Vuelven a juzgar a quienes durante décadas han sufrido la tortura y todas sus consecuencias en lugar de juzgar a quienes se han servido miles de veces del tormento o han colaborado de las más diversas maneras con sus ejecutores directos. Por ejemplo, mintiendo y haciendo falsas promesas a un prestigioso organismo internacional, el Comité de Prevención de la Tortura, CPT, del Consejo de Europa.

Hay contundentes pruebas documentales de que fue precisamente eso lo que hizo quien hasta hace poco era presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra Robles. Lo hizo en 1995, cuando era director general en el Ministerio de Justicia e Interior y fue el encargado de redactar la respuesta del Gobierno español al CPT que, desde su primera visita a España en 1991, venía solicitando a las autoridades españolas que implementaran varias medidas preventivas en caso de detenciones incomunicadas.

La más sencilla de esas medidas era la de que se comunicara a un familiar del detenido incomunicado el lugar de custodia. Juan Luis Ibarra no podía explicar por qué se negaban a decir dónde se encontraba el detenido y recurrió a la mentira pura y dura. Pretendió que «es una práctica habitual la de informar a los familiares del hecho de la detención y el lugar donde se halla la persona detenida cuando estos se dirigen a dependencias policiales». Algo que era radicalmente falso. Como otras afirmaciones que llevaban asimismo la firma de Ibarra.

En aquella respuesta al CPT, Juan Luis Ibarra prometió que esa medida preventiva sería aplicada «tan pronto como una detención incomunicada sea públicamente conocida». Una promesa que, como tantas otras, las autoridades españolas no cumplieron en absoluto, ya que durante décadas siguieron sin hacer obligatorias ni esa sencilla medida ni otras igualmente demandadas tanto por el CPT como por otros prestigiosos organismos internacionales.

También siguieron mintiendo con el mismo descaro de siempre a esos organismos para justificar la increíble negativa a hacer obligatorias unas medidas preventivas que no suponían riesgo alguno para las investigaciones policiales. Muy en especial, la de grabar con unas mínimas garantías todo lo que sucedía durante las detenciones incomunicadas.

Juan Luis Ibarra Robles es un buen ejemplo de encubridor de la tortura situado en altas instancias del Estado, pero no deja de ser uno más en un Estado completamente carcomido por esa lacra. Uno de los miles de encubridores que han actuado siempre con la más absoluta impunidad, como lo muestra el hecho de que ninguno de ellos ha sido nunca ni tan siquiera llamado a declarar, pese a haber cometido, según la legislación internacional, un crimen contra la humanidad.

Ahora bien, pese a que la legislación internacional es muy clara a la hora de calificar la tortura y la complicidad con la misma como crímenes contra la humanidad, no lo es tanto, ni mucho menos, al abordar el espinoso tema de probar la tortura. Véase al respecto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, según la cual, si un detenido resulta herido o lesionado mientras se encuentra en custodia policial, corresponde al Estado justificar esas heridas. En cambio, si no hay lesiones, la carga de la prueba recae sobre el torturado.

Se trata de una jurisprudencia que prima la razón de Estado y que no tiene en cuenta la realidad de la tortura que tan certeramente denuncia el Catedrático Emérito de Ética de la Universidad de Deusto, Xabier Etxeberria: si el torturador «es inteligente como para no dejar huellas, si está ‘bien protegido por el sistema’, nadie sabrá lo que ha hecho, nadie le pedirá cuentas, el torturado no tendrá a quien reclamar. Este secretismo, por un lado, garantiza la impunidad del torturador y, por otro, deja sumida a la víctima en el mayor desamparo no solo en el momento de ser torturada, sino en el momento de reclamar la justicia y la reparación debida por lo que se le ha hecho».

Eso es exactamente lo que ha sucedido con la tortura en el Estado español. Miles de personas no han podido probar lo que les han hecho porque, en la gran mayoría de los casos, la incomunicación ha impedido toda prueba. Es su palabra contra la de los funcionarios policiales y ya hemos visto lo que ha sucedido estas últimas décadas con jueces, forenses, autoridades, funcionarios...

A ningún juez se le ha ocurrido nunca preguntarse por qué el mismo tipo de militantes que guardaba siempre un absoluto mutismo en dependencias policiales francesas lo contaba todo con pelos y señales en las españolas. Saben perfectamente que eso era así, porque los medias españoles subrayaban una y otra vez el «mutismo habitual» de los militantes de ETA detenidos en el Estado francés y al mismo tiempo no paraban de dar detalles sobre las «manifestaciones espontáneas» de los detenidos en el español. Sin embargo, preferían ignorarlo, dar crédito a esa infame mentira de los manuales de ETA para denunciar falsas torturas y condenar a miles de personas en base a esas «manifestaciones espontáneas».

Por eso llevo un montón de años proponiendo que se aborde un estudio bien fácil de realizar, un análisis de la negación por parte del Estado de los actos de tortura. Pido que se analicen las alegaciones de las autoridades al respecto y se confronte con lo que en realidad dicen los documentos de ETA, tanto los que aducen las autoridades como todos los demás. Y actuaciones como las de Juan Luis Ibarra y otros funcionarios al responder a organismos internacionales.

También pido que se analice lo dicho por periodistas especializados en «fuentes antiterroristas» y, muy en especial, todo lo sucedido en el caso Portu-Sarasola, que es paradigmático en cuanto a los métodos empleados por la Guardia Civil y las autoridades a la hora de negar la tortura.

Ese estudio es bien sencillo de realizar. Apenas hacen falta medios. Solo voluntad política, que, por lo que veo, no existe en absoluto.