Para quien no conozca los entresijos de educación puede sorprender la oposición de los sindicatos ante la decisión del Departamento de Educación de excluir de las listas de contratación a las personas que no acrediten estar en posesión del Máster de Educación Secundaria o la habilitación pedágogica para el profesorado técnico de FP. Para presentarse a oposiciones siempre ha sido necesaria la acreditación de preparación pedágogica, por medio del CAP (Curso de Adaptación Pedagógica), las titulaciones de magisterio o pedagogía o  demostrando experiencia docente previa. En la LOE (Ley Orgánica de Educación) de 2006, se establece que estos requisitos serán sustituidos por una titulación específica. La nueva titulación, el máster, se instaura a partir del 2009 pero se mantienen en vigor los requisitos o titulaciones adquiridas con anterioridad.

En las oposiciones que se han realizado a partir de esa fecha se ha exigido el master o la titulación equivalente, pero ese requisito no ha sido necesario para estar en las listas de contratación. Ahora, sin previo aviso, sin negociación de plazos, ni búsqueda de alternativas,  de manera unilateral el Departamento decide que a partir de junio nadie podrá estar en las listas de contratación si no está en posesión del máster. En las Comunidades Autónomas de nuestro entorno se han tomado otras decisiones: mantenerles en las listas de contratación a quienes no tienen el requisito y exigirlo para nuevas incorporaciones o dar un plazo de dos o tres años para acreditarlo.

En principio parece una buena idea el exigir una preparación pedágogica específica para impartir clases en Educación Secundaria, siempre que los programas de estos masteres ofrezcan una capacitación adecuada. ¿Pero, es así? A partir de la implantación del plan Boloña se sustituyen las licenciaturas y diplomaturas por grados y, como nos temíamos, se inicia la privatización de una gran parte del sistema universitario. En el caso del Máster de Secundaria las universidades públicas, que cobran por la matrícula unos 2.000 euros, ofrecen muy pocas plazas y solo de algunas de las especialidades, las de mayor demanda, por lo que muchas personas, las que cuentan con recursos económicos suficientes, o no tienen titulaciones de acceso directo al máster, se matriculan en las universidades privadas que ofrecen cursos on line y dan todo tipo de facilidades cobrando por ello precios astronómicos. Estas universidades han devaluado totalmente la oferta educativa y se han hecho con un lucrativo negocio con la connivencia del gobierno. Una de estas universidades es la UNIR, en la que actualmente trabaja como director de expansión el ex-consejero de educación José Iribas. Éste, antes de dejar su cargo firmo un convenio con  la UNIR para que el alumnado pudiera hacer prácticas en los centros públicos y privados de Navarra.

Mención aparte merece el caso del personal técnico de FP que no haya cursado un grado, ya que no puede realizar el máster. Para este tipo de profesorado se ha establecido un curso de habilitación pedagógica especial, el llamado familiarmente «no master», que no se oferta en Navarra.

La consejera se ha escudado en el imperativo legal para mantener el contenido de la resolución, aunque amplie el plazo de presentación de la titulación. La normativa es interpretable, pero además es injusta. Mientras no se ofrezcan plazas públicas suficientes para obtener el máster, se seguirá ahondando en la discriminación y vulnerando la igualdad de oportunidades. En Steilas nos negamos a admitir esta lógica de hechos consumados. Una y otra vez hemos preguntado sobre las intenciones del gobierno respecto a la exigencia del máster, y apuntado posible soluciones. Desde que conocimos el contenido de la resolución del Gobierno pedimos la convocatoria urgente de una mesa de negociación y no obtuvimos ninguna respuesta. Junto con el resto de sindicatos de junta de personal docente, la solicitamos nuevamente el miércoles pasado y solo hemos obtenido silencio. Tenemos propuestas y exigimos el espacio de negociación que nos corresponde para hacerlas llegar, para articular soluciones que beneficien tanto al personal docente como a la gestión adecuada de la administración. Exigimos que se acabe con las inercias autoritarias. No podemos, ni queremos, permitir que el Gobierno del cambio continue ninguneando a las organizaciones sindicales e imponga sus criterios de manera unilateral.