Este artículo revisa la transformación del orden político vascón desde la ruptura dinástica de 1035 hasta la institucionalización plena del dominio castellano en 1397. Lejos de ser una «evolución administrativa», el periodo supone la destrucción del Estado pirenaico y del sistema comunal vascón –la auzokrazia–, sustituido por estructuras feudales ajenas.

Tras el asesinato de Sancho III, la fragmentación del reino permitió a Castilla y Aragón avanzar sobre territorios vascones: Rioja quedó en manos castellanas en los siglos XI–XII, mientras que la presión militar culminó en 1199–1200 con la ocupación de Álava y Gipuzkoa y la subordinación feudal de Bizkaia. Con ello se desmanteló el espacio político integrado del Estado de los vascones.

Antes de la conquista, las comunidades se regían por un orden comunal basado en propiedad colectiva, asambleas abiertas, autoridad electiva y revocable y ausencia de vasallaje popular: en el orden político vascón no existía obligación de que el pueblo jurase fidelidad directa al rey. La relación feudo-vasallática recaía únicamente en los tenentes, condes o delegados designados por el monarca. Estos cargos formaban además la estructura básica del ejército nabarro, un ejército que –a diferencia del modelo feudal europeo– se componía siempre de combatientes voluntarios, no de vasallos obligados. Las comunidades, por su parte, se regían por su propio derecho consuetudinario y asambleario, sin dependencia personal ni vínculo feudal con la Corona.”Ese sistema resultaba incompatible con el modelo feudal castellano y franco-occidental.

La redacción escrita del derecho propio –el Fuero Antiguo (1230–1250) y el Fuero General (1250–1330)– se produjo ya bajo dinastías foráneas y con influencias europeas como el mayorazgo. Paralelamente, los fueros otorgados por Castilla a Bizkaia, Gipuzkoa y Álava funcionaron como instrumentos de control fiscal, judicial y militar, no como expresiones del derecho vascón originario.

En este marco, símbolos como el Árbol de Gernika representan la legitimación señorial posterior a la conquista, no la tradición comunal ni la soberanía nabarra.

La constitución de la Hermandad de Gipuzkoa en 1397 culminó el proceso: provincialización del territorio, subordinación judicial a Burgos y desaparición definitiva de las estructuras vascónicas previas.

En conjunto, entre 1035 y 1397 se consuman:

la ruptura del Estado pirenaico;

la destrucción de la auzokrazia;

la imposición del derecho feudal;

la creación de estructuras administrativas castellanas;

la eliminación de la soberanía judicial.

La historiografía nacionalista moderna reinterpretó estas rupturas como pactos o tradiciones de autogobierno, borrando la dimensión estatal nabarra previa. Como recordaban Fanon y Cabral, recuperar la historia no es un ejercicio académico, sino un acto necesario de descolonización política.