Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria Amapola del Camino-Bideko Mitxingorria
El Instituto Navarro de la Memoria

El papel de las asociaciones memorialistas en la gestación y gestión del Instituto ha sido y es minimizado, constreñido a meros receptores de informaciones protocolarias

04/12/2019

El pasado 8 de noviembre la prensa se hizo eco de la adjudicación por parte del Gobierno de Navarra de la redacción del proyecto de rehabilitación del palacio del Marqués de Rozalejo de Pamplona-Iruña, que acogerá la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y del Instituto Navarro de la Memoria, creado en mayo de 2018.

El camino de la memoria democrática ha sido desbrozado por parte de iniciativas populares y por las asociaciones memorialistas. De hecho, en Navarra las primeras noticias que se tienen sobre exhumaciones practicadas por los familiares de personas asesinadas, en la clandestinidad más absoluta, datan de principios de los 60, y se produce en el despoblado de Urzante. Luego, durante toda la década de los años 70, se realizaron exhumaciones en distintas localidades, propiciadas por iniciativas familiares y ciudadanas.

Estas actuaciones han dado lugar a la creación de diversas asociaciones memorialistas, ya sea ceñidas a localidades o a nivel general, que han configurado un modelo de participación social en el terreno de la memoria, muestra del gran interés existente en Navarra por la defensa de los derechos de las personas asesinadas y represaliadas por el golpe militar, la dictadura que le siguió y la fuerte represión que acompañó a los años de la transición.

Esta actuación cívica ha sido llevada a cabo en la más absoluta soledad, luchando contra el bloqueo institucional y de los partidos políticos que optaron a partir de los años 70 por una línea de olvido y falsa reconciliación, no existiendo en sus programas referencia alguna a la reivindicación de justicia efectiva por los crímenes cometidos por los golpistas y la dictadura. Esta situación de inacción se ha mantenido sin variaciones durante los distintos gobiernos del PSN o de UPN.

No es hasta febrero de 2003 cuando se produce, a iniciativa de las asociaciones memorialistas, la primera actuación institucional consistente en la aprobación (con la abstención de UPN) de la ‘Declaración en favor del recuerdo, reconocimiento y reparación moral de las personas fusiladas y represaliadas durante la Guerra Civil en Navarra’. Luego le seguiría la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, aprobada con la abstención de UPN y el voto el contra del PP.

Posteriormente, con el Gobierno cuatripartito de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, se comienzan a realizar políticas públicas de memoria en Navarra, a impulso, de nuevo, de las asociaciones memorialistas. lográndose de esta manera dar pasos importantes en ese sentido.

Lo anterior no es óbice para que, en este momento, nos surjan razonables dudas respecto a si la orientación del actual Gobierno de Navarra no estará obviando a las asociaciones memorialistas. Primero, porque la ubicación del Instituto de la Memoria en el palacio de Rozalejo, se hizo en un contexto de enfrentamiento con el movimiento okupa, y sin consenso con las asociaciones, algunas de las cuales tienen otras propuestas para su ubicación. Segundo, porque previo a fijar su localización es necesario debatir sobre qué tipo de Instituto es necesario y escuchar las opiniones del movimiento memorialista.

El papel de las asociaciones memorialistas en la gestación y gestión del Instituto ha sido y es minimizado, constreñido a meros receptores de informaciones protocolarias. Negándoles su papel activo en la construcción de una memoria social transformadora y emancipadora. Junto a ello, el planteamiento ideológico del Instituto, a pesar de su poco tiempo de vida, vislumbra un peligroso deslizamiento hacia esas políticas de memoria interesada, parcial y descafeinada que han presidido las actuaciones de gobiernos como el PSOE, en el marco estatal, y del PNV en la CAV.

La actuación pública se ciñe, por una parte, a la apropiación de un relato que sirva para poner en pie una «memoria sanadora» con el objetivo de lograr una «convivencia conciliada», para lo que se desideologiza a las personas asesinadas y represaliadas, y se les categoriza como víctimas despolitizadas (inocentes), objeto de la barbarie y de una violencia generalizada.

Y, de otra parte, a una manera de mera reparación moral por la violencia sufrida, sin que se haga ningún esfuerzo por identificar ni señalar a los victimarios (culpables) ejecutores de esa violencia (a no ser que se trate de la ejercida por ETA). Huyendo así de cualquier otra reparación que implique la anulación de las sentencias y resoluciones de carácter represivo aprobadas por el franquismo; la exigencia de responsabilidades económicas a las empresas beneficiadas por los trabajos forzados; la represión específica contra la mujer; el establecimiento de medidas de compensación a las personas y familias afectadas por la represión económica; reclamaciones sobre la reparación y propiedad del fuerte de San Cristóbal...

No existe ningún planteamiento de Justicia, que obligue a los tribunales a aplicar los principios de Justicia Universal por crímenes contra la humanidad (no prescripción) ni siquiera de obligarlos a intervenir en las exhumaciones de personas asesinadas, dando apertura a las consiguientes diligencias judiciales. Igualmente, tampoco se incluyen los crímenes cometidos por la Iglesia, ni se pide la devolución de los bienes robados por ella, así como la inclusión de los abusos sexuales cometidos bajo su amparo, dado que se produjeron en un contexto de total impunidad y de dictadura.

Y así podíamos hablar de muchos aspectos en los que el Instituto no parece dispuesto a desarrollar actuaciones respecto a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, por los crímenes del golpe militar de julio de 1936, la dictadura, fundamentada en el nacional-catolicismo que le siguió durante cuarenta años y la Transición política donde también se cometieron crímenes, para garantizar la impunidad generalizada. Por ello consideramos que es imprescindible abrir un proceso de reflexión y debate con participación social, sobre el Instituto de la Memoria creado, su función, su gestión, sus medios y, por supuesto, su ubicación.

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