Una vez constituidos el Parlamento y la Diputación Foral por este singular sistema que difícilmente puede calificarse de democrático, se procedió a designar, por el presidente de la Diputación y por el sistema digital (a dedo), los representantes navarros para la negociación con el Gobierno central del Amejoramiento del Fuero navarro.

La comisión mixta Diputación-Gobierno se constituyó el 19 de diciembre de 1980. La representación de la Diputación Foral estaba compuesta por siete miembros pertenecientes a UCD, PSOE y UPN, se excluyeron a todas las demás fuerzas. La del Gobierno central estaba presidida por el omnipresente Martín Villa.

Esta comisión mantuvo un total de doce reuniones oficiales durante un año y dos meses, durante los cuales nunca se informó de la marcha de las negociaciones al resto de componentes de la Diputación, y únicamente se trató ese tema, de tanta transcendencia para Navarra, en una Comisión de Régimen Foral del Parlamento.

Parece ser que los asuntos espinosos se centraron en la inclusión en la nueva Ley de Amejoramiento del término «pacto» y en la total autonomía de la Cámara de Comptos. Al final, la palabra «pacto» quedó excluida del articulado de la ley (cuestión lógica ya que no puede haber pacto entre conquistado y conquistador). Y la Cámara de Comptos quedó sometida al control del Tribunal de Cuentas del Estado.

Para este resultado no mereció la pena tanto tiempo y tantos viajes a Madrid. Y es que esas dos cuestiones no eran sino tapaderas para vestir unas negociaciones en las que todo estaba determinado de antemano, con el objeto de alargarlas de forma artificial para aproximar la aprobación de la LORAFNA con las elecciones generales de octubre de 1982, y así tapar el hecho de que no fuese sometida a referéndum.

En realidad, la cuestión Navarra-Euskadi ya estaba jurídicamente determinada al margen de las negociaciones de los representantes navarros, en el Real Decreto-Ley 1/1978, de 4 de enero, por el que se creó el Consejo General del País Vasco, en el Real Decreto-Ley 2/1978, de 4 de enero, donde se regulaba del procedimiento para la incorporación de Navarra al Consejo General del País Vasco, y en la Disposición Transitoria 4ª de la Constitución de 1978.

Los Reales Decretos-Leyes fueron un instrumento para impedir, en la práctica, que Navarra pudiera formar parte en la etapa preautonómica del Consejo General del país Vasco. Y la Constitución dejaba bien claro que la actualización del régimen foral de Navarra sólo era posible en el marco de su respectivo Estatuto de Autonomía. Con lo que Navarra quedaba configurada como una comunidad autónoma con una denominación y características específicas, y con una tortuosa vía para su incorporación a un régimen autonómico nuevo. Vía que precisa de la mayoría de los votos favorables en cada uno de los cuatro territorios afectados. Procedimiento que nunca se ha llevado a la práctica en estos cuarenta años.

Mientras tanto, la Diputación ejercía su función gestora de los intereses económicos de la oligarquía. Su defensa de la patronal y de los empresarios se demostró en su negativa a aceptar una reivindicación unitaria de las centrales sindicales en mayo de 1980 para el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y una adecuación de los descuentos del IRPF, mientras a los capitalistas se les liberaba de todo control sobre cotizaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda.

En octubre de 1980 la Diputación Foral echó para atrás un acuerdo del Parlamento Foral, del 2 de julio, por el que se destinaban 1.278 millones de pesetas para financiar a los ayuntamientos y concejos. Cantidad con la que muchas entidades locales contaban y habían ya comprometido desde julio y que en el mes de octubre se encuentran con que la Diputación se las escamotea por la cara.

En abril de 1981 la Diputación Foral retira el apoyo a la Sociedad de Estudios Vascos, entidad que había contado con el respaldo de la Diputación de Navarra desde su fundación en 1918 y que había mantenido su colaboración incluso durante la etapa de Amadeo Marco.

Otro ejemplo del carácter clasista de la Diputación fue el caso FASA. El diario “El País” publicó la noticia, de que un crédito de la Diputación por importe de 81 millones de pesetas concedido a la empresa había sido utilizado para cancelar una deuda de 45 millones de la cual era avalista el señor Del Burgo, presidente de la Diputación que, a su vez era accionista de FASA. Lo significativo de este asunto es que quienes filtraron la noticia al periódico fueron miembros de UCD en la Diputación. Por lo visto Del Burgo es un especialista en ganarse enemigos entre sus propias filas.

Los planes de UCD y la derecha navarra se impusieron a las alternativas que propugnaban la dimisión de la Diputación, una democratización urgente y total de las instituciones forales, así como la celebración de un referéndum para decidir la cuestión Navarra-Euskadi.

