El artículo 117.1 de la Constitución española consagra, como columna vertebral del Estado de Derecho, que los jueces han de ser «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley».

La magistrada de la Audiencia Nacional española, Angela Murillo, a lo largo del desarrollo del juicio llamado “Bateragune” que comenzó el 27 de junio de 2011 y finalizó el 16 de septiembre del mismo año, dio muestras evidentes e inquietantes, de su ya conocida virtud de “parlanchina”, lo que es totalmente incompatible con el rango de su función.

A pesar de haber sido recusada, la Sala del 69 de la Audiencia decidió mantenerla en el Tribunal. Un error del que hoy, seguro, nadie es responsable.

Entiendo la situación como una barbaridad jurídico-política, ya que es evidente el “cruce” de intereses que se esconden tras la decisión.

Creo que no debiera magnificarse, aunque no es “un caso más” sí es otro caso tal y como viene siendo notorio a lo largo del tiempo, produciéndose acontecimientos similares en la desatinada confrontación interna, que se da en las instancias judiciales.

En contra del turbio discurso oficialista, describiendo de forma reiterada e interesada, distorsionando la verdad, encasillándola en la totalitaria soflama del ”todo vale” lo que consiguen con la supuesta y equívoca defensa del Estado de Derecho, es confundir a la sociedad, además de situar a los juristas en una tesis que en nada favorece la credibilidad del sistema.

Todo esto que conforma una realidad extremadamente grave, no debiera hacer perder de vista la importancia de lo que está en juego en la Audiencia Nacional española, que no es sino la posición institucional del Poder Judicial en el esquema del Estado de Derecho y el respeto no formal sino “sustancial” de los derechos constitucionales de los procesados.

El Problema, que no es de ahora, y gracias a las más que “sobresalientes” presidencias de los diferentes jurados, que en nada favorecen a la profesionalidad de las instituciones ante la opinión pública y contribuyen de manera más que notable, a la deslegitimación del Poder Judicial, le hacen aparecer como dócil marioneta de otras instancias de poder.

Estamos viviendo tiempos de alejamiento entre el Derecho y la Justicia. Tiempos en que se está recuperando la vieja orientación doctrinal para la que el Derecho Positivo, es también justo. Y esto no es otra cosa que proteger posiciones totalitarias.

En tiempos del franquismo, salvo alguna honrosa y rara excepción, no puede decirse que los jueces hubieran mostrado una actitud de oposición o rechazo al sistema dictatorial del poder. Se refugiaron en una aséptica apoliticidad, cundo no conformidad, basada en el positivismo legalista, siendo ajenos totalmente a la realidad que se vivía en la sociedad.

Exactamente igual que tantos juristas que “actúan” hoy en la Audiencia Nacional española. Lo que me hace pensar que, o son nostálgicos del pasado o personifican una generación judicial que ejercita una creación libre del Derecho.