La justicia no es justa, si justo es aquello que obra según justicia y razón, hay razones y muchas para creer u opinar que esta justicia hace aguas al menos en el cincuenta por ciento de su definición. Si legal es aquello que la ley prescribe y conforme a ella una de las definiciones de ley es «precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados». Estoy por reafirmarme que esta justicia, la de ahora también, no mira por o para el bien de todos los gobernados.

La justicia no es igual para todos y así como la Constitución del 78, por cierto no refrendada por más del setenta por ciento de la población del Estado y en Euskal Herria nunca, en su artículo 58 declara al Rey como persona inviolable y no sujeta a responsabilidad. Y son el PP y el PSOE, que en esto también tanto montan o montan tanto, los que han creado eso de rey y reina eméritos que como tales gozan de unos privilegios que la Constitución, su sagrada carta magna, no reconoce, ni contempla.

Pero sin apuntar tan alto, por si acaso, son ellos los políticos, jueces y fiscales y casa real, en total mas de 17.000, los que se auto protegen de la ley, los diferencian del simple mortal, con aquello del aforamiento que todas las elecciones y casi todos los partidos políticos llevan en su programa electoral como privilegio a suprimir.

Según definición «Un aforado es aquel que tiene el derecho de ser juzgado por un tribunal distinto al del resto de ciudadanos si se le imputa por un delito, gracias a su cargo público o profesión» pero visto lo visto el aforamiento protege y mucho, protege mucho mas allá de los delitos que hayan cometido, presuntamente, no inherentes al cargo público.

Los abogados Castells y Zabaleta publicaban un artículo en GARA titulado "Altsasu" del que selecciono la siguiente frase «suelo decir que no hay administración de justicia sino jueces que administran la Justicia, cada juez con su contexto personal e ideología». Son muchos años de andar por los juzgados los que avalan a sus autores y son muchos años de "pelear" más con los jueces que con la justicia, las leyes en su espíritu, y son muchos años los suyos intentando defender lo indefendible. Comparto sus palabras.

Que la justicia no es igual para todos, sin entrar en aquella frase del presidente del Tribunal Superior en la que afirmaba que la justicia en España estaba pensada para los robagallinas, es evidente y solo hay que repasar los miles de imputados, antes investigados, de la casta política a los que la justicia continua mimando no voy a escribir que son los jueces los miran hacia otro lado alargando sus sumarios. Vale, que también, el colapso de los tribunales es antológico pero en esto también son los políticos, por ahora los que han gobernado, sus principales causantes y visto lo visto sus beneficiados.

En el 2015 en Huelva se condenó a un hombre a 3 meses y un día por cortarle las orejas y el rabo a un perro sin sedarlo… Según esto a cuanto habría que condenar a todos los que pican, banderillean y estocan hasta la muerte a los toros en un espectáculo que goza como patrimonio cultural nacional desde el 2013.

En esta Europa SA de la que tanto gustan, bueno ahora con el caso catalán un poco menos, el fenómeno de la Audiencia Nacional, tribunal heredero del franquista Tribunal de Orden Público, creado en 1977 y heredero de sus competencias solo tiene razón en el Estado español.

La existencia de este tribunal, sin par en toda Europa, ha servido, sirve hoy en día, para juicios auténticos disparates, palabras de la abogada Amaia Izko en el caso de los jóvenes de Altsasu, que de no existir, la Audiencia Nacional, se hubiese celebrado en la Audiencia de Navarra la cual desde un principio y basándose en los informes de la Policía Foral y la Guardia Civil catalogo los hechos como una agresión grave con penas que pueden llegar a los cinco años de cárcel. El Tribunal Supremo fallo en favor de la jueza instructora Carmen Lamela y hoy se están enfrentando a penas que pueden ser superiores a los sesenta años. Está claro que si la ley es una son los jueces, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, los que condicional su sanción.

El Derecho Fundamental nos argumenta que la presunción de inocencia es uno de los pilares básicos de todo sistema penal. El derecho de presunción de inocencia corresponde a todo imputado en un proceso penal a ser tratado como si fuese inocente, hasta que una sentencia firme establezca su condena. No estaría nada mal que el ministro de Justicia se leyese esa parte de la teoría.

Prisión provisional o preventiva según el Código Penal recoge que para que se dicte prisión provisional o preventiva, que solo el juez instructor puede dictarla por cierto, deben de existir «elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él». Cualquier repaso a los últimos años y la Audiencia Nacional nos dirá que no siempre ha sido así por las veces que este mismo juez instructor ha dejado libre y sin cargo alguno a muchos de los que antes había enviado a prisión en calidad de provisional o preventiva como no podía ser de otra forma. Es y ha sido un arma demasiado poderosa para embrear caminos.

