Para hacer una lectura de cómo estamos en la batalla por la igualdad es importante tener una pequeña muestra de datos en los que se refleja la situación actual de las mujeres:

En datos de pobreza, como perceptoras de la renta de garantía de ingresos las mujeres representan el 59%. Si miramos a las mujeres inmigrantes, estas entre el colectivo de personas inmigrantes representan el 54%. El 95,4% de hogares con un solo progenitor corresponde a hogares cuyo progenitor es una mujer (hogares monomarentales).

A esta situación hay que sumar que entramos en 2014 con leyes que profundizan el recorte de derechos. Y, cómo no, algunos de estos cambios con una incidencia significativa en la perpetuación de la desigualdad de las mujeres respecto a los hombres.

En ningún caso, reivindicar (y luchar por) la igualdad entre hombres y mujeres quiere decir que las reformas aprobadas por el gobierno de Rajoy no tengan en sí mismas un impacto negativo en el conjunto de la clase trabajadora; pero hoy queremos destacar su incidencia en la desigualdad histórica que arrastramos las mujeres.

Entre las medidas aprobadas, se da una vuelta más al contrato a tiempo parcial, ocupado a día de hoy mayoritariamente por mujeres (no por propia elección, sino por las dificultades para acceder a un empleo de jornada completa). Esto era así antes de la crisis y ahora se está agudizando. La nueva modificación introducida empeora sustancialmente la regulación de las horas complementarias, dejando en manos del empresariado la vida laboral y familiar de las personas con este tipo de contrato, al reducir el tiempo de aviso para la realización de estas horas de 7 a 3 días y eliminar la posibilidad de consolidar mayores jornadas de trabajo. Esto, en el caso de las mujeres, supone tener que hacer malabares para organizar el conjunto de tareas que tienen a su cargo. Hasta el 2013 el 90% de estos empleos ha estado ocupado por mujeres.

La patronal lleva tiempo demandando trabajadores y trabajadoras con jornadas flexibles, a demanda de trabajo. Este asunto, que a petición de los y las trabajadoras podría suponer mejoras para la conciliación, en manos de la empresa supone dejar las vidas a su disposición. De flexibilidad las mujeres saben mucho, ya que están obligadas a adaptarse (con el abandono de sus propias vidas) al sostenimiento del hogar, a las exigencias del mercado laboral y al cuidado de las personas de su entorno. Todo ello con días de 24h.

La revalorización de las pensiones por debajo del IPC, que supone una pérdida de poder adquisitivo, agudiza de forma alarmante la situación de pobreza de miles de mujeres que viven con pensiones mínimas.

Ni que decir tiene que, de nuevo, la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI), condena a miles de trabajadoras a seguir viviendo con salarios de miseria al tener como referencia salarial este índice. Hay que destacar que, teniendo en cuenta que en 5 años el IPC ha crecido un 8,7%, la congelación del SMI por otro año más es seguir condenando a la pobreza a personas con empleo.

El permiso de paternidad, aumentado en 2009 hasta las cuatro semanas de forma progresiva, sigue estancado en 13 días, quedando aplazada nuevamente su aplicación (cuatro semanas) al 1 de enero de 2015. De esta forma se sigue dificultando el camino hacia la corresponsabilidad en los cuidados de hombres y mujeres, dejando una vez más aparcada la igualdad efectiva.

Las mujeres siguen teniendo salarios y, por tanto, nivel económico más bajo que los hombres.

Las políticas de recorte y ajuste están haciendo que aumenten las desigualdades entre mujeres y hombres, fomentando la dependencia económica y conduciéndonos a pasos agigantados a un escenario donde las mujeres encuentran más dificultades para independizarse y ser autosuficientes, cuando la carga de trabajo y responsabilidad es generalmente mayor a la de los hombres.

A todo esto, en estos momentos se vuelve a poner en cuestión la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Se pretende tutelar, velar e incluso enseñar a las mujeres que cuando toman la decisión de abortar lo hacen sin la suficiente reflexión, siendo necesario que el Estado, mediante una ley restrictiva, establezca lo que se debe o no hacer en esta materia. La ley de Gallardón o ley de protección al no nacido.....

Ahora nos quieren hacer tragar con ruedas de molino retrotrayéndonos a épocas del pasado cuando centenares de mujeres trabajadoras y con pocos recursos perdían la vida en abortos ilegales mientras las mujeres con posibles (y de derechas) se iban a Londres a abortar en condiciones seguras.

No es casualidad que sean ellos, quienes ostentan el poder, junto con ellos, quienes se proclaman cuidadores de almas, los que se atreven a comparar el cuerpo de la mujer a la casa del no nacido y por tanto al aborto con el desahucio; ellos los que vuelven a valorar a la mujer como ser procreador y no como sujeto de derecho maduro y libre de tomar decisiones; ellos que no se ruborizan ante el hambre de tantas personas (hombres, mujeres y niños y niñas) que no tienen lo básico para vivir y a quienes se les quitan y recortan ayudas a la subsistencia, ellos que recortan las ayudas a la dependencia y proclaman en alto la obligación de proteger a quienes aún no han nacido.

Por todo ello, exigimos que la interrupción voluntaria del embarazo «deje de estar tipificada como delito en el Código Penal», así como «acceso universal y por igual a la sanidad pública, educación sexual libre de estereotipos sexistas, sana y placentera y regulación de la objeción de conciencia, de forma que no sea un obstáculo». Y dejar claro que  las mujeres «no necesitan tutelajes ni paternalismos de nadie» y«“la mujeres deciden, el estado garantiza y la sociedad respeta».

Hay que salir a la calle y reivindicar el derecho de las mujeres a estar en igualdad de condiciones que los hombres en todos los ámbitos sociales. Para ello exigimos medidas que favorezcan la incorporación de las mujeres, con garantías, en todos los espacios. Y el reconocimiento de las mujeres como sujetos independientes con derechos y libres para tomar las decisiones que consideren oportunas sobre sus cuerpos y sus vidas.

Para conseguir la igualdad jurídica, social, laboral y económica, el camino pasa por tener un marco normativo que garantice los derechos de todas las personas y que implique el reparto de todos los trabajos así como el reparto de la riqueza existente.

Desde ESK, llamamos a participar en todas las movilizaciones que desde las coordinadoras feministas se han convocado para el sábado 8 de marzo en las diferentes capitales y pueblos de Euskal Herria.