Aunque más bien parece una pelea de gallos Manuel Valls y Philippe Martínez por hacerse con el gallinero de una izquierda a la baja, e incluso otra más deplorable entre sindicatos por conseguir el botín de la mayoría ante las próximas elecciones sindicales de 2017. La hasta hora hegemónica y radicalizada CGT se enfrenta a una emergente y moderada CFDT por esa mayoría. La primera lidera las protestas la segunda apoya la reforma del gobierno.

Para entender en profundidad este pulso se debe comenzar por analizar qué medidas contempla esta controvertida reforma y por qué se lanza precisamente ahora sabiendo la controversia que iba a originar. El paro en Francia ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años llegando a superar el 10 % de la población activa, que comparado con el de nuestro país parece una bendición. Pero conviene no olvidar que con quienes se comparan tradicionalmente los franceses no es con España, sino con Alemania y el Reino Unido que están en torno al 5 %.

Este dato ha activado todas las alarmas y ha propiciado esta reforma planteada por la terna Holland-Valls-Macron. Presionados por el exterior tanto desde el FMI, que apunta a la negociación colectiva, la inseguridad jurídica que supone la interferencia de los juzgados laborales y los altos costes de despido como las causantes este incremento, como desde la OCDE que critica la falta de dinamismo del mercado y la rigidez de los contratos.

También desde hace años se ha disparado el empleo temporal, que ya alcanza a uno de cada cuatro trabajadores. Los contratos laborales de corta duración han subido su incidencia sobre el total en once puntos, según datos de Acoss. Entre 1998 y 2015 el coste laboral ha subido más de un 50% cuando la productividad apenas ha crecido un 20%. Como consecuencia de todo ello Francia ha caído al puesto 22 en el Índice Global de Competitividad, mientras su vecina Alemania ha subido al número 4 a base de contener el aumento de los costes laborales y flexibilizar su mercado de trabajo.

Todo ello ha obligado a tomar esta dolorosa decisión con dramáticas consecuencias y sorprendentemente impulsada por las élites del Partido Socialista Francés. Su ministro de Economía, Emmanuel Macron, ya anunció en enero que Francia iba a importar aspectos de la reforma laboral española con ánimo de «eliminar rigideces». El grueso de los cambios que ha introducido pasan por introducir convenios a nivel empresa y por acabar de facto con la jornada de 35 horas semanales.

La legislación reduce de 27 a 15 meses de salario las indemnizaciones con despido, abarata los despidos ligados a causas económicas y pauta que las horas extra se paguen con un plus del 10% frente al 25% que estaba en vigor.

La reforma plantea que los empresarios ganen en flexibilidad y reduzcan los costes laborales. La nueva legislación permitiría el despedido si la empresa prevé perder beneficios, al igual que la reforma laboral del PP en la que se inspira. Si se trata de una filial de un grupo internacional podrá hacerlo si las cuentas en Francia no van como esperaban, con independencia de que a las otras filiales les vaya bien.

Hollande y Valls respaldan a Macron, hasta el punto de que la reforma se aprobó por decreto del primer ministro, esquivando un trámite parlamentario que hubiese exigido votar hasta 5.000 enmiendas y modificaciones.

Cierto es que se inspira en la legislación aprobada en nuestro país en 2012, aunque mucho menos dura en su aplicación especialmente en ciertos aspectos.

En lo que se refiere a despidos improcedentes Rajoy impuso una drástica rebaja de 45 a 33 días, mientras que la propuesta francesa es mucho menos dura. Aunque quizás las máximas diferencias se den en lo referido a la modificación de las condiciones de trabajo. Una empresa en Francia podrá cambiar las condiciones fijadas en el contrato de un trabajador, aunque con su aprobación. No podrá hacerlo, eso sí, con el salario. En este punto, la reforma de España parece más agresiva: ha permitido que las empresas hagan modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, incluidos los sueldos, y de forma unilateral, si bien también tienen que negociarlo con los representantes sindicales

Según todos los indicios la ciudadanía rechaza de plano esta reforma situando según las encuestas a un 90 % de los franceses contrarios a la misma, aunque en las últimas semanas se detecta ya un cierto cansancio por la situación de tensión creada. Todos los indicios reflejan que la inmensa mayoría de la población francesa desea ahora acabar con ella y volver a la normalidad.

La batalla sindical entre la CFDT y la CGT puede llevar a su debilitamiento definitivo en un país con una minúscula tasa de afiliación, en torno al 10 %. Igualmente si PSF y CGT continúan su pulso actual puede resultar desastroso para ambos y para la izquierda en su conjunto.

No sería la primera vez ni la última que una confrontación fratricida como esta termina con un largo periodo de gobierno de la derecha, o lo que aún sería mucho más grave abriendo la puerta a un histórico triunfo de la extrema derecha de Marine Le Pen, cuya fortaleza electoral precisamente se está sustentando en los desencantados de los lugares más marginales de la clase obrera.

Parece en los últimos días que el incendio va adquiriendo menos virulencia, aunque no se puede confiar el Gobierno Valls. Quizás lo más inteligente sería recuperar el diálogo con Martínez y buscar una salida consensuada a este callejón sin salida en el que se encuentran Lo contrario puede ser letal para ambos y para sus respectivas organizaciones.

Éste es el momento para intentar apagar este incendia, especialmente ante el inicio de un evento como la Copa de Europa de Selecciones que va a situar a Francia en el foco informativo europeo y mundial.

Veremos si existe cintura y humildad suficiente para lograrlo o si por el contrario anteponen sus egos personales a lo que PSF, CGT, la izquierda y Francia en general necesitan. Veremos.