Nadie duda en Venezuela que el proceso bolivariano está ante una encrucijada. No lo duda la derecha que busca debilitar al gobierno de Nicolás Maduro para habilitar un referéndum revocatorio en un par de años, para usurpar el poder por la vía constitucional. No lo duda el propio gobierno que busca enderezar una compleja situación económica para encontrar el aire que le permita seguir adelante. Los movimientos populares tampoco tienen dudas que en los próximos años enfrentarán situaciones bien difíciles y tratan de prepararse para cualquier eventualidad.

Un largo conversatorio con el Movimiento de Pobladoras y Pobladores, la mayor organización territorial con fuerte arraigo en los barrios de Caracas, permite comrpender las razones por las que acelera sus iniciativas para la construcción de barrios comunitarios en base a ayuda mutua, que se diferencian de la Misión Vivienda (iniciativa oficial para construir tres millones de viviendas) porque las construyen las personas que luego las habitarán y no las empresas privadas.

El movimiento agrupa seis articulaciones urbanas: el Movimiento de Inquilinos se organiza para resistir desalojos arbitrarios; los Comités de Tierras Urbanas creados en 2004 son la mayor organización del movimiento social urbano; Trabajadores y Trabajadores Residenciales que agrupa a los conserjes y a sus familias en torno a derechos laborales; el Movimiento de Ocupantes reclama el derecho de las familias a ocupar inmuebles abandonados y convertirlos e viviendas; el Frente Organizado por el Buen Vivir agrupa a las familias damnificadas por desastres naturales; y, finalmente, los Campamentos de Pioneros organizan familias para ocupar y autogestionar edificios abandonados y cuenta con 300 edificios ocupados en Caracas.

De todas estas organizaciones los Comités de Tierra son el núcleo principal del movimiento urbano territorial. Surgieron en  2002 cuando el gobierno firmó el decreto para iniciar el proceso de regularización de asentamientos urbanos autoconstruidos. Los vecinos eligen a sus representantes en los barrios, realizaron un catastro popular y entregaron 500.000 títulos de propiedad. El movimiento pasó de la lucha por la vivienda a levantar un programa para democratizar la ciudad luchando contra el latifundio urbano y la especulación inmobiliaria, transformar los barrios y la ciudad en base a la «justicia territorial» y el poder popular, y la producción popular de hábitat a la que denominan «producción socialista de la ciudad».

Hay decenas de movimientos que trabajan buscando alternativas al sistema. La Red Nacional de Sistemas de Trueke, los indígenas yupka y los amazónicos, la experiencia cultural juvenil Tiuna el Fuerte y la red Redada integrada por once colectivos, grupos afrodescendientes, feministas y culturales, componen un inmenso tapiz de iniciativas de base. La «cooperativa de cooperativas» Cecosesola merece un trabajo aparte. Con sus 20 mil asociados tiene emprendimientos que van desde la agricultura hasta una funeraria pasando por seis centros de salud que atienden 190 mil personas al año. En Barquisimeto, la capital de Lara, abastecen a una cuarta parte de la población con sus seis mercados que venden 450 toneladas de alimentos.

Hay varios aspectos en común entre todos estos movimientos. Uno es la crítica al modelo extractivo que en Venezuela se manifiesta en la renta petrolera y toda una cultura generada en la primera mitad del siglo XX, de dependencia de la sociedad hacia el Estado. Aunque con el proceso bolivariano la distribución de esa renta se ha democratizado y ahora beneficia a los sectores populares, la cultura que fue creando sigue apegada al imaginario y a las prácticas de los venezolanos. Una de las peores consecuencias, a escala nacional, es la dependencia del país de las exportaciones de petróleo, que representan más del 90% del total, y la dependencia de la importación de alimentos, que oscila en torno al 70% del consumo.

Por eso, experiencias como la de Cecosesola son tan importantes, ya que muestran que es posible producir alimentos en un país que vivió una brutal migración hacia las ciudades y abandonó la producción agrícola. La autoconstrucción colectiva de viviendas apunta en la misma dirección, y también iniciativas culturales como Tiuna el Fuerte que trabajan con jóvenes que delinquen para modificar su vida a través del arte en la Escuela Endógena de Hip Hop. Caracas es la capital más violenta del mundo y el Estado no está consiguiendo reducirla, en gran medida porque la mayoría de los muertos no provienen de acciones del narcotráfico o de los paramilitares sino de la violencia machista entre jóvenes pobres.

La segunda cuestión en la que coinciden buena parte de los movimientos es en cuestionar la profundización del modelo extractivo a través de la minería, critica en la que sobresalen los pueblos indígenas que están siendo directamente afectados. En este aspecto los movimientos venezolanos se sitúan en la misma orientación que sus pares de la región y enfrentan las mismas dificultades. La inversión extranjera está focalizada en la minería y los gobiernos ven en ella una forma de cuadrar sus presupuestos. Sin embargo, cada día hay mayor conciencia de que las políticas sociales que, en gran medida, se sostienen por los aportes del extractivismo, no son la solución a las dificultades de los sectores populares que siguen demandando empleo digno.

En el fondo de estos debates está el Estado y hasta dónde se le puede confiar la solución de los problemas y contradicciones sociales. Está fuera de discusión que puede hacer mucho daño o que puede ser beneficioso, dependiendo de las fuerzas políticas que administren el gobierno. En la historia reciente latinoamericana hay experiencias en uno y otro sentido, desde las dictaduras que impulsaron genocidios hasta gobiernos que buscan superar el capitalismo. Sin embargo hay aspectos que ni el mejor gobierno puede resolver, sobre todo aquellos vinculados a lo que podríamos llamar –de modo algo abusivo– como cultura o cultura política.

La violencia machista, por ejemplo, provoca un genocidio silencioso ante el cual los estados son a menudo impotentes aunque en algunos casos se proponen políticas para su contención. En Venezuela los jóvenes de los barrios matan a otros iguales a ellos porque bailaron con su novia o porque la miraron con deseo, o eso sospechó el que iba armado. Son miles de jóvenes que mueren cada año.

La corrupción es otro problema que se muestra resistente y está lastrando varios procesos de cambio. Son conductas que no han sido creadas por los actuales gobiernos sino que echaron raíces desde hace mucho tiempo y, en última instancia, varias de ellas remiten a la Colonia. Son estados espurios nacidos de la violencia contra pueblos enteros, que arrastran fallas estructurales como el racismo, el patriarcado y la corrupción, entre otras, que no serán nunca útiles como herramientas para los cambios.

Por eso es tan importante que existan movimientos que encarnan una cultura política diferente a la hegemónica. En el caso de la renta petrolera, y de toda la cultura que ha generado, los movimientos representan una verdadera alternativa sin la cual no es posible pensar en la transición hacia un mundo nuevo, diferente y mejor.