Lo anotado mas arriba parece señalar a los jueces, algunos jueces, como azotes prevaricadores y tampoco es eso, al menos yo nunca lo pondría por escrito, ya que para que un juez, o un fiscal, prevarique debe de haber dolo y está palabreja quiere decir voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. Hay es nada.

Hechos, por ejemplo, como los cierres de "Egin", "Egin Irratia", "Egunkaria"… cuyos cierres, ordenados por los jueces Baltasar Garzón (1998) y Juan del Olmo (2003), fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo (2009) e ilícitos por la Audiencia Nacional (2010) y los jueces que lo ordenaron no fueron considerados como prevaricadores. Todos ellos murieron por la ilicitud, sentencia del juez Javier Gomez Bermúdez al referirse al cierre de Egunkaria. También Egin, Egin Irratia, Ardi Beltza y Egunkaria murieron aplastados bajo la acusación de pertenencia a ETA.

Está claro que la cabra tira para el monte y yo para Euskal Herria y los miles de ejemplos que estos años nos han ido condicionando o menos. Al menos esta vez no me he metido con el PNV.

Volvamos a la justicia.

Llevamos ya no sé cuantos meses con Catalunya, que si Referéndum, que si declaración de Independencia de la Republica Catalana, que si 155, que si elecciones, que si este electo si y este no, que si el Constitucional, que si el Supremo, que si la Audiencia Nacional, que si Bélgica, Alemania, Suiza y Escocia, que si Derechos Fundamentales, que si violencia rebelión y sedición, que si malversación, que si Guardia Civil, Montoro o Rajoy. Vaya coñazo y que imagen mas pobre la de la justicia de por aquí.

Un juez, Pablo Llarena, que pone en entredicho una orden de extradición y la retira cuando todo indica que Carles Puigdemont no va a ser extraditado por Bélgica, una orden que vuelve activar cuando el President cruza Alemania y se agarra un rebote de la ostia cuando sus jueces le indican que la violencia imputada al mismo nunca fue la necesaria como para doblegar al estado. Ahora Montoro, Ministro de Hacienda, y Rajoy, Presidente del Gobierno, dicen que la Generalitat no destino un euro al referéndum y claro. Así se forman y diagnostican las ulceras de estómago.

Pero sin violencia, violencia hubo eso sí y videos hay cientos para contemplarla, y sin malversación los presos continúan presos y sin poder ser electos pese al dictado del Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Comparto que tanto la jueza Carmen Lamela, Audiencia Nacional, como el juez Pablo Llanera, Tribunal Superior, tienen todo su derecho profesional en creer que sus autos van a misa… pero tampoco estaría nada mal en un auto de fe y humildad al considerar dejar libres a los presos, retirar las ordenes de extradición y que la Justicia, con mayúsculas, ponga a cada uno en su sitio. Esto también facilitaría un gobierno catalán según el voto de los catalanes y un avanzar de todos hacia la normalidad.

Aunque claro igual la justicia alemana tirando de Internet ha comprobado que al menos uno de los 315 casos documentados por la Guardia Civil como violentos el de Sant Esteve de les Roures en el que según los agentes se dieron los actos de mayor violencia no existe. Ni el pueblo, ni la violencia. Aquí lo hizo el historiador Iñaki Egaña y cualquiera podemos hacerlo también. Bueno Baltasar Garzón de manos de la asociación Dignidad y Justicia envió a la policía y la guardia civil a Arralde para impedir un ongi etorri. No busquéis ese pueblo que no existe.

Dejemos Catalunya.

Y hablando de diferencias porque Iñaki Urdangarin está en la calle y cobrando un sueldo del estado con una condena firme de mas de seis años, porque están Rodrigo Rato, Diego Torres… en la calle y otros con condenas poco mas de dos años están en la cárcel. Lo de los recursos al Supremo y demás vuelve a diferenciar a unos y otros. Los que tienen dinero recurren y los que no pues cumplen condena. Al final va a ser verdad lo de los roba gallinas.

En fin que si antes estábamos mal, algunos nacimos en la mitad del siglo pasado, ahora estamos como estamos y vamos a peor según parece. Bueno parece que el Tribunal Constitucional ha fallado obligando al Gobierno a derogar la llamada Ley Mordaza que el Congreso voto allá por el 2016 y este, junto a otras mas de cincuenta votaciones, había dejado en su amplio cajón del despiste. Algo es algo.