional de la violencia estructural capitalista, mantenida mediante la coerción económica y la hegemonía ideológica.

La exclusión social opera como la expresión cultural y política de la violencia estructural. No solo priva a las personas de recursos materiales, sino que también erosiona su sentido de pertenencia social y su voz política. Zygmunt Bauman (2004) conceptualizó las «vidas desperdiciadas» de la modernidad: aquellas que la eficiencia capitalista vuelve superfluas. Las poblaciones excluidas, ya sean desempleados de larga duración, migrantes o trabajadores precarios, encarnan los desechos del capitalismo: individuos despojados de valor económico y reconocimiento social.

La gobernanza neoliberal exacerba la exclusión al sustituir la solidaridad colectiva por la responsabilidad individual. Los estados de bienestar, otrora fundamentados en los derechos sociales, han adoptado cada vez más la lógica del mercado, transformando a los ciudadanos en consumidores y los derechos en mercancías. La exclusión social se convierte así en un medio de control, que mantiene el orden social mediante el temor a la marginación. Quienes quedan excluidos se ven desempoderados políticamente y su sufrimiento se normaliza como daño colateral del progreso económico.

Entender el desempleo, la pobreza y la exclusión como formas de violencia estructural replantea la política social y la resistencia política. En lugar de abordar estos problemas mediante intervenciones caritativas o soluciones tecnocráticas, un enfoque estructural exige la reorganización de las propias relaciones económicas. La redistribución, la renta básica universal y el control democrático de la producción se citan a menudo como posibles contramedidas. Sin embargo, como advierte Nancy Fraser (2019), las reformas dentro del capitalismo pueden ser fácilmente instrumentalizadas, a menos que cuestionen la lógica subyacente de la acumulación y la mercantilización.

Los movimientos por la justicia social y económica —como la revitalización de los sindicatos, las campañas contra la austeridad y las iniciativas de decrecimiento— representan intentos de denunciar y resistir la violencia normalizada de las estructuras capitalistas. Al reivindicar la capacidad de acción colectiva y reimaginar el valor más allá del lucro, estos movimientos confrontan las raíces morales y materiales del sufrimiento social.

El desempleo, la pobreza y la exclusión social no son efectos secundarios desafortunados del capitalismo; son sus condiciones constitutivas. Desde la perspectiva de la violencia estructural, estos fenómenos revelan cómo los sistemas capitalistas perpetúan el daño no mediante la coerción manifiesta, sino a través de la privación y la exclusión normalizadas. Esta violencia es lenta, burocrática e invisible, arraigada en las reglas económicas, los marcos políticos y las narrativas culturales que perpetúan la desigualdad. Reconocer esta violencia es el primer paso para transformarla. La verdadera emancipación exige no solo aliviar la pobreza material, sino también desmantelar las estructuras que hacen necesarias la pobreza, el desempleo y la exclusión. En este sentido, la lucha contra la violencia estructural es, en última instancia, una lucha por una sociedad poscapitalista basada en la solidaridad, la igualdad y la dignidad humana.