Ahora que estamos en fechas de reivindicación, con el Primero de Mayo marcado en rojo (nunca mejor dicho) en la agenda, se hace necesaria una reflexión sobre la importancia del mantenimiento del tejido industrial en Bizkaia, y en general en Euskal Herria, así como el papel que han de jugar las Administraciones Públicas en sus políticas. Por su importancia económica, pero también desde la perspectiva de reivindicación de condiciones dignas de trabajo, dinamización de la actividad socioeconómica, y trinchera de lucha obrera, como ha sido históricamente.

Y es que, aunque en nuestra tierra late una industria que ha sido el motor de su desarrollo económico y social durante décadas, en los últimos tiempos, hemos sido testigos de un preocupante declive del peso de este sector.

No es objeto del artículo idealizar tiempos pasados, en los que la explotación de las personas trabajadoras y del medio ambiente eran pan de cada día, pero tampoco podemos caer en la autocomplaciencia.

Algunos datos: Este sector llegó a suponer el 40% del PIB en la Comunidad Autónoma Vasca. Más recientemente, el empleo industrial pasó del 24% del total en 2008 al 21% en 2022. En el ranking de regiones europeas, en el ámbito de la inversión en I+D, 42 regiones superan el 3% sobre el PIB. La CAPV se sitúa en la número 71. Si lo comparamos con la inversión en asfalto, esta supera a la anterior, por hablar de prioridades.

Hace no mucho tiempo, un informe de Zedarriak levantaba ampollas y citaba una progresiva pérdida de control de empresas estratégicas y una falta de promoción público-privada financiada por entidades financieras que apuesten por la creación de grupos industriales en sectores de oportunidad, entre otros factores.

Y si nos centramos en Bizkaia, la Diputación Foral, en su estrategia Bizkaia Orekan Sakonduz cita la atracción de talento, emprendimiento, impulso de industria y servicios avanzados y equilibrio territorial como ejes estratégicos.

Pero mientras se potencian iniciativas como Bizkaia Talent, Bizkaia Accelerator Tower y se dan ingentes cantidades de dinero a corredores del hidrógeno impulsados por las empresas de siempre (Petronor, Repsol...), perdemos el control de otras empresas de generación de energía renovable punteras en Bizkaia, que pasan a fondos internacionales con el riesgo que tiene.

Desde el prisma de la gente trabajadora, sin embargo, la política industrial tiene que abordar otras variables estructurales, por ejemplo:

Análisis del potencial suelo industrial, para su puesta en valor desde una perspectiva de reactivación sectorial, implantación de empresas productivas y servicios compatibles y puesta en marcha de políticas de reactivación de zonas deprimidas y desindustrializadas, y no como se plantea en el Plan Territorial Parcial del Bilbao metropolitano, por ejemplo.

Identificar proyectos estratégicos que hagan efecto tractor desde un interés general, con atracción de inversiones y una apuesta, sin complejos, por la entrada de accionariado público en los mismos.

Herramientas suficientes de financiación públicas y/o público privadas.

Pero lo anterior no sirve por sí solo. Las Administraciones han de impulsar y reforzar un verdadero pacto social, teniendo en cuenta a sindicatos y agentes sociales. Abordar temas que ya están aquí, como el impacto de la robotización en el empleo actual y futuro, una verdadera política de cualificación, formación continua en nuevas oportunidades de empleo (las hay) que priorice a colectivos como el de mayores de 52 años. Veremos cómo resulta al respecto la reforma de Lanbide.

No menos importante es abordar la reducción de la jornada laboral. En esto último, es escandaloso que, mientras la tecnología avanza y los procesos son cada vez más eficientes, «solo» sirva para aumentar los márgenes empresariales y precarizar las condiciones laborales sin que la clase trabajadora se beneficie del objetivo aumento de la productividad que generan estos avances.

Respecto al tejido productivo actual, es doloroso ver cómo empresas viables tienen que cerrar por decisiones estratégicas dictadas en clave de deslocalización pura y dura, o como situaciones de empresas en dificultad no han sido detectadas antes. Tenemos casos cercanos, recientemente Mecaner, en el que la propia plantilla plantea alternativas de continuidad en la actividad sin que desde la Administración haya habido una respuesta de acompañamiento, con la honrosa excepción del Ayuntamiento de Urduliz. Y también más lejanos, como Edesa, en el que se vio cómo, cuando hay interés, los resortes funcionan.

Por eso es importante definir un protocolo claro y efectivo de ayuda a empresas en crisis. Detección, asesoramiento, búsqueda de inversores, entrada de capital público, impulso a plantillas que decidan seguir con la actividad a través de Sociedades Anónimas Laborales, cooperativas u otras, recualificación ad hoc para estos casos, planes de formación y reinserción laboral, participación activa del Gobierno Vasco y DFB en casos de concursos de acreedores...

En fin, esto es una lucha de modelos. Un modelo en el que el mercado «se regula solo» y los destrozos se amortiguan de una forma tenue y «al que le tocó que espabile», o un modelo de intervención pública en la economía. Los retos siguen siendo grandes y los mismos; precarización de las condiciones, brecha salarial entre hombres y mujeres o dominio del capital sobre la fuerza del trabajo. Herramientas como la organización, unión, conciencia y movilización colectiva siguen siendo imprescindibles.