Estimadas compañeras y compañeros: el tiempo apremia para que hagamos todo lo posible por evitar el desmantelamiento de la enseñanza pública. Las últimas noticias no hacen más que confirmar lo que, año tras año, muchas personas hemos denunciado: la enseñanza pública va perdiendo paulatinamente su papel de sujeto prioritario para pasar a ser subsidiaria de la privada.

Es evidente que quienes gobiernan no van a expresar públicamente su deseo de priorizar a la privada porque hacerlo dejaría a la luz lo que siempre han querido ocultar por razones puramente electorales. Su intención, como demuestran sus últimas decisiones, es que sean los centros privados los que sobrevivan en el caso de tener que optar por la desaparición de algunos centros públicos a causa del descenso de matrícula.

Para ello, el PNV y quienes les apoyan en su afán privatizador manipulan el lenguaje hasta límites que rozan la inmoralidad. "Confunden" o equiparan servicio con propiedad y llaman público a lo privado (porque lo que ofertan los centros mal llamados «concertados» es un servicio público desde una propiedad que no desean perder y que es privada) o a lo popular (como es el caso de las cooperativas o de las fundaciones, que también son privadas). Lo único que merece el nombre de «pública» es aquella enseñanza que es propiedad de toda la sociedad vasca, mientras que la enseñanza privada, concertada o no, es propiedad de órdenes y congregaciones religiosas y laicas, empresas, cooperativas, etc.

Basándose en esa tergiversación lingüística, afirman que, con la nueva ley que pretenden aprobar desaparece la dualidad entre la pública y la concertada, y que ambas recibirán el mismo tratamiento si cumplen los mismos criterios. Sin embargo, esos supuestos criterios a cumplir no dejan de ser una pantomima porque los centros privados concertados seguirán siendo privados en las propiedades, en la contratación del profesorado, en la admisión de alumnado, en el cobro a las familias de mensualidades diversas, óvolos a sociedades sin ánimo de lucro... y concertados en el pago, por parte de las arcas públicas, de las nóminas del profesorado, becas de transporte o materiales, comedor, actividades extraescolares y un largo etcétera.

De este modo, han ido tomando medidas que aseguren dichos objetivos, como han sido:

· Acuerdo PNV-EHBildu para blindar la concertada con subvenciones al 100% durante los próximos seis años (https://www.elsaltodiario.com/pais-vasco/eh-bildu-alia-con-pnv-para-blindar-red-educativa-concertada-vasca).

· Gratuidad de las haurreskolak privadas a partir de 2023.  En 2022 se les han concedido 26.595.000 euros.

· "La educación pública absorberá los docentes que se queden sin trabajo en los colegios privados concertados" ("GasteizBerri", 16-06-2022).

Pero los colegios privados concertados no absorberán a quienes se queden sin trabajo en la pública.

Eso va a suponer que muchas personas interinas, y algunas con plaza fija, de la pública pierdan su puesto de trabajo o se vean desplazadas a otros centros.

· "Todas las zonas del nuevo Mapa Escolar de Euskadi tendrán un centro público" ("Deia", 23-08-2022).

Teniendo en cuenta que según este gobierno los centros concertados también son públicos, la conclusión es clara: si algún centro debe desaparecer, serán los centros de titularidad pública en aquellas zonas donde falte alumnado, y con ellos el profesorado y el personal no docente adscrito a los mismos.

· "Educación impulsará la fusión de centros ante la caída de la natalidad" ("El Correo", 25-08-2022).

¿A qué centros se puede referir la noticia? Fundamentalmente, a los públicos, claro está, porque fusionar centros privados de distinta titularidad (Maristas con Jesuitas, por ejemplo) es tarea prácticamente imposible.

Están avisando de que si dos centros públicos tienen escasez de alumnado se fusionarán en uno con el consiguiente traslado del profesorado, con los conflictos que esto acarreará, y del alumnado, parte del cual deberá trasladarse más lejos de su domicilio.

· "Educación marca la hoja de ruta para publificar los colegios concertados. Los centros concertados que cumplan las cláusulas para favorecer la escolarización equilibrada del alumnado más vulnerable, como los migrantes, recibirán una financiación ‘análoga’ a la que perciben los colegios públicos". ("Noticias de Gipuzkoa" 26-06-2022).

El alumnado migrante pasa de ser segregado por la privada concertada a lo largo de la historia a ser deseado para alcanzar los mínimos que exige la legislación para concertar aulas.

Además, no deberíamos olvidar el desprecio con el que esa privada, salvo honrosas excepciones, ha tratado a ese alumnado desde siempre acogiendo a una minoría (30% de extranjeros, muchos de ellos no migrantes ni en situación de pobreza frente al 70% de la pública), aspecto denunciado por Save The Children en uno de sus informes: (https://abarquin.wordpress.com/2022/05/01/la-segregacion-escolar-en-euskadi/?utm_source=pocket_mylist).

· «Todos los centros que integren el Servicio Público Vasco de Educación (públicos y concertados) deberán reservar una serie de plazas para alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa de forma que se garantice una presencia ‘equilibrada’ de estos estudiantes o de los que se encuentren en una situación socioeconómica desfavorecida. Todo ello, respetando el derecho de elección de las familias». ("Deia", 23.8.2022).

Las familias del alumnado sin recursos eligen el centro más próximo y el que no tiene ningún tipo de cuota, es decir, un centro público porque los centros privados no están, en su mayoría, donde ese alumnado vive y el 100% de ellos cobran cuotas según el informe de la empresa Garlic (https://bit.ly/3iCAQ9U) que ese alumnado no puede pagar. Así que, el supuesto reparto de alumnado vulnerable es un engaño absoluto.

"Euskadi auditará a los colegios privados concertados para «erradicar» el cobro de cuotas ‘encubiertas’". (elDiario.es. 20-06-2022)

En los casi 40 años de gobierno del PNV se han estado cobrando cuotas llamadas «encubiertas», pero que, en realidad, eran bien conocidas y admitidas por sus responsables en la enseñanza. Han permitido que la ilegalidad fuera la norma, siendo, en muchos casos, gestores de la misma.

· Han subvencionado a la privada muy por encima de los datos que ofrecen: en 2022, declaran 679.300.000 euros en los conciertos, pero, en realidad, han sido más de 733.500.000 euros. (Ver: https://www.euskadi.eus/plan-estrategico-de-subvenciones/web01-s2hhome/es/)

Se subvencionan, entre otras cosas, las obras en la privada mientras en muchos centros públicos se carece de instalaciones dignas. En el año 2022 con 24.192.000 euros

Es necesaria la movilización, la extensión de la protesta más allá del propio centro o de los diálogos entre colegas. Hay que inundar las redes sociales y las calles con nuestro grito en favor de lo público. Hay que presionar a los sindicatos y a los partidos políticos para que no aprueben esta ley que proponen quienes siempre han demostrado estar a favor de la privada, como lo demuestra este titular de “El País” de marzo de 1982: "UCD y PNV se enfrentan a la izquierda en defensa de la enseñanza privada".