Los antiguos griegos distinguían entre democracia, oligarquía y tiranía. Para Platón y Aristóteles, la democracia no era la mejor forma posible de gobierno ni el resultado inevitable de la evolución política. Para ellos, la transición de una forma de gobierno a otra era una degeneración inevitable.

Poco a poco ha ido surgiendo lo que se presenta como una cuarta forma de gobierno, la «gobernanza».

«Gobernanza» es una de esas palabras mágicas con un significado bastante vago, que actúan como clave para imaginar soluciones innovadoras, pero que también pueden ocultar las relaciones de poder reales y, por lo tanto, corren el riesgo de tener mucho éxito. De hecho, la gobernanza hace estragos hoy en los campos empresarial, político y universitario, pero también en las diversas estructuras del tercer sector y en las relaciones internacionales, también porque en una sociedad cada vez más compleja promete conciliar las necesidades de sujetos con diferentes historias, características y objetivos.

Las consecuencias más inquietantes son políticas. La crisis de la democracia representativa y de los partidos es ahora evidente. Proliferan las «democracias»: son gobiernos legítimamente elegidos por voto popular que empujan hacia la limitación progresiva de las libertades, desintegrando la separación de poderes, como está sucediendo en Turquía, Hungría, Polonia o Rusia. A nivel global, triunfa el turbo-capitalismo de «dictaduras ilustradas» como Singapur y países «comunistas» como China o Vietnam. En las democracias maduras, las fuerzas populistas explotan, lo que lleva a la simplificación del escenario institucional. La reflexión sobre la democracia ha vuelto al centro del debate político y filosófico.

No fue un resultado predecible, pero hemos aprendido que la historia no sigue nuestras predicciones, sino que va donde quiere. Por ejemplo, y en nuestro mundo europeo occidental, han pasado casi treinta y cinco años desde la caída del muro y el escenario no es ciertamente el del «fin de la historia».

Al final de la Guerra Fría entre el «bloque capitalista» y el «bloque comunista», el enemigo externo desapareció, el enemigo interno también fue eliminado, con la cancelación de los conflictos que dividen a las sociedades individuales y con la tendencia a la extinción de los partidos de la izquierda tradicional, tanto comunista como socialista. Pero la caída del Muro de Berlín ha sacado a la luz otra profunda debilidad, o quizás hipocresía, de los progresistas occidentales. La comparación con las dictaduras del siglo XX llevó a idealizar las democracias occidentales, considerándolas ejemplos completos y exportables, pero después de 1989 emergieron todos los límites de nuestros sistemas políticos, que en realidad están gobernados por oligarquías y excluyen a las personas de una participación real en procesos políticos de grandes segmentos de ciudadanos. Basta caer en la cuenta del aumento de la abstención.

El triunfo del capitalismo tuvo otra consecuencia significativa. La empresa, que fue la principal artífice y protagonista de este punto de inflexión trascendental, se ha convertido en el sujeto culturalmente hegemónico. Lo público, o la polis, ha sido invadida por lo privado, por lo económico: se trata de hacer que la parte (la empresa privada) sea mayor que el todo (el Estado).

El concepto de «gobernanza» conlleva múltiples significados. El primero quizá se refiere a la fisiología o al gobierno del cuerpo. El Governance Institute de San Diego también avanzó en la dirección de la atención sanitaria. En los años 1980, el concepto de «gobernanza» recobró fuerza en el ámbito de la gestión como «gobernanza corporativa», es decir, insertando los modelos operativos de la política dentro de las empresas e involucrando no solo a los accionistas, sino también a los stakeholders, es decir, todos los sujetos afectados en mayor o menor medida por su actividad (por ejemplo, los empleados y los habitantes del barrio donde tiene su sede una empresa contaminante). Ante los escándalos que han devastado a muchas grandes empresas, surgió la necesidad de prevenir las crisis y quiebras corporativas con un sistema de control y coordinación más eficaz, además de limitar los daños a la gestión y a su horizonte a corto plazo. Dentro de la empresa, este mecanismo de autorregulación tiene como objetivo «coordinar» a los distintos actores para optimizar todas las operaciones y gestionarlas con integridad y rigor. El antídoto de la gobernanza empresarial no ha sido especialmente eficaz: la corrupción, los conflictos de intereses, el uso de información privilegiada (y las quiebras), pero sobre todo la miopía de directivos e inversores, siguen marcando las noticias económicas y son una de las causas de la Gran Crisis que estalló en 2007-2008.

