Fundación Internacional Obelen; La punta del iceberg de un modelo de Acogimiento Infantil ruinoso para Gipuzkoa
La Red Foral de Acogimiento Residencial de menores en situación de riesgo está gestionada por diferentes entidades, desde empresas multiservicio, a iniciativas religiosas, o entidades sin ánimo de lucro. Todas licitan en concurso público para hacerse con la gestión de alguno de los centros de la red, que emplea directamente a no menos de 500 trabajadores y trabajadoras, la inmensa mayoría universitarios, que son subrogados, esto es, mantienen sus puestos de trabajo aunque cambie la entidad.
En 2011, la red acogió a 275 menores, destinándose directamente en 2013 23.594.092 euros, siendo la partida más importante de la dirección de Infancia y Adolescencia, con un 60,39% del presupuesto de la dicha dirección. El coste anual medio por usuario asciende a 85796€. En los costes se incluye un porcentaje de beneficio ‘industrial’ asegurado para las entidades, que ronda el 3-4%.
La Fundación Internacional O’Belen (FIOB) llega a Gipuzkoa en septiembre de 2012. Esto puso en alerta a tanto a sindicatos como a trabajadores del sector, que hicieron ver a la institución foral la situación económico-financiera de la Fundación, pues, las protestas de las plantillas de esta entidad en Valencia y Galiza no hacían presagiar nada bueno. La realidad dio la razón a los trabajadores, que hemos estado expuestos a toda una estrategia del shock; despidos fulminantes, sanciones, intentos de modificar los calendarios para dejar de pagar diferentes pluses que suponían hasta un 15% del salario, tentativas de colar inaplicaciones salariales, sin presentar las debidas cuentas, impagos y retención de salarios, incluso en aquellos casos en los que además de estar siendo desembolsados por la Diputación estaba siendo subvencionados al 80% por planes municipales de fomento de empleo. Un atropello, entre mentiras, responsabilización de su mala situación a impagos a la Diputación o al nivel de bajas de la plantilla y acuerdos firmados de mala por FIOB que ha intentado ganar tiempo durante un año largo. Entretanto, FIOB ha estado llevándose de nuestro territorio dinero de la tarifa que la Diputación ha estado pagando en tiempo y forma. Dinero que viene directamente de los impuestos de todos y todas las gipuzkoanas, destinado a atender a adolescentes gipuzkoanos y a pagar a los cerca de 65 trabajadores y trabajadoras que cuidamos de ellos, 24 horas al día. Dinero equivalente a tres nóminas y atrasos en diferentes conceptos. Una media de 4000 euros por trabajador en el tránsito de un año.
Una entidad con semejantes problemas para pagar salarios, difícilmente puede sostener correctamente el servicio; incontables veces el personal ha adelantado dinero para actividades de los chicos acogidos, o combustible o hacer malabares para dar un servicio en turnos que no han sido cubiertos por la empresa. Aspectos tan básicos como la disponibilidad y seguridad de los vehículos, los cierres internos o externos de las residencias o la calidad del menú se han visto afectados constantemente y constantemente han sido trasladados a las autoridades técnicas y políticas forales.
El 13 de noviembre, Carlos Moreno, gerente de FIOB se presenta en la sede del departamento de Politica Social, argumenta pérdidas y exige, para rescindir el contrato, una cantidad que al final se queda en varias decenas de miles de euros. Resultado: una plantilla que posiblemente tendrá que ir a los juzgados y denunciar a la entidad para cobrar sus salarios, una institución foral, que aún defendiendo a los trabajadores, es ultrajada por una entidad ‘sin ánimo de lucro», otra organización que se pitorrea de todos los gipuzkoanos y gipuzkoanas y un nuevo desorden en ciernes, al tener que asumir, con urgencia, una nueva entidad los centros gestionados hasta ahora por FIOB. Al final, plantilla y adolescentes habremos pasado por tres organizaciones en un año.
Desgraciadamente, semejante despropósito no es una excepción. Venimos de un impago por la anterior adjudicataria, CLECE, denunciada y condenada en primera instancia, y que a pesar de tener esa deuda pendiente volvió a ganar un concurso de tres centros de acogimiento residencial y que, como luego las cuentas no le salían, decidió abandonar el servicio y denunciar a la Diputación por lucro cesante. Anteriormente, entidades como Dianova o Bideberri llevaron gestiones tan nefastas que supusieron el cierre de centros o la rescisión del contrato de servicio, con el consiguiente trastorno para usuarios y trabajadores. Mientras que Bideberri desapareció, se vió abocada a dejar de operar en Gipuzkoa.
Ante este estado de cosas, queremos dejar clara nuestra postura: vamos a seguir defendiendo las condiciones laborales y de servicio. Por ello, en los próximos días nos veremos en las calles informando a la ciudadanía de cual es nuestro cometido, cuáles son las condiciones en las que tenemos que desempeñarlo. Queremos trasladar a todos los compañeros y compañeras que trabajan en nuestro sector que la única garantía para la defensa de nuestros derechos y de nuestro convenio es la movilización constante; solo mediante la puesta en conocimiento de la situación a la institución competente, mediante la movilización y la denuncia se salvaguardan las condiciones laborales y de servicio.
Finalmente, todos y cada uno de los y las profesionales del sector tenemos un gran compromiso con la labor social que implica nuestra función. Desgraciadamente un modelo de subcontratación del servicio, que perpetúa la posibilidad de semejantes desmanes, nos resta una gran cantidad de tiempo que podríamos dedicar a mejorar la calidad del servicio. Por ello, por el tremendo esfuerzo social y económico que supone a todos y todas las gipuzkoanas, creemos que ha llegado el momento, más que de parchear el sistema de abrir un debate social sobre el modelo de protección infantil.
(*) Firman este artículo también: Unai García Míer (Educador); Angela Torron Ordas (Educadora); Garbiñe Iturrioz Toledo, (Educadora); Raquel Rodriguez Das Neves (Educadora); Pau Montagut Ibanyez (Educador Auxiliar); Monica García De Pablo (Educadora); Josu Lonbide Lorente(Educador Auxiliar); Goizalde Larrazaga Gaminde (Educadora); Francisco Sanchez Cidoncha (Educador); Maitane Camba Silveti (Educadora); Alvaro Ricón Rivera (Educador Auxiliar); Harkaitz Izaguirre Balda (Educador); Esther Díez Corral (Educadora); Idoia García Díaz, (Educadora); Jaione Otxoa De Egileor (Educadora Auxiliar); Aitor Lataillade (Educador); Maider Arostegi Bajo (Educadora); Antonio Francisco Areta Sexmilo (Educador Auxiliar); Elsa Giribet Gomez (Educadora Social); Mireia Oiarzabal Canseco (Educadora); Jone Ortuondo Aresti, (Educadora); Maite García Usoz (Educadora); Leire Adin Marcos (Educadora); Jose Antonio Mani Parra (Maestro de Centro de Acogida); Mari Carmen Gama Moreno (Auxiliar de Servicios); Antxone Perez Barrero (Educadora); Vera Djergovic Arduengo (Educadora).