Los recortes que se aplican cada Navidad no son puntuales ni excepcionales. Se repiten año tras año, también en Semana Santa y verano, durante cinco meses. Son recortes estructurales y responden a una política sostenida de desmantelamiento sobre todo de la Atención Primaria, pilar del sistema sanitario público.

Este año, el consejero de salud ha optado por esconderlos bajo eufemismos como «plan de contingencia» o «reorganización de servicios». Pero la realidad que vive la ciudadanía es conocida: reducciones de horarios, cierres de centros, turnos sin médico o atendidos con médicos residentes y falta de personal, especialmente en medicina de familia y pediatría. Las consecuencias son claras: aumento de listas de espera, menor atención sanitaria y urgencias colapsadas. No es casual que las enfermedades infecciosas agudas se atiendan cada vez más en los hospitales en lugar de realizarse en Atención Primaria. Una mejor dotación de los Puntos de Atención Continuada (PAC) evitaría este tensionamiento.

A este deterioro se suma una alarmante falta de transparencia. Información escasa, imprecisa y basada en porcentajes que no detallan los recursos reales disponibles.  No es casual. Responde a un cambio en la estrategia del consejero para dejar de rendir cuentas sobre el impacto de los recortes y desplazar el foco mediático hacia grandes promesas, anuncios millonarios y OPEs irreales; sin concreciones, plazos ni presupuestos claros. Mucho titular y pocas nueces.
Así intenta tapar un deterioro de la sanidad pública que empuja a cada vez más personas hacia la sanidad privada. Hoy, el 33% de la población vasca ya tiene un seguro médico, un 56% más que hace seis años. Un negocio lucrativo, donde, no por casualidad, recalan ex altos-cargos del  Departamento de Salud y de Osakidetza.

Se intenta imponer un relato de normalidad que se desmorona al mínimo contraste con la realidad cotidiana. Así
    
1. Se presentan las infraestructuras como la gran solución, cuando el principal problema no son los edificios, sino la falta de personal para atenderlos. La supuesta “inversión histórica” de 1.600 millones de euros para ocho años, equivale a unos 220 millones anuales, muy similar a las de ejercicios anteriores. 

El reparto de dicha inversión es revelador, solo 200 millones para Atención Primaria, consolidando un modelo hospitalocéntrico, basado en la enfermedad, en detrimento de la prevención y promoción de la salud. Además, el 67% de estas inversiones se realizarán entre 2028-2032.

Así, necesidades urgentes como el nuevo centro de salud en los barrios del sur de Gasteiz se aplazan, como mínimo, hasta 2031. Un retraso injustificable que agrava las desigualdades entre comarcas.
    
2. Para 2026 se anuncia una OPE de 5.425 plazas, de las que el consejero asegura que 2.160  son de nueva creación.  Afirma que traerá más profesionales, más estabilidad. No es cierto. Ninguna de esas supuestas nuevas plazas lo es realmente: 240 corresponden al personal subrogado por la integración del Oncológico.  Otras 1.920 son plazas sin código (imprescindibles y cubiertas desde hace años por personal temporal pero no reconocidas como estructurales). El resto son estructurales cubiertas por eventuales.

La tasa de temporalidad seguirá disparada, muy lejos del 8% que exige la Unión Europea. La lentitud en la resolución de las OPEs, la reducida tasa de reposición aplicada, el elevado número de personas que se jubilan en la actualidad y la negativa de Osakidetza a codificar otras 1.463 plazas mantienen la temporalidad como norma.

Además, el fracaso de la OPE para puestos de difícil cobertura, es un ejemplo evidente de mala gestión. Osakidetza no ha sabido retener al 45% de quienes obtuvieron plaza. Sin condiciones laborales dignas, muchas personas han optado por dejarla en excedencia. 
    
3. La creación de algunas plazas de Psicología en Atención Primaria, es insuficiente y no responde a un estudio riguroso de necesidades. No han contado con la opinión de los trabajadores/as de salud mental ni de los pacientes. Además, se crearon sin la formación legal requerida, lo que está provocando la presentación de recursos legales en los juzgados.

A ello se suma la propuesta de situar la salud mental bajo el control de las OSIs,  generando malestar entre el personal del sistema de salud mental, ante el temor a una detracción de recursos (económicos y de personal) en favor de los hospitales que debilite aún más la atención comunitaria, la calidad y la accesibilidad. 

4. El consejero insiste en que el presupuesto destinado a los centros privados es del 5,6%, obviando que otros 250 millones se destinan a servicios privatizados: cocinas, limpieza, seguridad, informática, lavandería, transporte sanitario, consultorías…. En total, la privatización alcanza el 11%.
    
5. Se anuncia un hospital no comarcal en Tolosa, rechazando la publificación de la Clínica de la Asunción, pese a su amplio respaldo social, lo que retrasaría seis años una solución definitiva. Sin plan funcional ni garantías, se teme un Centro de Alta Resolución que actuaría como una extensión del Hospital de Donostia y que ampliaría sus servicios al conjunto de la ciudadanía de Gipuzkoa.

Exigimos compromisos firmes que garanticen una atención comarcal equiparable al resto de hospitales públicos comarcales y el fin de la discriminación histórica de Tolosaldea.
    
6. Resulta llamativo que, mientras el consejero defiende públicamente un giro hacia un modelo basado en la prevención, la promoción de la salud y los determinantes sociales, frente a un sistema centrado en la enfermedad, los presupuestos relegan la Salud Pública al 1,5% del gasto sanitario global y mantienen la Atención Primaria en torno al 14,2%, muy lejos del 25% mínimo recomendado.

Pese a su fracaso, se mantienen los planes estratégicos en Atención Primaria y se vuelve a recurrir a las horas extra para cubrir los centros con más esperas. Esta fórmula, vieja e ineficaz, debilita la longitudinalidad de la atención en lugar de apostar por plantillas suficientes y condiciones laborales dignas que frenen la precarización.
    
7. Nos preocupa la inversión de 100 millones en Transformación y Salud digital, sin garantías suficientes que eviten que los datos de los y las pacientes terminen en manos de aseguradoras y otras empresas privadas.

En definitiva, Sr. Consejero, la sanidad pública no necesita propaganda, sino hechos que corrijan una preocupante situación que, a día de hoy, sigue siendo en lo esencial la misma que cuando Ud. tomó posesión de su cargo. Ante esta inacción, solo la movilización social podrá forzar las soluciones que siguen sin llegar.