El 6 de diciembre de 1978 quedó ratificada en referéndum la Constitución Española. Constaba de 169 artículos, y afirmaba que la ley era expresión de la voluntad popular, a la que estaban sujetos los poderes públicos y ciudadanos de España desde su entrada en vigor el 29 de ese mes.

¿Expresión de la voluntad popular?  Vale pena fijarse en el artículo 2, que afirmaba, la «indisoluble unidad de la nación española». Con ello negaba que cada zona tenía su identidad y proceso. Aragón, Cataluña, Baleares, Valencia, Galicia, Asturias, León, Castilla, Extremadura, Andalucía, Canarias no eran un cuerpo unido por su propia inercia y vitalidad, sino atados por la voluntad de los gobernantes, desde los Reyes Católicos hasta la imposición culminada con el régimen franquista desde 1939 hasta 1975.
 
El capítulo 15, por su parte, afirmaba el derecho que tenían todas las gentes a la vida y a la integridad física sin que, en ningún caso pudieran ser sometidas a tortura, o tratos inhumanos. Pero esa afirmación no citaba la brutalidad de los aparatos del gobierno ejercida en fechas cercanas. Por ejemplo, lo sucedido el 24 de junio de ese año 1978, cuando dos muchachos iban en un coche cuyo conductor los había recogido en la carretera que recorría desde Apatamonasterio hasta Elorrio. Era ya de noche. No observaron señal alguna de detenerse. Y de pronto vieron que surgía por la margen derecha de la carretera un guardia civil. Que hizo una ráfaga de disparos, hechos desde frente. Conductor y uno de los muchachos resultaron heridos. Éste se dio cuenta que se le caía encima José Emilio, su compañero, de 16 años. Estaba muerto. De hecho, más tarde constataron que tenía seis impactos de bala. Dos de ellos en el corazón.  

Otra brutalidad del gobierno se dio en los sanfermines de Pamplona de ese mismo año. Al finalizar la faena del sexto toro en la plaza, saltaron al ruedo decenas de jóvenes con una pancarta, reclamando la libertad de los presos vascos. Contra ellos irrumpieron en el ruedo más de 40 policías. Los espectadores se dispersaron por las calles continuando sus protestas, Y la policía les disparó pelotas de goma, botes de humo, balas de fuego real.  Eran ya las 22,15 horas cuando, en las cercanías, un joven llamado Germán Rodríguez Sáinz fue asesinado por un disparo de la policía en la frente. Ninguna declaración del gobierno lamentando lo ocurrido. La brutalidad era utilizable si la pensaban necesaria.

Vamos más adelante. El 3 de junio del año siguiente, el 1979, había sido declarado como «Jornada internacional contra la energía nuclear». Y los ecologistas convocaron a una concentración en Tudela, para protestar contra el proyecto de una central nuclear en Soto de Vergara, cercano a Tudela. La policía los empujó hasta el puente que cruzaba el río Ebro. Varios jóvenes hicieron una sentada a la salida. Entre ellos estaba una muchacha de 23 años, Gladys del Estal Ferreño, que había venido con un grupo ecologista desde el barrio donostiarra de Egia. Y entonces llegó un grupo de guardias civiles, y la emprendieron a patadas y golpes de fusil contra ellos. Uno propinó un culatazo a Gladys en la espalda. Y en el momento en que la joven trataba de levantarse, el guardia civil le disparó a bocajarro. La bala le entró por detrás de la cabeza y le salió a la altura de la nariz. Ninguna condena del gobierno al respecto.

Al margen de dichos casos era tan conocida la brutalidad gubernamental que, a mediados de septiembre de 1980, Amnistía Internacional, afirmó que la tortura en el Estado español era una práctica sistemática y extendida.

Cabe citar, al respecto, que el 4 de febrero de 1981 José Arregi Izagirre murió en el hospital penitenciario de Carabanchel con signos evidentes de tortura. Que el 15 de marzo de 1982 fue arrestado el médico de 39 años Esteban Muruetagoiena, y la autopsia realizada el 28 de ese mes encontró señales de torturas. Que el 15 de marzo de 1982 detuvieron al médico Esteban Muruetagoiena acusándolo de haber atendido a un militante de ETA herido de bala. Lo soltaron diez días después. Sin cargos. Pero eran visibles las huellas de las torturas. Y murió tres días después. Que a finales de mayo de ese mismo año 1981, Tomás Linaza, de 57 años, padre de un refugiado vasco, fue detenido por la policía, e intentaron sacarle información sobre zulos o arsenales de ETA. Aunque él les repetía que no sabía nada, lo sometieron a tales torturas que él mismo les pedía una y vez que lo mataran. Que no podía declarar lo que no sabía. Que, si supiera algo, lo diría pues no podía aguantar más.          

Otro tema: la dispersión de los presos. El 24 de enero de 1987 había decretado el gobierno una mayor dispersión de los presos vascos, llevando algunos incluso a Ceuta, Melilla, y a la Cárcel de El Salto del Negro. En agosto de 1989 los presos vascos estaban ya dispersos por setenta y nueve cárceles del estado. Años más adelante, en el 2002 se vio en la prensa fotos de Unai Romano con la cara deformada al entrar en la cárcel, que evidenciaban los golpes recibidos. En el 2011 el Comité Europeo expuso que Beatriz Etxeberría había sido violada en los calabozos…

Toda esa serie de datos nos lleva a saber que la Constitución Española no es un documento que marca la dinámica de los gobiernos, sino que les sirve para sacarlo a la mesa cuando lo necesita. Y que mantiene las cárceles, la persecución de quien proclame la independencia de su tierra, la vigilancia de quien proclame su derecho a decidir. Como sucedió con los gobernantes de Cataluña tras su declaración de independencia en septiembre 2017, que tuvieron que escapar al extranjero o fueron llevados a prisión.

Por todo ello, el día de la Constitución, que se celebra el 6 de diciembre, recuerda simplemente la fachada del gobierno. Sería imprescindible llegar a otro documento en que se declare la libertad política de las zonas y gentes para hacer sus proyectos y actuación. Y respecto al gobierno, se le debe exigir que el diálogo sea el método básico de relación con ellas. Y que ejerza como simple coordinador.