Hemos pensado que la mejor forma para iniciar esta tribuna de opinión es transcribir unas cuantas líneas del manifiesto presentado el pasado 11 de abril por las tres personas que culminaron ese día una huelga de hambre que se había iniciado el 24 de marzo, en Bilbao, bajo el lema de la campaña "No tragamos. #RGI murrizketarik ez".

Hoy, en el Parlamento Vasco, con la aprobación del Presupuesto, se ha llevado a cabo el mayor recorte de la historia de la democracia en los derechos sociales, en la RGI-PCV. Con los votos a favor del PNV y PSE, y la abstención del PP, se están aprobando los Presupuestos de la CAPV para 2018, incluyendo en ellos, por un lado, un recorte del 7% de la cuantía de la RGI que se aplica desde 2012 y que el presupuesto mantiene para 2018, sumándole ahora la negativa del Parlamento Vasco a asumir la subida del 8% del SMI como marca la ley.

El próximo 22 de este mes, el Parlamento Vasco volverá a hacer lo mismo que hizo hace nueve meses. En esta ocasión, se sumarán los votos del PP a los del PNV y PSOE para incrementar la RGI de 2017 en el 1,5% y mantener la PCV congelada en 250 euros. El Gobierno Vasco argumentó esta propuesta de subida, basándose en que coincidía con la que se iba a aplicar a los sueldos del personal funcionario. Una argumentación increíblemente desvergonzada si se tiene en cuenta, cuando menos, estas dos reflexiones: 1) que a las personas perceptoras de la RGI-PCV se les ha sometido, desde el año 2012, al mayor nivel de recorte de sus ingresos que a cualquier otro colectivo social, conculcando además su derecho a mantener dichos ingresos relacionados con el importe fijado para el SMI, tal como recoge la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social; y, 2) que estamos hablando de personas pobres, cuyos niveles de carencias materiales, les ha llevado a tener que recurrir a este tipo de prestaciones de garantía de subsistencia, tras superar multitud de requisitos y responsabilidades legalmente fijados y que Lanbide se encarga de hacerlos más penosos y humillantes a través de su gestión inhumana.

Hasta el año 2000, el nivel de la renta de garantía existente en la CAPV, que entonces se llamaba IMI (Ingreso Mínimo de Inserción), era muy escaso. Fruto de la ILP para una Carta de Derechos Sociales, que recogió más de 83.000 firmas en 1997 y fue tramitada como ley y aprobada en diciembre de 2000 por el Parlamento Vasco, tras sufrir el recorte de sus propuestas más novedosas y progresistas, se logró que la nueva Renta Básica (este fue el cambio de nombre que se le dio al IMI y que se mantuvo hasta la aprobación de la actual ley de 2008, que acuñó el nombre de RGI) estableciera una subida importante del IMI y lo ligara al SMI. En la Ley del 2000 la RB pasó a ser el 75% del SMI (en 12 pagas).

En la Ley 18/2008, antes citada, la RGI fue incrementada hasta el 88% del SMI para unidades de convivencia de una persona, 113% del SMI para unidades de de convivencia de dos personas y 125% del SMI para unidades de convivencia de 3 y más personas. En el caso de los y las pensionistas, los importes eran más elevados: 100% del SMI (UC 1), 125% del SMI (UC 2) y 135% del SMI (UC 3 y más miembros).

Los Presupuestos aprobados por el Parlamento Vasco para el año 2012, con la imposición de un recorte del 7% de la RGI y el establecimiento de una única modalidad de PCV, en el nivel más bajo de las existentes, 250 € mensuales (anteriormente las unidades de convivencia con más miembros alcanzaban los 320 € de PCV), no sólo supusieron una gravísima agresión para unas personas que vivían al límite de la subsistencia, sino que les arrebataron el derecho a que sus prestaciones tuvieran como garantía el suelo que marca el SMI. Desde entonces, no sólo no se ha recuperado el 7% arrebatado hace 6 años, por más que los 4 últimos años, desde 2014, oficialmente la economía ya inició su senda de recuperación; sino que, se ha eliminado la referencia al SMI, dejando la fijación de la RGI al albur de lo que, en cada ocasión, decida votar el Parlamento Vasco cuando aprueba los Presupuestos.

Tomando en consideración que, aunque todavía no se haya revalorizado el SMI para 2018, porque los Presupuestos del Estado Español hayan sido transitoriamente prorrogados a partir de los de 2017, Rajoy ha hecho una propuesta de subida del SMI del 4% en 2018, podemos hacer un sencillo cálculo que nos permita comprender la dimensión de la pérdida que  arrastra la RGI por no haber recuperado el 7% recortado en 2012, no haber coseguido que se repercuta la subida del 8% del SMI en 2017 (sino que el incremento fue solo del 1,5%) y quedarse con un alza del 1,5% en 2018, en lugar del 4% ofertado por Rajoy para este año.

Si en el año 2012 la RGI no hubiera sido recortada el 7%, su importe, en lugar de los 612,41 € para una UC 1, realmente implantado, debería haber sido de 658,50 € (88% del SMI en 2012).

En el año 2018, la RGI que va a imponer en los Presupuestos el Parlamento Vasco, será para una UC 1, de 644,49 €. En caso de mantenerse según el 88% del SMI legalmente establecido, debería ser (con la prometida subida del 4%) 755,64 €. Esto implica que, la pérdida en los 7 años transcurridos desde 2012 a 2018 habrá sido de 111,15 €, lo que implica el 14,7% de la RGI que en 2018 debiera existir.

Queremos terminar esta tribuna con la segunda reflexión que planteábamos más arriba. ¿Qué supone que se haya impuesto la eliminación del suelo de garantía que ligaba el importe de la RGI al SMI? Que va a seguir aumentando el número de personas pobres perceptoras de la RGI, pues los Presupuestos de la CAV siempre van a tener tendencia a subir anualmente la RGI por debajo de lo realmente necesario. Ya nos hemos extendido en los párrafos anteriores en demostrar esta voluntad de quienes tienen la mayoría en el Parlamento, por lo que sólo vamos a aportar unos pocos datos de las Encuestas de Pobreza y Desigualdades Sociales de la CAPV de los años 2012, 2014 y 2016. En 2012, el 48,31 % (64.383 personas) de los perceptores y perceptoras siguió siendo pobre; en 2014, el 46,9 % (71.092 personas), y en 2016, el 46,87 % (63.069 personas). Es decir, si casi la mitad de quienes están dentro del sistema de la RGI, siguen siendo pobres, no se nos podrá tachar de hacer demagogía, si defendemos que la orientación de recortes de la RGI, implantada desde el año 2012, con la eliminación de la exigencia legal de garantizar que la RGI esté ligada al SMI es un apuesta por empobrecer todavía más a la gente más frágil de nuestra sociedad.