Allá por setiembre de 2012 daba comienzo en La Habana un complejo proceso de negociaciones entre representantes del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y delegados miembros de las FARC. Diálogo imprescindible después de 50 años de un durísimo conflicto social-armado.

La mesa de diálogo partía de una agenda común, del compromiso de abordar las causas que originaron y han sustentado el conflicto durante todos estos años. De este modo, la agenda incluía: una política de desarrollo agrario integral, garantías para la participación política, final de conflicto,  solución al problema de las drogas ilícitas, tratamiento de las víctimas y un apartado para la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Temas difíciles de abordar pero imprescindibles para avanzar en  la búsqueda de la paz y para abrir un futuro nuevo en Colombia.

Los representantes de la guerrilla y los delegados gubernamentales compartían un mismo objetivo: conseguir la paz. Sin embargo, la cuestión es ¿cómo entiende cada parte la paz? Santos ha repetido hasta la saciedad: «la paz es la entrega de las armas por parte de la guerrilla». Sin embargo, para la guerrilla, la paz es justicia, democracia, reforma agraria.

Ante dos posiciones tan diversas y alejadas entre sí, muy pocos auguraban éxito a este largo camino emprendido hace ya dos años en La Habana.

El proceso de diálogo no ha estado exento de contradicciones y ha atravesado situaciones muy complejas. Por un lado, están las dificultades objetivas propias de un proceso de estas características. Máxime cuando los avances en la mesa de diálogo no ha llevado al cese de hostilidades sobre el terreno. Por otro, ha existido otro elemento tanto o más distorsionante: el proceso ha contado con poderosos saboteadores externos. El expresidente Alvaro Uribe, los paramilitares y terratenientes inmersos en el negocio de la droga y el agro-negocio –todos ellos más proclives a la guerra que a la paz– no han dudado en embestir contra el proceso de diálogo con el fin de descarrilarlo.

Pese a todo, la mesa de diálogo ha conseguido avanzar en acuerdos muy importantes, ya sea en materia de reparto de tierras, en participación política o en la cuestión de los cultivos que abastecen el mercado mundial del narcotráfico.

Pese a las dificultades, el Gobierno de Santos y la dirección de las FARC tienen claro que el futuro de Colombia pasa por seguir con el diálogo y por conseguir un acuerdo que garantice una paz justa y duradera en el país. Una paz negada a la sociedad colombiana desde hace más de un siglo.

Conscientes de lo que está en juego en las elecciones presidenciales, las FARC-EP y el ELN declararon una tregua unilateral del 20 al 28 de mayo, de cara a la primera vuelta de las presidenciales. Y ello, pese a que en el tramo final de su mandato, el presidente Santos no ha sabido tomar todas las medidas que están en sus manos cara a reforzar el proceso de paz.

Consecuencia de ello, el pasado 25 de mayo Santos quedaba en segunda posición. Óscar Iván Zuluaga, el candidato uribista, y firme partidario de finiquitar la mesa de diálogo de La Habana, ganó en esa primera vuelta electoral con 3.759.971 votos frente a los 3.301.815 votos obtenidos por Santos. Las opciones de izquierda, con Clara López (PDA) y Enrique Peñalosa (Verde) como cabezas de cartel, no alcanzaron los 3.000.000 de votos.

De confirmarse la victoria del candidato de la guerra el 15 de junio, las consecuencias pueden ser nefastas no sólo para el diálogo de paz, sino también para el futuro de Colombia, para los países limítrofes, comprometidos de un modo u otro en procesos transformadores (Brasil, Ecuador y Venezuela) y, por lo tanto, para la integración  latinoamericana.

Hoy, cuando la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) declara a América Latina región de paz, en Colombia se libra una partida entre futuro y pasado, que compromete las esperanzas de estabilidad y desarrollo de la región.

El reto es de tal calibre que ha llevado a los distintos actores colombianos a retratarse con inusitada claridad y a abordar ejercicios de responsabilidad política a la altura del dilema planteado. Se trata de elegir entre retornar a la lógica de la guerra o continuar en una tarea que por inacabada plantea sin dudas interrogantes, como es la construcción de la paz.

Esta últimas semanas estamos asistiendo a constantes movimientos. El sábado 7 de junio se hacia público el acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Los delegados del Gobierno colombiano, con Humberto de la Calle a la cabeza, y la delegación de las FARC, con Iván Márquez al frente, daban a conocer el compromiso por el que se reconoce a todas las víctimas del conflicto, sus derechos y se explicita la responsabilidad de cada parte. Se trata de 10 principios que guiarán la discusión futura sobre el tratamiento a dar a las víctimas del conflicto armado.

El 10 de junio se sumaba un nuevo eslabón en la cadena hacia la paz en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional-ELN y el Gobierno de Santos difundían un comunicado conjunto en el que anunciaban la apertura de una fase exploratoria de contactos de cara a acordar una agenda y el diseño de un proceso «que haga viable el fin del conflicto, y la construcción de la paz estable y duradera para Colombia».

En este contexto, que pone de manifiesto que la paz requiere del esfuerzo de todos, partidos políticos, activistas sociales y destacadas personalidades de la izquierda colombiana han dado un paso más al dar conocer la creación del llamado el Frente Amplio por la Paz.

La iniciativa se ha forjado por impulso del Movimiento Progresista del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Entre los participantes cabe citar a Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático, a la congresista del Partido Verde, Ángela María Robledo o la exsenadora Piedad Cordoba.

El Frente Amplio por la Paz está integrado por el Polo Democrático, Unión Patriótica (UP), Marcha Patriótica, Poder Ciudadano, Alianza Verde, Progresistas, La Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), las Mujeres por la Paz... Con este Frente Amplio, además de proteger el proceso de paz, se busca profundizar en las reformas sociales del país.

Desde la convicción de que la búsqueda de la paz es un combate revolucionario, tanto en Euskal Herria como en Colombia, Sortu expresa su más firme apoyo al compromiso alcanzado por las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierdas de este país latinoamericano para hacer posible que este 15 de junio la apuesta de la paz salga reforzada en Colombia.