Amaia deja a sus hijos con la amona en Egia y se dirige, como todos los lunes, a la calle Isabel Segunda en Amara. Allí le espera Juani a las 8.00 porque necesita apoyo para levantarse, hacer las tareas de casa y para su aseo personal. Dos horas después Amaia sale deprisa de casa de Juani, Paco le espera en la avenida de Madrid para ayudarle con las tareas de casa y la comida. Tras una hora y media con él, camina durante 30 minutos hasta un domicilio de San Juan de Dios. Allí Santi y Charo esperan para que les ayude a hacer algunos recados y la limpieza. Tras dos horas, le esperan otros 30 minutos a pie para ir a la última familia del día en Riberas de Loiola, con la que pasará una hora. El día se hace largo y llega cansada a recoger a sus hijos del colegio. Ha estado trabajando nueve horas, de las que cobrará 6 y media. El tiempo que ha tardado de un domicilio a otro corre a su cargo y no cuenta como parte de la jornada laboral. Hechos reales.

Como ella, unas 400 mujeres denuncian esta situación de precariedad laboral desde hace una semana frente a las puertas del Ayuntamiento de Donostia. Anuncian una huelga indefinida a partir del 22 de octubre si no se llega antes a un acuerdo, con las consecuencias que eso generará en las 1.500 familias donostiarras que reciben este servicio a diario. Las hemos visto y escuchado también en las calles de la ciudad durante este Zinemaldia, dejando ver que debajo de las alfombras rojas que cubren estos días la ciudad hay realidades con menos brillo que requieren responsabilidad política y decisiones de calado.

La demanda de estas profesionales, que facilitan que las personas mayores y dependientes de la ciudad permanezcan en sus domicilios, es de sentido común: que el tiempo que tardan en desplazarse de un domicilio a otro durante la jornada laboral sea considerado como tiempo de trabajo. Tras meses de negociación sin acuerdo, las auxiliares han propuesto que, aunque sea, 10 minutos de cada desplazamiento se incluyan en la jornada laboral (como es el caso de las auxiliares a domicilio de Gasteiz) y también han recibido la negativa por respuesta.

En 2017 una sentencia del Tribunal Supremo daba al colectivo la razón señalando que: «el tiempo que se invierte por la trabajadora en desplazarse de un domicilio del usuario a otro, es tiempo de trabajo». A su vez, el Convenio Marco Estatal de la Dependencia también establece en su artículo 37.2 que «tendrán la consideración de trabajo efectivo tanto las horas que se dediquen a la asistencia en el domicilio de la persona usuaria como las empleadas en desplazamientos entre servicios realizados consecutivamente, así como las que se dediquen a funciones de coordinación y control».

Pese a ello, las administraciones públicas se lavan las manos a la hora de negociar cláusulas como las que reclaman las trabajadoras de Donostia. Pero la situación de las auxiliares a domicilio de la ciudad nos lleva a una reflexión y un debate mucho más profundo que escapa a lo local: hablamos de un sector de cuidados precarizado y feminizado que se encuentra en tierra de nadie, entre administraciones que licitan los servicios de cuidados sin hacer el debido seguimiento y empresas que priorizan el beneficio frente a la mejora laboral. Hablamos de la utopía de la conciliación laboral para mujeres con hijos a cargo. Hablamos de un modelo de cuidado privatizado para las personas mayores y dependientes. Y, sobre todo, hablamos del modelo de ciudad y de cuidados que estamos construyendo.

En este contexto no es casual que las trabajadoras de las residencias de personas mayores de Gipuzkoa hayan anunciado 17 jornadas de huelga, a partir del 28 de setiembre, para exigir una negociación real. Y es que, ya han pasado casi 22 meses desde que se iniciara el proceso de negociación para acordar un nuevo convenio de residencias de Gipuzkoa, así como la renovación simultánea de los convenios colectivos de empresa ya existentes.

Los partidos que gobiernan en Diputación, PNV y el Partido Socialista, se defienden diciendo que el modelo de cuidados actual es insostenible y proponen congelar los salarios, renegociar a la baja los derechos sociales, homologar todas las condiciones y volver al punto de partida del 2005-2008. Y en el caso del Servicio de Ayuda Domiciliaria de Donostia siguen esta lógica al pie de la letra cuando argumentan que incluir los desplazamientos de un domicilio a otro encarecería mucho el servicio.

Y me pregunto, conociendo de cerca la dura y necesaria labor de las profesionales que cuidan de nuestros mayores, si somos las mujeres las que, una vez más, tenemos que asumir la carga de la supuesta «insostenibilidad», para que luego sean ellos (porque en la mayoría de los casos son empresarios en masculino) los que se beneficien de nuestra precariedad y nuestra labor de cuidado.

Las instituciones deben tomar partido. Cuidar a las personas que cuidan es responsabilidad también, en este caso, del Gobierno municipal de Donostia. Eneko Goia y Ernesto Gasco no pueden dejar pasar la oportunidad de ponerse del lado de las que luchan día a día para acabar con la precariedad laboral feminizada en esta ciudad. Verdaderas actrices protagonistas del bienestar y la calidad de vida de las y los donostiarras.