El pasado 14 de abril, Josu Erkoreka en rueda de prensa, comunicaba que el Gobierno vasco pondría en marcha en las próximas semanas el «Programa Gertu para la atención personalizada a las víctimas del terrorismo». Aclaraba que es una iniciativa enmarcada en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco.

Desde hace unos días algunos miembros de nuestra Fundación venimos recibiendo la invitación para participar en este programa que, tal y como recoge el mismo, está llamado a cumplir una doble finalidad: por una parte, escuchar y responder mejor a su realidad, y por otra ofrecer cauces de participación en los procesos de construcción de la memoria y la convivencia.
Efectivamente, se trata de una iniciativa recogida en el eje primero relativo a la gestión del pasado, incluido en el apartado tercero de ese Plan.

No nos extraña por tanto que se reincida en los errores de planteamiento que ya señalamos con respecto al Plan de Paz, y en particular sobre las iniciativas planteadas en el apartado citado en el párrafo anterior. Este programa, Gertu, está orientado hacia una sola tipología de víctimas, a las víctimas del terroris- mo, y en este punto hay que recordar que de entre todas las víctimas del terrorismo de Estado solamente se han reconocido a unas pocas. A pesar de que en la descripción del Programa cite: «En fases posteriores se valorará la ampliación de la iniciativa a otros perfiles de victimas tanto directas como indirectas», lo cierto es que no lo asegura, dice simplemente que lo valorará, dejando esta futura e incierta decisión en el aire.

Es decir, que ya de inicio se hace una criba de entre todas las víctimas de la violencia eligiendo como destinatarias de este programa exclusivamente a las víctimas del terrorismo, dejando fuera del mismo a todas las demás. Nos surgen algunas preguntas al respecto: ¿En base a qué criterio se hace esta diferenciación discriminatoria entre víctimas de uno y otros perfiles o tipologías? ¿Qué criterio aplican a la hora de definir quién ha sido víctima del terrorismo? ¡El que se aplica desde el Estado español, que no reconoce a decenas de víctimas mortales ocasionadas por el terrorismo de Estado? ¿Incluyen ustedes a las víctimas de grupos terroristas no declarados como tales por el Estado español?

Tropiezan además con sus más que notables contradicciones añadiendo, por ejemplo: «La tarea del Gobierno Vasco en sus políticas de apoyo y atención a las victimas debe orientarse de manera muy específica a evitar procesos de re-victimización y a promover su superación». Desde luego, este programa es, sin duda un gran modelo de compromiso en ese sentido. ¡Indignante!

En fin, no hará falta que digamos que nos parece un despropósito inaceptable de la secretaría de paz y del Gobierno vasco, como ya les hicimos saber en las propuestas al Plan de Paz. Lo que para algunos es Gertu, para otros lamentablemente es Urrun.

Hemos de atender al segundo de los objetivos al que está destinado este programa para intentar entender esta discriminación: ofrecer cauces de participación en los procesos de construcción de la memoria y la convivencia, que se enmarca en el apartado de «los principios específicos» del Programa y que dice así:

«La política pública del Gobierno Vasco en materia de víctimas forma parte de la política de convivencia y está asentada en dos compromisos:

-Una mirada crítica al pasado que deslegitime tanto el recurso al terrorismo, la violencia o cualquier vulneración de derechos humanos como cualquier banalización o negación de las conculcaciones cometidas.

-Una mirada preventiva al futuro que garantice la no repetición mediante un proyecto socio-educativo basado en el compromiso inequívoco con la dignidad humana, los derechos humanos y la convivencia.»

Por aclarar una cuestión, los derechos humanos están ligados al derecho de los estados, son esencialmente una normación de los derechos de las personas frente a los estados, siendo estos los responsables exclusivos de su cumplimiento, respeto y garantía . En este sentido, existe una relación de derechos y obligaciones «unidireccional» entre el Estado y los ciudadanos. Por tanto, el Estado conserva su carácter de único garante de los derechos humanos (es decir, de los derechos iguales de todos los asociados, referidos a una misma estructura jurídica), principio en el que en teoría se fundamenta su legitimidad.

Por ello mismo, el Estado es el único eventual violador de tales derechos. A pesar de ello, el Gobierno vasco no puede asegurar que vaya a haber un Gertu para quienes sufrimos vulneraciones de los derechos humanos por parte del Estado español.

De momento, lo que se pretende deslegitimar únicamente es el terrorismo, y no el del estado precisamente, de otro modo no se sostiene esta malintencionada criba.

Los testimonios que pretenden grabarse con autorización de la víctima y depositarse en el Instituto de la Memoria y Convivencia darán como resultado una memoria parcial y sesgada, excluyente y discriminatoria por no incluirse los testimonios de todas y todos los que hemos sufrido la violencia. Esperamos que entre el Memorial del Gobierno central y el Instituto de la Memoria de Jaurlaritza existan más diferencias que el nombre. De momento parece más que clara la intención última de este Programa, y es que la batalla por el relato es cosa seria.