El domingo 28 se juega en Honduras buena parte de las esperanzas de la izquierda latinoamericana. El triunfo de Libre, candidatura que representa el intento del campo progresista para alcanzar la presidencia y la mayoría legislativa, supondría el primer eslabón de la cadena de victorias necesarias para sacar a Centroamérica de la dinámica reaccionaria en la que se ha instalado.

La historia del istmo está atravesada de conflictos y regímenes autoritarios y negadores de los derechos más básicos de las personas y los pueblos. Así fue desde su independencia de España en 1815 y así se ha mantenido hasta nuestros días. Pese a los procesos revolucionarios que sacudieron la región entre los años 60 y mediados de los 90 del siglo pasado, y que dieron como fruto algunas experiencias de gobierno popular y en favor de las mayorías, la realidad política en 2021 sigue estando caracterizada por la falta de libertades y de justicia social.

La represión y criminalización de la protesta social se ha convertido en el eje articulador de los gobiernos de los países centroamericanos. Bajo la apariencia de elecciones democráticas, a partir de sistemas electorales diseñados para excluir del acceso al poder político a las grandes mayorías, y utilizando un arsenal jurídico y legislativo orientado a la restricción de las libertades, los gobiernos centroamericanos están dando pasos acelerados hacia el estrechamiento y eliminación del espacio democrático.

La corrupción y la penetración del crimen organizado en la institucionalidad han provocado una lenta pero imparable descomposición social que, a día hoy, no permite guardar demasiadas esperanzas en el éxito de procesos de regeneración democrática que no supongan una ruptura radical con las élites económicas y las grandes familias existentes en cada país de la región.

Como elemento que amalgama esta realidad, que la estructura, que le da sentido histórico y que construye un relato justificador, encontramos marcos teóricos profundamente reaccionarios. Independientemente de la tradición histórica de origen, los constructos ideológicos de los gobiernos de la región conjugan, en diferentes proporciones, el desprecio hacia los derechos humanos, la negación de la sociedad civil independiente, la represión de la disidencia, el cesarismo y la megalomanía.

Volviendo la vista al pasado reciente de Honduras y su relación con el conjunto de la región, vemos cómo ha desempeñado históricamente el papel de retaguardia de las fuerzas reaccionarias. Único país centroamericano que no ha vivido un proceso revolucionario capaz de disputar el poder a los gobiernos militares durante la segunda mitad del siglo XX, Honduras ha sido utilizado como base desde la que EEUU ha organizado el acoso a los movimientos populares y revolucionarios de la región en esos años.

Sin embargo, en esas paradojas de la historia que demuestra que no todo está escrito y que la voluntad de transformación del ser humano puede sobreponerse a los determinismos catastrofistas, Honduras se presenta cómo la posibilidad cierta de conseguir una victoria para el campo popular y revertir la dinámica conservadora imperante.

La candidatura de Libre, forjada desde el golpe de 2009 y que ha vivido avances, retrocesos, contradicciones, procesos de diálogo y etapas de dura confrontación con los gobiernos ilegítimos, ha conseguido articular una propuesta electoral que aglutina a todo el espectro de izquierda, progresista y esencialmente democrático del país. Su propia composición, su naturaleza cuasi frentista (defensa de la democracia y de la justicia social) y la unidad lograda a través de pactos de élites y personajes de relevancia pública, no permiten pensar en grandes transformaciones sociales, políticas y económicas en caso de victoria el 28-N. Sin embargo, en un momento de retroceso de las fuerzas de izquierda en toda la región, el triunfo electoral de una fuerza que propone acabar con el secuestro del país por el crimen organizado, la reforma del sistema político para asegurar la transparencia en las elecciones, el respeto de los derechos humanos y la puesta en marcha de políticas redistributivas orientadas a alcanzar una mayor justicia social, constituye un logro que es importante valorar en su justa medida.

Ante esta posibilidad, incluso aceptando la tibieza de las políticas a implementar por un futuro gobierno de Libre, las élites económicas tradicionales, cuyos intereses son representados por el Partido Nacional, no se pueden permitir abandonar el poder y los centros de control institucional del país. La defensa de sus intereses corporativos y personales, la necesidad de eludir la acción de la justicia por su implicación en las violaciones de derechos humanos y en el narcotráfico y la concepción patrimonialista y racista del país, son incentivos insuperables para su atrincheramiento en el poder, utilizando para ello todos los medios a su alcance, incluida la violencia.

En este escenario de absoluta desconfianza del castigado campo popular, que ha asistido a tres fraudes electorales consecutivos, se instala la idea de que el domingo se afronta una prueba decisiva. Un cuarto fraude invalidaría por una década la vía electoral como medio de alcanzar el poder, deslegitimaría definitivamente el sistema político hondureño y abocaría a un conflicto civil de imprevisibles consecuencias.

Defender la democracia en Honduras hoy es clave para las fuerzas políticas y sociales del campo progresista, de la izquierda y de todos aquellos sectores que luchamos por un mundo y una vida digna y en libertad.