Se organizó un Frente de Resistencia que intentó dar una respuesta social a cada paso que daba la derecha. Frente al que nunca perteneció el PSOE, quien intentó, en un primer momento, poner en pie una tercera vía consistente en la creación de un organismo supracomunitario, una especie de «Dieta Vasco-Navarra», encargada de plantear acuerdos entre ambas comunidades. Alternativa que pronto fue desechada y abandonada por los socialistas para sumarse al proyecto de la derecha.

El contexto en el que se producen estos hechos se inserta en uno general a nivel de todo el Estado, en donde las diversas maniobras legislativas estaban acompañadas por una actuación represiva sistemática contra el movimiento obrero y popular, con el objetivo de imponer el proyecto de reforma política. Ahí están los datos irrefutables: 188 personas asesinadas entre octubre de 1975 y diciembre de 1983 a consecuencia de la violencia política por parte de cuerpos policiales o parapoliciales, sin contabilizar las detenciones arbitrarias, torturas, multas, cargas policiales y otras violaciones de derechos y libertades, con más de 1.000 personas heridas por violencia institucional. En el periodo entre 1976 y 1977 no hubo un solo día sin que se produjesen manifestaciones de diversa índole que se acompañaron de cargas policiales que produjeron gran cantidad de personas contusionadas, heridas, detenidas, muertas.

Según Martín Villa tras los asesinatos de Vitoria-Gasteiz en 1976 «se entró en una etapa de bastante normalidad en el ámbito laboral». Para Manuel Fraga los sucesos de Montejurra de ese mismo año (con saldo de dos muertos por disparos de mercenarios pagados por el Estado), zanjó la cuestión dinástica.

Navarra ya era cuestión de Estado. Se combinó el objetivo por imponer el proyecto político del poder económico, abortando el de una Euskadi de cuatro, con el ejercicio de la violencia y el terror entre la población. Y en ambas facetas, el político y el represivo, se encuentra la figura de Martín Villa.

La Marcha por la Libertad recorrió la geografía vasca en los meses de julio y agosto de 1977 sin ningún tipo de problemas, cuando llegó a Pamplona/Iruñea, desde el mismo Ministerio de Interior se impidió que las cuatro columnas confluyeran ni tan siquiera en las campas cercanas a la ciudad, cargando la Guardia Civil de forma violenta contra más de 100.000 personas allí concentradas. El Primero de Mayo de 1978 fue especialmente violento en Pamplona, las cargas policiales causaron veinte heridos. La propia policía reconoce haber disparado 225 pelotas de goma y 170 botes de humo. Poco después, se produjeron los sucesos del 8 de julio en plenas fiestas de sanfermines.

En este contexto se desarrolló la LORAFNA, que fue producto del pacto entre la derecha centralista, la navarra y el PSOE. Y que es el medio por el cual la clase social que impone su modo de producción económica al conjunto de la sociedad, se asegura su hegemonía. Responde a la voluntad histórica de la burguesía de mantener sus privilegios y control social.

No se trata de un pacto entre iguales, sino de un estatuto uniprovincial, con menos competencias que, por ejemplo, la de Euskadi (orden público, tráfico). Se aprobó tras la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómica (LOAPA), que limitaba el alcance de las competencias de las autonomías equiparando todas ellas. Sin olvidar los diecinueve recursos contra leyes forales presentados ante el Tribunal Constitucional por diferentes Gobiernos del Estado.

Y, sobre todo, se le escamotea permanentemente al conjunto de la sociedad navarra el derecho a pronunciarse. Es expresión de la obsesión ant vasca de los caciques navarros y de la entronización de la conquista por las armas del antiguo Reino de Navarra, y su vinculación por la fuerza al Reino de España.

Su aprobación supuso una derrota de los sectores progresistas de Navarra. La LORAFNA no ha supuesto más bienestar para el conjunto de la sociedad navarra, sino la consolidación del poder económico de las clases pudientes, del sistema capitalista neoliberal, de la desigualdad social y la precarización de amplios sectores de la población.

Por ello, esos sectores no tienen nada que celebrar en el 40 aniversario de la LORAFNA. La imposición de este proyecto de las clases que ostentan el poder económico no significa que deba eternizarse.

En estos momentos de crisis general, donde las formas de vida y las premisas del crecimiento capitalista muestran sus limitaciones y peligros, son situaciones propicias para revertir las cosas y dar pasos significativos por parte una mayoría social, trabajadora y popular, en la edificación de una «casa común» para todas las personas, con sus diferencias y peculiaridades, pero basadas en una práctica soberana y colectiva sobre cada una de las cuestiones que forman parte de la vida. Así conseguiremos construir una comunidad en la que las personas vivan de forma libre, sin sentirse explotadas, ni oprimidas ni conquistadas, cosa que el Amejoramiento del Fuero de Navarra no ha conseguido en estos cuarenta años.