Mientras tanto, a raíz del predominio cultural de lo económico, en la era de la desregulación y la inevitabilidad de las leyes del mercado, la gobernanza se ha desbordado hacia la política. Entre los primeros en utilizarlo en este contexto estuvo el Banco Mundial en 1992, cuando publicó Gobernanza y desarrollo (Banco Mundial, Washington D. C., 1992). El Banco Mundial difunde los Indicadores Mundiales de Gobernanza que han cubierto más de 200 países desde 1996, basándose en seis indicadores.

También en los años 1990 se fundó con sede en Ginebra la Comisión sobre Gobernanza Global, que reúne a personalidades políticas, diplomáticos y economistas, autodenominados defensores moderados de la economía de mercado y figuras emblemáticas del «desarrollo internacional». Este think tank internacional ha derribado las bases ideológicas de la «gobernanza mundial» y en 1995 produjo el informe Our Global Neighborhood bendecido por el Secretario de la ONU, Butros Butros-Ghali. Se ofrece en el mismo una Matriz conceptual para la gestión pública en el contexto de la globalización. Poco después, estos fundamentos ideológicos serán adoptados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que publica El libro blanco sobre la gobernanza europea (Bruselas, 2005).

La gobernanza es el instrumento de consulta ideal cuando se trata de implementar un proyecto que involucra múltiples entidades públicas y privadas. La política, o la búsqueda del bien común, ya no es el principio ordenador. La política, o más bien la administración, con todos sus defectos bien conocidos por cualquier ciudadano, se reduce a uno de los diversos temas que intervienen en la negociación. La legislación se vive como un obstáculo burocrático, una colección inescrutable y obtusa de trampas. En teoría, entre los actores estarían también los ciudadanos, que, sin embargo, tienen grandes dificultades para hacerse oír en una comunidad atomizada o más bien desintegrada, según la famosa intuición de Margaret Thatcher: «La sociedad no existe: hay individuos, hombres, mujeres y familias» (1987). La función de control −que es la base del equilibrio de poderes− no se delega a un tercer órgano, sino al equilibrio de poderes entre los sujetos admitidos a la mesa, que operan en nombre de la eficiencia económica y de la consecución del objetivo. Las partes interesadas pueden y deben encontrar la solución óptima: implica resolver un problema técnico (utilizando las herramientas de ingeniería adecuadas) y otro económico (reducir costes y maximizar los beneficios para los accionistas). Los efectos sobre el contexto general, de los que la política debería ocuparse, quedan fuera del marco y se vuelven difíciles de entender y, por tanto, irrelevantes. En ese punto basta con forzar el consenso utilizando el control de los medios.

Este enfoque de gobernanza no se limita a proyectos individuales, sino que se aplica a los estados nacionales, a las negociaciones entre estados y empresas. Como, por ejemplo, las escandalosas y atroces concesiones mineras en el Congo con las negociaciones entre multinacionales y señores de la guerra mientras se masacra al pueblo y se le empobrece) a organismos internacionales como la UE y el Banco Mundial. El enfoque presupone −e impone− la ausencia de conflictos reales o al menos visibles: uno de los parámetros suele ser la «estabilidad política y ausencia de violencia», al que se añade la «eficacia del gobierno».

Otro parámetro suele ser el «control de la corrupción». En realidad, hasta se puede demostrar con facilidad que se trata de retórica, dado que el mecanismo de colusión tiene sus raíces en las mesas de gobernanza. Del mismo modo que los llamamientos a la transparencia y a la responsabilidad corren el riesgo de parecer retóricos, dadas las evidentes asimetrías de información, y a la «calidad regulatoria».

La pantomima implica una exigencia apremiante de desregulación del poder político, el desmantelamiento del sistema de reglas y la flexibilización de las restricciones, seguido −en caso de desastre− por la acusación de los políticos de haber creado normas ineficaces o erróneas.

Para escapar de la crisis de la democracia se pueden tomar, al menos, dos caminos. El primero consiste en intentar superar sus límites, ampliando la participación y favoreciendo la dimensión horizontal. Pero es un camino difícil, fundamentalmente por razones técnicas, pero también por la fragilidad teórica de los modelos de democracia 2.0. El camino opuesto es la creación de una oligarquía más o menos amplia, de manera más o menos explícita.

Yo creo que la gobernanza responde efectivamente a un parámetro: si la oligarquía se establece en nuestros regímenes, debe hacerlo en formas democráticas, debe disfrazarse de alguna manera. La gobernanza es la máscara tecnocrática de la oligarquía, que mantiene una apariencia democrática y participativa, pero elige a los participantes y les impone las reglas del juego. Es el disfraz democrático perfecto para los populismos autoritarios del futuro.