En el año 2022 y de cara a la matrícula escolar para el curso 2022-2023, la Consejería de Educación puso en marcha un sistema de «reparto del alumnado vulnerable» (nunca del no vulnerable) en base al índice de vulnerabilidad de cada zona escolar. Se pretendía, supuestamente, ir acabando progresivamente con la enorme segregación escolar por la que destaca nuestro sistema educativo a nivel europeo. En la enseñanza pública la mayoría de los agentes educativos nos posicionamos en contra de esta medida por varias razones: considerábamos poco fiable la determinación del nivel socioeconómico-cultural de las familias en base a una encuesta, estigmatizaba al alumnado vulnerable, y no creíamos en la eficacia de una medida que pasa por alto las causas de la segregación.

En realidad, un cierto reparto de este alumnado llevaba realizándose con las matrículas que llegaban a lo largo del curso, la denominada «matrícula viva», sin ningún resultado. La novedad en 2022 consistía en aplicarlo en el período ordinario de matriculación y en establecer los índices de vulnerabilidad de las zonas y los centros escolares. Tras dos años, los efectos de esta medida han sido casi nulos, y en la matriculación para el curso 25/26 se han rebajado las exigencias y el reparto será menor. Paralelamente los tribunales obligan al Departamento de Educación a replantear el decreto en el que se basa la normativa de matriculación. Todo era una farsa sin fundamento, pero para algunas familias se convirtió en un drama injusto.

Queremos mostrar aquí testimonios recogidos en varios centros públicos:

Familia A (transcripción): «Llegué acá a Vitoria en agosto, con mi hija, y, pues, solicité cupo (plaza) en algún cole, pero me dieron en un colegio privado, y la verdad es que de momento no tengo la situación económica para hacer esos aportes económicos. Entonces, informé en el colegio que mi hija no iba a ir allí y también fui a Educación y me dijeron que no podían hacer nada y que tocaba esperar, pero igual fui al colegio... (público) y me dijeron que sí había cupo para la niña y solicité otra vez a educación que me dieran el cupo allí y me dijeron que no. Entonces a ver si ustedes me pueden solucionar algo, si hay forma. Les agradezco»

FAMILIA B: Han llegado a nuestra escuela. Su hijo ha sido enviado por la comisión de escolarización a un colegio concertado. Sus palabras: le han «perdonado» las dos primeras cuotas, pero la dirección le ha dicho que tiene que pagar a partir de un plazo y si no puede, debe buscar otra escuela. La familia ha recibido con claridad el mensaje que le han dado: si no paga no es bienvenida.

FAMILIA C: Una familia paquistaní matriculó a sus dos hijos en nuestra escuela. Debido a la tasa de vulnerabilidad fueron enviados a una escuela religiosa concertada a 20 minutos de su domicilio. El padre vino varios días a la escuela a pedir ayuda. Nos trajo la lista de pagos que les pedían. Era un colegio católico y ellos pedían una escuela laica.

FAMILIA D: La madre del niño cursó la matrícula en una escuela pública y fue enviado a una escuela católica concertada. Además de estar lejos de casa, tenía que pagar cada mes diferentes cuotas: material, comedor mucho más caro que en la pública, tablet, cuota de funcionamiento... Cuando habló con el director éste le dijo: «Te han mandado aquí engañada. Esto no es un colegio público, esto es un colegio privado». Le recomienda que acuda a la pública el próximo año. Después de hablar muchas veces con la delegación, consiguió el traslado a nuestra escuela. No le han devuelto el dinero adelantado.

Y así, innumerables casos.

Hay que señalar que la enseñanza concertada se posicionó en contra porque entendía que la admisión de «ese» alumnado impedía la entrada de «otro» que, según su opinión les correspondería. Así lo han manifestado públicamente y son conocidas las irregularidades que han llevado a cabo para soslayar esta medida (sobrematrícula, invitación a las familias a falsear la encuesta...)... Es la actitud de centros que pagamos con el dinero público de todos y de todas.

Lo que es difícil de entender es que, si el objetivo es la escolarización equilibrada en centros públicos y concertados, se distribuya solo el alumnado llamado vulnerable y no a todo el conjunto. Parecería que hay una diferencia de derechos a la hora de elegir el centro, derecho que solo algunas familias pueden ejercer.

Cuando todos los datos correlacionan la segregación escolar con la mayor o menor presencia de la enseñanza privada, y se señala a la concertación educativa como un claro factor de discriminación escolar, la medida del «reparto» no puede considerarse creíble, sino un simple lavado de cara de una administración que no quiere replantearse la concertación y no sabe cómo resolver un problema incómodo, es decir, es una farsa.

El objetivo tendría que ser trabajar para que la mayoría de las familias elija la escuela pública como oferta más atractiva para así conseguir hacerla mayoritaria asumiendo la pluralidad y reduciendo la segregación, y eso requiere de una prioridad absoluta en cuanto a recursos y planificación. No utilicemos el dinero de todos y todas en una oferta educativa privada innecesaria en la mayoría de las zonas y que, salvo contadas excepciones, nunca será inclusiva. La única inclusiva y universal es la escuela pública −lo lleva inscrito en su ADN− la herramienta más eficaz para lograr la cohesión social, la convivencia y la integración.

Esperamos que el «Pacto contra la segregación escolar» que, según recoge la nueva Ley de Educación debe de ser elaborado, no sea otro conjunto de buenas intenciones y otro lavado de cara más, refuerce la red pública y sirva de verdad para ir reduciendo la enorme brecha discriminatoria que impregna todo nuestro sistema educativo.


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