Pongámonos en contexto, tras un fatídico accidente ferroviario en el que perecen 46 ciudadanos, el gobierno del estado (institución competente para ello) y el gobierno autonómico andaluz acuerdan realizar un acto de estado como homenaje-despedida a las víctimas y apoyo comunitario a sus familias y allegados. El acto se programa para el 31 de enero y cómo es lógico en un estado aconfesional y una sociedad cada vez más plural en su composición social, ideológica, étnica y religiosa, el acto de estado iba a ser de carácter secular.

En apenas tres días las instituciones mencionadas anuncian que dicho acto se aplaza sine die bajo el argumento de que varias familias de víctimas han anunciado que no pueden acudir −extraoficialmente se habla además de que hay familias de víctimas que no están de acuerdo con la presencia de políticos en el acto y de que algunas de esas familias y «sectores» de la sociedad onubense se oponen a que este acto sea laico− por lo que se considera que no es momento oportuno y es conveniente esperar para su realización.

Mientras, la Diócesis de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva capital (PP) organizan al alimón un gigantesco funeral católico que se acabó celebrando el pasado 29 de enero y que de facto se convirtió en un funeral de estado oficiado por decenas de sacerdotes y obispos vestidos todos de fino oro para la ocasión, con la presencia de un sinfín de mandos militares con traje de gala y más medallas que una olimpiada y presidido con el consiguiente baño de masas ante la afligida plebe por los de momento últimos monarcas de la corrupta dinastía borbónica para más gloria de dios. Ninguneados en una grada lateral, fuera del foco, sin protagonismo mediático y alejados de las víctimas del terrible accidente se ubicó a los representantes políticos elegidos democráticamente por la ciudadanía y gobernantes de las diferentes instituciones (Gobierno del Estado, Gobiernos autonómicos, instituciones locales, etc.). Si la ceremonia llega a emitirse en blanco y negro hubiésemos estado esperando aterrorizados la entrada bajo palio de los zombis del dictador y «la collares». Apenas un día después del macro-funeral, la Junta de Andalucía se apresuró a declarar que tras el multitudinario funeral católico ya no tiene sentido alguno realizar el acto civil que se anunció. Toma ya.

Si esto no es un golpe de estado nacional− católico y un gol ideológico de la ultraderecha díganme ustedes que es. Por un lado el «funeralazo» ha conseguido colocar −otra vez− al legítimo Gobierno de la nación en la orilla de los pecadores condenados a la hoguera (el primer partido de la oposición incluso se permitió advertir al Presidente del Gobierno de que ni se le ocurriese aparecer en el funeral, como así fue), y por otro −y esto es mucho peor− han materializado en un acto público y multitudinario el discurso de la anti-política y la acción antidemocrática apartando del escenario político a los únicos representantes públicos elegidos por los ciudadanos y ciudadanas para colocar en el centro del mismo al triunvirato Iglesia-Monarquía-Ejército. El simbolismo de la fotografía es inequívoco: La política y los políticos son el mal personificado, las instituciones no funcionan y, por tanto, la democracia es tan solo el medio por el que recuperar el poder para instalar un nuevo régimen. Un auténtico asalto al Estado de derecho que tira por el desagüe la hasta hace poco incuestionable constitución española y que retrotrae la democracia española a tiempos pretéritos que terriblemente parecen cada vez más cercanos.

Comprendo que resulte difícil hablar de este «tejerazo confesional» estando por medio centenares de víctimas que en un estado psicológico post-traumático ni siquiera pueden ser conscientes de la maldad política del funeral del que han sido protagonistas, pero aun así es obligado hacerlo por higiene democrática. Nadie niega el derecho de las personas a honrar a sus muertos en función de sus creencias y así lo garantiza el estado de derecho, pero eso es una cosa y otra muy diferente es utilizar el dolor y luto colectivo y la empatía que una catástrofe de estas dimensiones genera para dinamitar otro cimiento del ya de por si débil edificio democrático. La Falange lo ha confirmado sin complejo alguno en el panfleto que publicaron y en el que junto a una foto del Presidente del gobierno en un ataúd apostillaban: «El único funeral laico que quieren los españoles. Nos quieren robar la oración por nuestros muertos. España es católica». ¿Alguien tiene todavía dudas de lo que realmente ocurrió en Huelva el pasado día 29?

En todo caso, sería muy infantil y poco autocrítico achacar este éxito golpista confesional solo a la habilidad de la ultraderecha y a la favorable coyuntura política actual que la empuja, y es aquí donde inevitablemente las fuerzas políticas progresistas se enfrentan a su espejo. Durante décadas, las fuerzas progresistas en un ejercicio de irresponsabilidad institucional no solo no han realizado pedagogía social y política reivindicando e instaurando el laicismo del estado como única doctrina que garantiza el respeto a todos los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sino que además han permitido que la Iglesia católica haya continuado disfrutando de sus privilegios heredados del franquismo mientras día sí y día también practicaban una indisimulada apología de la dictadura franquista. Por si esta inacción antifascista fuese poco, nuestros y nuestras siempre bienquedas representantes políticos han participado y participan de forma oficial −obviando el carácter constitucional aconfesional de sus cargos− en misas, procesiones y demás saraos católicos otorgando así a la religión católica una pátina de religión de estado que nunca debió de tener. De esos polvos estos lodos. Continúen ustedes participando en festivas procesiones y besando anillos obispales señorías, para su desgracia −y la de todos y todas− a lo peor un día no muy lejano se sorprenden participando en la procesión que celebrará su propia crucifixión y por extensión la de la democracia.


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