Hoy, 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo, parece adecuado analizar el proyecto de Ampliación y Reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao redactado por Foster & Partners y el arquitecto Luis Mª Uriarte. Por sus graves afecciones al urbanismo, la arquitectura, al patrimonio y al paisaje merece manifestar una crítica por sus graves consecuencias culturales no solo de las personas vinculadas profesionalmente sino también social, ya que el patrimonio es un bien colectivo además por sus repercusiones económicas que no es, ni será próximamente época de despilfarros.

Este concurso ha sido uno de los más vergonzosos que se han podido contemplar incluso en todo el Estado especialmente de acuerdo a la envergadura del objeto del mismo, un museo de enorme relevancia. Con un jurado decidido y controlado por un miembro vinculado a la Norman Foster Foundation con el único objetivo de hacer ganador a su famoso fundador, el arquitecto Norman Foster.

El prestigioso arquitecto Eugenio Aguinaga, autor con Cesar Pelli del Master Plan de Abandoibarra, en el que se inserta la plaza Euskadi publicaba el pasado 8 de octubre el artículo Foster se equivoca en un periódico local (‘‘El Correo’’, por cierto con una disposición en página y encuadre manifiestamente marginal). En su escrito incide en el despropósito del proyecto que califica, acertadamente, de extravagante, junto con la absurda amputación de la citada y reciente (2011) plaza. La crítica sobre las intervenciones públicas en el patrimonio cultural desde hace años está mediáticamente silenciada e incluso este proyecto está avalado, por el Colegio de Arquitectos en su delegación de Bizkaia mediante subvenciones en los últimos seis años, entorno al medio millón de euro, para conseguir un cómplice silencio. Subvención es sumisión.

Lo que concurre en este proyecto, que no es estratégico como repiten los políticos del sistema, sino que obedece a un propósito económico turístico tramado entre el PNV bizkaitarra y el director del museo para competir con el cercano Guggenheim con una arquitectura espectacular sin importar sus consecuencias de todo tipo y atraer masas para regocijo de la hostelería.

Para juzgar debidamente esta operación es preciso hacer un análisis de todo el proceso desde las irregularidades e ilegalidades del concurso, del jurado y del proyecto ganador tarea que ha requerido de mucho tiempo y con obstáculos administrativos. Pero nos centrarnos en la parte sustantiva, la que concierne a la actitud de las administraciones Diputación de Bizkaia y Gobierno Vasco.

En el jurado que debía dirimir figuraba el anterior viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco José Ángel María Muñoz, e historiador del arte, que tuvo que apreciar desde el inicio las numerosas y evidentes transgresiones que el proyecto causa sobre el edificio del Museo y el Parque ambos catalogados al máximo nivel de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y a la Ley 6/2019, de 9 de mayo de Patrimonio Cultural Vasco. Ley que suponemos conocerá al máximo detalle y no obstante voto a favor.¿Cómo ejerce su cargo si admite y aprueba agresiones tan manifiestas a una arquitectura sobresaliente y protegida por sucesivas leyes desde 1962? ¿Esto no es prevaricación? ¿Qué sentido tiene su presencia en un jurado para justificar la representatividad protocolaria del Gobierno sin ningún rigor cultural? Su actitud y responsabilidad quedan seriamente comprometidas ¿Cómo es posible que tras su cese de viceconsejero haya sido nombrado asesor de la consejería después de tanta negligencia?

De este previsible atentado cultural no se exime el propio consejero Bingen Zupiria quien asistió tanto al fallo del concurso el 23 de julio de 2019 como a la presentación de una maqueta a mayor tamaño con la propuesta reformada el 16 diciembre 2019 y pudo ver con detalle que el proyecto es una agresión integral al patrimonio urbanístico, arquitectónico y paisajistico de la villa y más considerando que para él constituye un paraje conocido, cotidiano.

Sobre este asunto la diputada foral de Cultura, Lorea Bilbao (PNV) tuvo que comparecer en Juntas Generales de Bizkaia el pasado 24 de septiembre de 2020 a petición de Elkarrekin Podemos para intentar justificar todas las ilegalidades del concurso ya que la Diputación tenia una representante en el jurado, Zuriñe Antoñana, profesionalmente incapacitada para analizar proyectos de arquitectura. Como es ya habitual en ella negó todo con argumentos pueriles y afirmaciones impropias de una persona con elemental formación cultural que suponen un insulto a la inteligencia que solo creyeron quienes le mantiene en el cargo, PNV-PSOE después de una lamentable por inoperante precedente legislatura 2015-2019. Así, afirmo: «la adjudicación se decidió por unanimidad del jurado»… «por lo que el voto del arquitecto Luis Fernández Galiano miembro de la fundación de Norman Foster no fue necesario para optar por la propuesta de Foster». También manifestó que el proyecto «no contraviene legislación alguna» relativa al patrimonio histórico y cultural (muestra de palpable de su ignorancia de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco) y reconoció la «solvencia» del jurado en el que cuatro de los diez miembros estaban desautorizados intelectualmente para analizar proyectos de arquitectura.

Un país, Euskal Herria, que aspira a tener una identidad propia en una Europa plural no puede mostrar esta desidia cultural y vergüenza nacional con continuas destrucciones y deformaciones del legado cultural por culpa de unos dirigentes que comprometen gravemente la credibilidad de estos cargos y su continuidad en un gobierno que pretenda ser honesto y culto. No es posible encontrar en Europa ni siquiera en los países más pobres económicamente un afán destructor de su propia cultura como la que practica el PNV, que desde el final del dictadura ha sido más violento en esta materia, que siempre, salvo alguna excepción, en el los territorios de la Comunidad de Euskadi en todas las legislaturas y administraciones, ayuntamientos de las capitales, diputaciones y gobiernos, ha estado a cargo del PNV.

Del mismo modo estos dos responsables culturales deben comparecer en sede parlamentaria para dar explicaciones racionales de su irresponsable actitud ante semejante atentado cultural antes de que se emprendan acciones judiciales en legítima defensa del Patrimonio Cultural Vasco.

La anterior Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, vigente hasta 2019 en su introducción decía: «Se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente ley. Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos de Euskadi, particulares y autoridades que la guarden y hagan guardar».

Y en la Exposición de Motivos: «El patrimonio cultural vasco es la principal expresión de la identidad del pueblo vasco y el más importante testigo de la contribución histórica de este pueblo a la cultura universal. Este patrimonio cultural es propiedad del pueblo vasco. La protección, defensa y enriquecimiento del patrimonio cultural, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, es uno de los principios ordenadores de la actuación de los poderes públicos».

Desde hace demasiados años esto es arqueología legislativa cultural, una literatura autodevaluada y arruinada, desprestigiada y olvidada. Erase una vez un país…..