Varias noticias contemporáneas tienen como elemento común las posiciones sobre Palestina, la situación del pueblo palestino y su genocidio televisado. 

Serían estas la concesión del Premio Sájarov por parte del Parlamento Europeo al Tribunal Penal Internacional (TPI) y la difusión pública de la postura ética de la Universidad del País Vasco, que ha dado por finalizada su colaboración con CAF, la empresa colonizadora de los Territorios Ocupados, al servicio de Israel. 

En el caso del premio Sájarov, había tres candidaturas. El Tribunal Penal Internacional recibió el apoyo en la Conferencia de Presidentes (conformada por los presidentes de los grupos del Parlamento Europeo) de los Socialdemócratas, Liberales, Verdes e Izquierda. Las otras candidaturas, sin querer desmerecer sus virtudes, perdieron al dividirse el voto de las derechas y extremas derechas. De trasladar esa votación a su respectiva representación en el Parlamento Vasco, habrían sido 67 de los 75 parlamentarios vascos los que hubiesen otorgado al TPI un merecido éxito, contrapeso de las medidas estadounidenses, como son las sanciones, de momento individuales, a 17 jueces y fiscales, que les excluyen de los servicios de los bancos occidentales, incluyendo los europeos. El motivo de la sanción de los Estados Unidos, que no es parte ni signatario del TPI, es la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. 

Los Estados Unidos, en su afán de desmantelarlo, además de incentivar el abandono de otros países miembros del tribunal, han dado de plazo al TPI hasta el 7 de abril de 2027 para modificar sus premisas de funcionamiento o impondrá sanciones al propio TPI que le impedirían proseguir con sus tareas. 

Por su parte, la Comisión Europea sigue arrastrando los pies y continúa sin poner en marcha el Reglamento de Bloqueo de protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de legislación adoptada por un tercer país, tal como correspondería a este caso de los EE. UU. contra el TPI, del cual forman parte prácticamente todos los países europeos, formalmente defensores de su existencia. 

En nuestro segundo ejemplo, el código ético de la Universidad del País Vasco (EHU) ha determinado que no se renueve su convenio con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por la implicación de esta empresa en las tareas de colonización israelí (tachadas de crimen de guerra y lesa humanidad por la Corte Internacional de Justicia, CIJ) al gestionar y construir infraestructuras entre Jerusalén Occidental y el Gran Jerusalén, en los 70 km2 anexados por Israel de Territorio Ocupado Palestino, favoreciendo la expansión de colonias y la creación de otras nuevas, fuera de Israel. Esta acción colonizadora ha supuesto la inclusión de esta empresa, al igual que las españolas INECO y Salvat Logística, en la Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas, por facilitar y lucrarse con la colonización israelí. 

La medida de la Universidad del País Vasco se encuadra en el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de adoptar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en Territorio Palestino Ocupado. 

Debemos congratularnos por estos dos hechos, el premio Sájarov y la cancelación del Convenio EHU-CAF. El primero ha quedado respaldado por la inmensa mayoría de los representantes y partidos que están en el Parlamento de Vitoria. El segundo, debería gozar del mismo respaldo. 

Si la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del gobierno vasco (PNV-PSE PSOE), Juan Ignacio Pérez Iglesias, no respaldan la coherencia de la EHU, tenemos un problema. 

La lucha contra la ocupación y colonización, así como los indicios del genocidio que lleva a cabo Israel con el concurso y complicidad de Estados y empresas, constituye un deber. Un deber que puede costar dinero, pero que exige coherencia y determinación, no omisiones a través de dobles discursos y engaños. 

Los jueces y fiscales del TPI, al igual que Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, están cumpliendo con su deber, y eso les vale amenazas y sanciones de los Estados Unidos. Kutxabank, Mayoral, Cartera Social, Daniel Bravo Andreu, Independance AM y la propia Administración Vasca, a través del Instituto Vasco de Finanzas, así como los mandatarios del Consejo de Administración de CAF, regido por Martínez Ojinaga y Andrés Arizkorreta, se están lucrando con la colonización, la expulsión de la población palestina y la expropiación de sus tierras. Si muestran una abierta oposición, todos sabemos que a los palestinos les puede esperar la cárcel o la muerte. 

El respeto por los derechos humanos empieza en Beasain. Empieza por tomar las decisiones correctas, como han señalado desde el principio los trabajadores de CAF. Lo correcto, lo ético y lo legal era no participar ni lucrarse en proyectos coloniales en Territorio Ocupado, fuera de Israel, en trazados marcados por las autoridades de ocupación y colonización. 

Así de sencillo. Y costoso. No vale con promocionar concursos literarios. No basta con rotular cartelería o promocionar el euskara en tesis de ingeniería y otros lavados de cara con sello verde. 

Allí donde hay conflictos existen otras instancias que pueden mediar para su resolución, con el Derecho internacional como instrumento, apoyando sanciones en los concursos de contratación, en el código penal si fuera necesario. Pero no tratando de borrar la existencia de limpieza étnica y el supremacismo de una de las partes y sus facilitadores. 

Lástima que el lehendakari solo le formulara a CAF una fugaz petición de reflexión ética un día y que su gobierno reclame a aquellas instituciones que son más coherentes que ellos mismos «reconsiderar» su sacrificio y que se pasen a su propia complicidad y animen un lucro criminal. 

En todo caso, mientras suceden estas miserias, la ocupación y colonización israelí siguen avanzando, sin que haya habido sanciones a la potencia israelí que le hagan modificar sus políticas. 

El resto, la sociedad civil, seguirá respondiendo, demandando, trabajando o boicoteando para que instituciones y empresas sean coherentes, no mantengan dobles discursos y para que estos se correspondan con sus hechos.

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